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La figura de la virgen María Auxiliadora fue retirada definitivamente de la institución educativa Rodrigo Arenas Betancur, un colegio público del norte de Medellín. Esa fue la decisión de las directivas, tras recibir y analizar un derecho de petición anónimo, apoyado por la Fundación Humanistas Seculares de Bogotá, que buscó la garantía del derecho a la libertad de cultos y de conciencia.
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El expediente comenzó el pasado 4 de marzo, cuando a las directivas del colegio llegó la petición de responder por qué estaba la estatua de la virgen en la institución, teniendo en cuenta que es pública y Colombia es un Estado laico. Según la petición, María Auxiliadora es una "advocación de la virgen María exclusiva del credo católico y rechazada por corrientes cristianas evangélicas o protestantes, lo mismo que por personas no creyentes“.
Asimismo, la petición establecía que la estatua representa los dogmas religiosos de un credo específico, convirtiéndose, señalan los quejosos, en una acción de proselitismo y adoctrinamiento a favor del catolicismo. De esta manera el colegio estaría vulnerando la sentencia C-088 de 2022 de la Corte Constitucional, que protegió el principio de neutralidad religiosa y laicidad estatal en las instituciones públicas colombianas.
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La petición fue respondida el pasado 27 de marzo por el rector y también docente Víctor Julián López. En principio, el funcionario señaló que la virgen de María Auxiliadora estaba allí desde el momento en que se construyó el colegio, cuando era de cobertura y lo manejaba una comunidad religiosa. Y que permaneció en uno de los jardines, pues a la fecha no se había recibido ninguna queja, solicitud o demás proceso relacionado con el retiro de la misma imagen.
“Desde la institución educativa, por mandato constitucional y legal, siempre se ha garantizado y respetado el principio de laicidad, libertad de cultos, libertad de creencias, de cada uno de los estudiantes y demás miembros de la comunidad educativa“, se lee en la respuesta. En los anexos, el rector López envió las fotos que constatan el retiro de la virgen María Auxiliadora.
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El Espectador logró contactar a la persona peticionaria, quien solicitó la reserva de su nombre. Explicó en entrevista que la presencia de símbolos religiosos en espacios educativos públicos resulta problemática, ya que sugeriría una preferencia institucional hacia una religión específica. Que esto podría generar en niños, niñas y adolescentes la percepción de que la religión católica es la única válida. En definitiva, que rompe con la necesaria separación entre Iglesia y Estado.
"Es fundamental que niños, niñas y adolescentes tengan la posibilidad de elegir libremente en qué creer, sin que se les imponga una doctrina. La educación religiosa debe ofrecer un abanico amplio de opciones, que responda a la diversidad espiritual de la humanidad. En ese sentido, invito a todas las instituciones —públicas o privadas— que actualmente promueven un único credo, ya sea mediante símbolos o mediante contenidos curriculares limitados, a revisar sus prácticas, sus directrices y su apego a la Constitución“, explicó.
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Por su parte, Diego Vargas Aguilar representante de la Asociación de Ateos de Bogotá, agregó que si bien la laicidad del Estado no es un derecho fundamental, sí ha sido reconocida como un derecho que debe ser protegido. Prueba de ello es el expediente de tutela resuelto en 2021 que le impidió a la Policía Nacional comprar hasta $26 millones en biblias católicas y que fue promovido por esta oenegé.
"La presencia de símbolos religiosos en espacios públicos, como el crucifijo en la Corte Constitucional que fue retirado el año pasado o la imagen de María Auxiliadora en el colegio de Medellín, es significativa. Estos símbolos no solo representan una creencia religiosa, sino que también implican que la institución que los exhibe comparte los valores de esa religión, valores que no necesariamente encajan con los Derechos Humanos. Como personas humanistas seculares, discrepamos de muchas doctrinas y posturas del cristianismo o de la Iglesia Católica“, explicó Vargas Aguilar.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhoan Sebastian Cote
