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En el orden del día de hoy de la Sala Plena de la Corte Constitucional hay programado un expediente que, sin quererlo, tiene toda la relevancia para la coyuntura política y judicial del momento. Hasta esa instancia judicial llegó una tutela que puso el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, en la que insistió en algo que ha dicho hasta el cansancio: que ya cumplió su pena en Estados Unidos y, si regresa a Colombia, tiene que quedar en libertad. Hasta ahora, ninguna instancia le ha dicho que sí, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia que estudió su caso el año pasado y confirmó que el exparamilitar sí debe quedar preso si pisa territorio colombiano. Sin embargo, la ponencia que estudiarán hoy los magistrados trae noticias de que podría cambiar esta historia.
El Espectador conoció que el proyecto de fallo está parcialmente de acuerdo con la petición de Salvatore Mancuso: no hay ninguna razón que le impida quedar en libertad una vez vuelva a Colombia. El estudio de esta ponencia llega en un momento crucial para el futuro del hombre que fue mano derecha de Carlos Castaño en la expansión de su proyecto paramilitar. El pasado 23 de julio, el presidente Gustavo Petro lo nombró gestor de paz y ayer se supo que el Gobierno ya activó todos los mecanismos diplomáticos para concretar su extradición a Colombia desde Estados Unidos, donde está preso hace casi 15 años. Una petición que lleva al menos tres años en vilo por cuenta de decisiones internas y de autoridades estadounidenses que han impedido su regreso.
(En contexto: Gobierno activa mecanismos para que Salvatore Mancuso sea extraditado a Colombia)
La decisión de Petro no se escapó de la polémica, y una de las preguntas que surgió es si entonces Mancuso debe quedar en libertad con su nuevo papel de gestor de paz. Las instancias judiciales que han investigado al exparamilitar volvieron a dar su no rotundo a la posibilidad de que quede libre, especialmente porque, aunque ya cumplió su pena en Estados Unidos, todavía le hace falta responder por un proceso de lavado de activos. No obstante, la ponencia plantea otra alternativa. Según el documento, el argumento bajo el cual la justicia le ha dicho a Mancuso que no puede volver a la libertad va en contra de su derecho al debido proceso. Lo que plantea el documento es que, así exista un proceso en su contra sin resolver, eso no significa que un juez pueda mantenerlo indefinidamente privado de su libertad.
El caso tiene sus particularidades que fueron abordadas con filigrana en la ponencia, que incluye una revisión con lupa de las sanciones del sistema de Justicia y Paz, al que Mancuso se postuló luego de su desmovilización el 10 de diciembre de 2004. Asimismo, el documento recopiló una a una las decisiones anteriores del caso que ha levantado críticas. Lo que concluye la ponencia es que todo el problema radica en que el exjefe paramilitar fue imputado el 14 de junio de 2014 por el delito de lavado de activos, por hechos al parecer ocurridos después de su dejación de armas. Pero desde ese momento la investigación no ha tenido ningún avance. Con otro detalle clave: cuando la Fiscalía imputó cargos, no pidió una medida de aseguramiento contra Mancuso, pues seguía preso en Estados Unidos.
(Lea también: Petro nombra al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz)
Ese error lo remendó la Fiscalía al poco tiempo, cuando se dio cuenta de que el exparamilitar podía volver al país. Sin embargo, el meollo siguió siendo el mismo: desde la imputación, que ocurrió hace nueve años, no ha sucedido nada dentro del expediente. Por eso, la ponencia señala que una medida de aseguramiento impuesta a una persona sometida a un proceso penal no puede perdurar de manera indefinida. Además, el proyecto de fallo explica que esas órdenes de privar a una persona de su libertad tienen límites, deben ser razonable y tener en cuenta la presunción de inocencia. Y dado que Mancuso lleva nueve años vinculado a este proceso, sin que haya ocurrido nada, la ponencia considera que debería quedar libre.
Por eso la orden que propone el proyecto de fallo es que se anulen las decisiones que han impedido que el exjefe paramilitar vuelva al país y quede libre porque, de lo contrario, se le estaría violando su derecho al debido proceso. Si la propuesta de la ponencia prospera, la Corte Constitucional tumbaría decisiones no solo de Justicia y Paz, sino de la Corte Suprema de Justicia. El asunto no es menor, pues el documento incluye un jalón de orejas al otro alto tribunal que, según la ponencia, habría cometido un error grave en asuntos penales: no respetar la presunción de inocencia del exparamilitar y habría mantenido la orden de captura acudiendo a argumentos basados en altas probabilidades sobre la comisión del delito, olvidando que, de ninguna manera, se equiparan a una condena.
(En contexto: La Corte Suprema entra al enredo por la extradición de Salvatore Mancuso)
Si la ponencia queda tal cual está escrita, la Corte le despejaría el camino de regreso a Mancuso y, de paso, al Gobierno que insiste en que debe ser gestor de paz. Pero sus planes son otros. El exjefe paramilitar, que estuvo detrás de por lo menos 300 muertes y participó en masacres como la de Mapiripán, El Salado o La Gabarra, donde fueron asesinados más de 150 campesinos, ha dicho abiertamente que lo que quiere es irse a Italia, país donde tiene ciudadanía, y no regresar a Colombia, donde lo espera el proceso de lavado de activos y darles la cara a cientos de víctimas. Su posible deportación a Europa no está descartada, pues desde hace dos años se lo pidió a las autoridades de Estados Unidos, que por ahora tienen la última palabra de a dónde debe ser enviado el exparamilitar.
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