La militarización de Santa Marta fue la respuesta del presidente Abelardo de la Espriella a la crisis de orden público desatada en la capital del Magdalena. Desde la noche del 21 de septiembre, día en que murió en un operativo policial José Luis Pérez Villanueva, alias “Cholo”, señalado como el segundo comandante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), este grupo criminal anunció en represalia un paro armado en la ciudad y la Troncal del Caribe. Aunque el Gobierno ha intentado mostrar que la situación está controlada con la llegada de 1.100 uniformados a la región y la captura de nueve presuntos integrantes de las ACSN, las calles vacías muestran otra realidad.
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Las imágenes difundidas en redes sociales dejan ver una Santa Marta con comercio cerrado, clases suspendidas y sin circulación de transporte público por temor a que los vehículos terminen siendo incendiados por miembros de esa estructura ilegal. Incluso, el sometimiento armado ha llegado a niveles de presuntos casos de reclutamiento. Así lo denunció Norma Vera Salazar, defensora de derechos humanos e investigadora del conflicto en Santa Marta, a El Espectador. “Ciudadanos me informaron que el 22 de septiembre, en el barrio Ciudad Equidad, una camioneta de las ACSN se llevó a dos menores de 14 años. En el barrio Alfonso López también se dio el reclutamiento de un joven de 18 años y uno de 17”, dijo.
Aunque Vera resalta que los casos de reclutamiento son una constante en el territorio, la situación ha despertado especial temor entre los habitantes que están a merced de las ACSN bajo el paro armado. A esta situación se unen las pérdidas millonarias que ha dejado el cierre de negocios. “La Cámara de Comercio reporta una pérdida entre COP 40 y 45.000 millones en Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera. La entidad manifiesta la preocupación porque el día de ayer se cerró completamente la ciudad. Desde el tiempo del paramilitarismo, con el control de Hernán Giraldo Serna, no había un cierre absoluto de las actividades económicas como se dio completamente en la ciudad el día de ayer”, resaltó la investigadora a este diario.
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De acuerdo con la defensora, la principal afectación se está dando en las periferias de la ciudad: “Si bien es cierto que se desplegó un operativo policial con presencia en las calles, dicho despliegue solo pasó por las zonas centrales de Santa Marta. La periferia quedó a merced de un grupo armado que tiene alta gobernanza establecida y, sobre todo, una gran presencia en zonas rurales”. Esta denuncia se une a las del Cabildo Arhuaco del Magdalena y La Guajira, cuyos integrantes pidieron medidas de protección al Estado luego de que las comunidades indígenas quedaran en medio del operativo policial en el que murió alias “Cholo”, en el sector de Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca, en zona rural de Santa Marta.
En el casco urbano los habitantes han visto el sobrevuelo de aviones Kfir como parte de las medidas de militarización. Este diario consultó con el Ministerio de Defensa con qué fin se están usando las aeronaves y cuántas estarían en la región, pero la cartera se limitó a decir que se encuentran “netamente para disuasión”, sin dar más detalles por “motivos de seguridad nacional”. Para Luis Fernando Trejos, profesor e investigador de la Universidad del Norte, el uso de los Kfir sería para hacer seguimiento en las partes medias y altas de la Sierra Nevada, lugar donde, según versiones no oficiales, habría escapado herido alias “Pinocho”, señalado como el máximo jefe y financiador de las ACSN.
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Sin embargo, la presencia de estas capacidades del Estado no ha sido suficiente para que los samarios vuelvan a salir sin temor a las calles. De acuerdo con Lerber Dimas Vásquez, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, “aunque hay patrullaje de uniformados, esto no ha sido efectivo para recuperar el orden público porque ya completamos dos días de parálisis total”. El defensor señaló que “el mecanismo de coerción de las ACSN es tan fuerte que, aunque el mismo presidente De la Espriella recorriera las calles pidiendo que salgan de las casas, la gente ha hecho caso omiso porque, una vez se vayan las autoridades, seguirán a merced del grupo”.
Otra preocupación que resalta Vásquez es la falta de un plan de prevención del Estado ante las represalias que tendría un operativo de este nivel contra las ACSN. “Ni el Gobierno Nacional ni departamental tenían prevista alguna estrategia de protección a las comunidades, aun sabiendo que estas alteraciones ya habían pasado en operativos anteriores”, advirtió Vásquez. En esa línea, agregó que la decisión de militarizar la ciudad “sirve unos cuantos días para contener un poco la situación, pero al mismo tiempo está generando una percepción de inseguridad enorme para visitantes, siendo Santa Marta una ciudad de potencial turístico enorme. Esto genera un problema muy grave para el comercio que debe ser resuelto”.
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Ante una ciudad que, de acuerdo con Dimas Vásquez, hoy se encuentra “arrodillada por la violencia”, el defensor hace un llamado al Gobierno a priorizar otras acciones relacionadas con el diálogo y con la pacificación del territorio, “porque las medidas meramente militares no han sido funcionales”. El investigador advirtió que, aunque “está bien que el Gobierno tenga ‘mano dura’ con los grupos armados, el conflicto en la Sierra Nevada, que lleva más de 60 años, es bastante complejo y no se puede resolver exclusivamente a punta de bala. Esta violencia también se sostiene en la legitimidad social de las ACSN y la extorsión que ejercen en el territorio. Es una realidad que no se puede desconocer”.
Mientras De la Espriella promete mantener la presencia de la fuerza pública en Santa Marta y atacar a los criminales, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra amenazan y violentan a las comunidades. Los habitantes de la capital del Magdalena siguen en la zozobra de ver sus calles vacías y sumidas en el miedo, mientras se mantienen temerosos por las represalias que ese grupo armado pueda ejercer cuando la presión militar baje.
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