Se debe garantizar a las periodistas un trabajo libre de acoso: juez de Corte IDH
La Corte IDH encontró a Colombia responsable por la tortura y violencia sexual sufrida hace dos décadas por la periodista Jineth Bedoya. El juez Ricardo Pérez Manrique dejó constancia de que el país debe proteger a mujeres que trabajan con dificultades adicionales: acoso moral, psicológico y sexual.
Cuando el periodista Jorge Cardona, editor general de El Espectador, entregó su testimonio en las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso el caso Jineth Bedoya vs Colombia, explicó que definitivamente “no es fácil la libertad de expresión en este país”. El juez Ricardo Pérez Manrique, miembro del organismo interamericano, cree eso y, además, dejó claro que las mujeres periodistas tienen obstáculos diferenciados en razón a su género: sufren de acoso moral, psicológico y sexual.
En contexto: Colombia es responsable del secuestro y tortura de Jineth Bedoya: Corte IDH
El pasado 18 de octubre, la Corte IDH declaró responsable a Colombia por violar los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra y libertad de expresión de Jineth Bedoya, quien el 25 de mayo de 2000 fue secuestrada, torturada y violentada sexualmente por paramilitares, al parecer con ayuda de agentes del Estado. Bedoya investigaba para este diario la complicidad de funcionarios públicos con paramilitares, sin embargo, no contó con las garantías de un Estado que permitió su flagelo y cuya investigación judicial ha sido precaria.
En la sentencia con la cual Colombia fue declarada responsable por el caso de Bedoya, el juez Ricardo Pérez Manrique dejó un voto diferencial a los argumentos generales del documento, que entre otras conclusiones recomendó al Estado financiar el proyecto de derechos humanos y de libertad de prensa de la periodista “No es hora de callar”. Pérez Manrique analizó el derecho a la libertad de expresión de Bedoya en concreto cómo mujer periodista.
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“Considero que resulta necesaria la definición de pautas claras y estándares internacionales precisos para la investigación de estos delitos contra mujeres periodistas víctimas en lo que refiere al ejercicio de su libertad de expresión”, explicó el togado. Dejó la constancia de que las mujeres periodistas sufren un efecto intimidador y amedrentador a raíz de las amenazas constantes que sufren, en razón a su género. Según el informe “Violencia de género en contra de las mujeres periodistas en Colombia”, de “No es Hora de Callar”, seis de cada 10 mujeres periodistas han vivido alguna situación de violencia de género.
“La necesidad de un abordaje de la problemática con perspectiva de género es imprescindible. Claramente la señora Bedoya en su declaración afirma que estos temas deben ‘ser revisados con perspectiva de género. A las mujeres se las señala y se las intimida no por ser periodistas, sino por ser mujeres. Si el 25 de mayo no hubiera sido Jineth Bedoya sino Pedro Pérez, me hubieran enviado un sicario, pero como fui Jineth me torturaron y me violaron. No nos pueden seguir castigando’”, agregó Pérez Manrique en su voto.
Lea también: “Se cumplirá en su totalidad”: presidente Duque sobre fallo del caso Jineth Bedoya
El juez citó el peritaje de la abogada criminal experta en temas internacionales Viseurs Sellers, quien sostiene que los actos de violencia contra las mujeres periodistas no son incidentes aislados. La violencia de género, según Sellers, es muestra de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres arraigado en estereotipos de inferioridad femenina. Concluye que las mujeres periodistas en América Latina ya se enfrentan a obstáculos propios de la región, no obstante, aparte son víctimas de la desigualdad de género.
Asimismo, para Pérez Manrique no solo es necesario brindar un esquema de seguridad a las mujeres periodistas en Colombia, si no crear un marco legal enfocado en la prevención, protección y sanción. El togado agregó que en el país no existe un sistema adecuado de registro de denuncias e investigaciones, por lo cual es urgente que el Estado implemente mejores mecanismos para penalizar delitos contra periodistas y, además, identificar la participación de funcionarios públicos.
Lea: El rol del Estado y otras claves del fallo de la Corte IDH sobre Jineth Bedoya
“El Estado tiene el deber de garantizar el ejercicio de un periodismo libre, independiente y plural, lo que incluye la posibilidad de realizar la labor periodística en seguridad y, en el caso de las mujeres periodistas, garantizar su ejercicio profesional libres de acoso moral, psicológico y sexual y de la violencia sexual”, concluyó Pérez Manrique. Denunció que Jineth Bedoya fue revictimizada a través de múltiples interrogatorios, lo cual demuestra la violencia institucional por parte del Estado. La Fiscalía recaudó su testimonio un total de 12 veces.
Incluso, en el expediente se tiene que Bedoya entregó su versión dos veces, una vez terminó su tortura, el mismo 26 de mayo de 2000, día en que los paramilitares la abandonaron cerca de Villavicencio. La Fiscalía siguió escarbando en el tema hasta una década después. Ahora, el Estado está obligado, además, a crear un centro de memoria para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado e impulsar las investigaciones judiciales para establecer quienes deben pagar por el ataque a la defensora de derechos humanos y una de las más respetables periodistas del país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Cuando el periodista Jorge Cardona, editor general de El Espectador, entregó su testimonio en las audiencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso el caso Jineth Bedoya vs Colombia, explicó que definitivamente “no es fácil la libertad de expresión en este país”. El juez Ricardo Pérez Manrique, miembro del organismo interamericano, cree eso y, además, dejó claro que las mujeres periodistas tienen obstáculos diferenciados en razón a su género: sufren de acoso moral, psicológico y sexual.
En contexto: Colombia es responsable del secuestro y tortura de Jineth Bedoya: Corte IDH
El pasado 18 de octubre, la Corte IDH declaró responsable a Colombia por violar los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra y libertad de expresión de Jineth Bedoya, quien el 25 de mayo de 2000 fue secuestrada, torturada y violentada sexualmente por paramilitares, al parecer con ayuda de agentes del Estado. Bedoya investigaba para este diario la complicidad de funcionarios públicos con paramilitares, sin embargo, no contó con las garantías de un Estado que permitió su flagelo y cuya investigación judicial ha sido precaria.
En la sentencia con la cual Colombia fue declarada responsable por el caso de Bedoya, el juez Ricardo Pérez Manrique dejó un voto diferencial a los argumentos generales del documento, que entre otras conclusiones recomendó al Estado financiar el proyecto de derechos humanos y de libertad de prensa de la periodista “No es hora de callar”. Pérez Manrique analizó el derecho a la libertad de expresión de Bedoya en concreto cómo mujer periodista.
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“Considero que resulta necesaria la definición de pautas claras y estándares internacionales precisos para la investigación de estos delitos contra mujeres periodistas víctimas en lo que refiere al ejercicio de su libertad de expresión”, explicó el togado. Dejó la constancia de que las mujeres periodistas sufren un efecto intimidador y amedrentador a raíz de las amenazas constantes que sufren, en razón a su género. Según el informe “Violencia de género en contra de las mujeres periodistas en Colombia”, de “No es Hora de Callar”, seis de cada 10 mujeres periodistas han vivido alguna situación de violencia de género.
“La necesidad de un abordaje de la problemática con perspectiva de género es imprescindible. Claramente la señora Bedoya en su declaración afirma que estos temas deben ‘ser revisados con perspectiva de género. A las mujeres se las señala y se las intimida no por ser periodistas, sino por ser mujeres. Si el 25 de mayo no hubiera sido Jineth Bedoya sino Pedro Pérez, me hubieran enviado un sicario, pero como fui Jineth me torturaron y me violaron. No nos pueden seguir castigando’”, agregó Pérez Manrique en su voto.
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El juez citó el peritaje de la abogada criminal experta en temas internacionales Viseurs Sellers, quien sostiene que los actos de violencia contra las mujeres periodistas no son incidentes aislados. La violencia de género, según Sellers, es muestra de un patrón de discriminación estructural contra las mujeres arraigado en estereotipos de inferioridad femenina. Concluye que las mujeres periodistas en América Latina ya se enfrentan a obstáculos propios de la región, no obstante, aparte son víctimas de la desigualdad de género.
Asimismo, para Pérez Manrique no solo es necesario brindar un esquema de seguridad a las mujeres periodistas en Colombia, si no crear un marco legal enfocado en la prevención, protección y sanción. El togado agregó que en el país no existe un sistema adecuado de registro de denuncias e investigaciones, por lo cual es urgente que el Estado implemente mejores mecanismos para penalizar delitos contra periodistas y, además, identificar la participación de funcionarios públicos.
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“El Estado tiene el deber de garantizar el ejercicio de un periodismo libre, independiente y plural, lo que incluye la posibilidad de realizar la labor periodística en seguridad y, en el caso de las mujeres periodistas, garantizar su ejercicio profesional libres de acoso moral, psicológico y sexual y de la violencia sexual”, concluyó Pérez Manrique. Denunció que Jineth Bedoya fue revictimizada a través de múltiples interrogatorios, lo cual demuestra la violencia institucional por parte del Estado. La Fiscalía recaudó su testimonio un total de 12 veces.
Incluso, en el expediente se tiene que Bedoya entregó su versión dos veces, una vez terminó su tortura, el mismo 26 de mayo de 2000, día en que los paramilitares la abandonaron cerca de Villavicencio. La Fiscalía siguió escarbando en el tema hasta una década después. Ahora, el Estado está obligado, además, a crear un centro de memoria para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado e impulsar las investigaciones judiciales para establecer quienes deben pagar por el ataque a la defensora de derechos humanos y una de las más respetables periodistas del país.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.