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23 May 2022 - 6:58 p. m.

Se reanuda la discusión de la reforma a la justicia en la Corte Constitucional

Gracias a que a la magistrada Natalia Ángel Cabo le fue negada su inhabilidad como ponente de la reforma a la justicia, la discusión se reanuda en el alto tribunal. La magistrada se declaró inhabilitada por haber dado su opinión sobre la ley ya tramitada en el Congreso. La inhabilidad fue negada por la Sala Plena de la Corte.
Se reanuda la discusión de la reforma a la justicia en la Corte Constitucional
Se reanuda la discusión de la reforma a la justicia en la Corte Constitucional

La Sala Plena de la Corte Constitucional le negó la inhabilidad a la magistrada Natalia Ángel Cabo como ponente de la ley de la reforma a la justicia, aprobada por el congreso en el año 2021, esta decisión permitirá continuar con la discusión en la corte. Esta reforma corresponde a una ley estatutaria que necesita de sanción de la alta corte para convertirse en ley.

La magistrada Ángel Cabo entró a reemplazar al magistrado Alberto Rojas, quien tenía en sus manos este caso. Rojas finalizó su periodo en febrero de este año, por lo que el caso pasó al despacho de esta magistrada.

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La reforma pretende, entre otras cosas, agilizar el acceso a la justicia de los ciudadanos. Además, busca la digitalización de la justicia para permitir un acceso más rápido a los expedientes judiciales. Esta reforma se haría a la ley 270 de 1996. Según el Ministerio de Justicia, la reforma es necesaria porque “se presenta un déficit en la atención de procesos judiciales que ha hecho ver a la justicia como tardía e ineficaz”.

La magistrada opinó sobre el artículo 2 del proyecto, particularmente sobre el tema de los criterios que deben orientar la determinación sobre la oferta de justicia en los municipios. La magistrada se pronunció a través de un informe publicado por la Corporación Excelencia en la Justicia.

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En este tema, la reforma propone como mínimo una oficina de la Defensoría del Pueblo en cada municipio, con presencia de al menos un defensor municipal y uno público. También se garantizará que en las oficinas de atención no se niegue la recepción de querellas o denuncias, ni limitar su radicación por cambios de turno de los funcionarios. Al ser negado su impedimento, la discusión de esta ley estatutaria se reactiva en la corte.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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