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En las décadas de los 70 y 80, Atlético Nacional apostó su proyecto deportivo a una sola idea: conformar un equipo de puros criollos. La dirección del club buscó privilegiar el talento local, hasta alcanzar la gloria de la Copa Libertadores, como sucedió en 1989. De la misma forma en que Nacional encontró a sus fichas locales, ahora la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) buscará afrontar, gradualmente y con talento nacional, las batallas jurídicas de más alto nivel. Y con tanto dinero en juego que se calculan en billones de pesos o miles de millones de dólares. Se trata de las demandas que inversionistas extranjeros inician contra Colombia, por lo que consideran fallas del Estado en sus costosas inversiones en campos como la minería, las comunicaciones y hasta la búsqueda de tesoros de la talla del galeón San José.
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En la actualidad, Colombia afronta 15 arbitrajes o pleitos de inversión que, si se perdieran todos, le podrían costar al bolsillo nacional hasta $51 billones. Más de dos veces la cifra que el Gobierno buscó recaudar solo durante el año pasado con la reforma tributaria y los impuestos de los colombianos. Una de esas demandas es la que la empresa cazatesoros estadounidense Sea Search Armada inició contra el país por los derechos del descubrimiento, y de sus tesoros, del galeón San José. Reclaman una indemnización de hasta US$ 10.000 millones. Según la directora encargada de la Agencia, Paula Robledo, el país venía acostumbrado a contratar con bufetes de abogados extranjeros para la defensa de esos procesos. Para Robledo, es hora de cambiar.
“Ese modelo de contratación de firmas, tal y como lo estaba haciendo la Agencia, hacía que le entregáramos los casos a los equipos de abogados extranjeros, que son absolutamente cerrados para entregar información. No construíamos defensa conjunta. Simplemente, contratábamos y esperamos a ver qué pasaba en el proceso. Estábamos enterados de las fases, pero hasta ahí. Si nuestro modelo de defensa va a seguir dependiendo de esas firmas, nunca vamos a fortalecer nuestro equipo interno”, le dijo Robledo a El Espectador. Por ello, de ahora en adelante, cada vez que demanden a Colombia, además de evaluar si es un caso que el país pueda defender con abogados propios, también buscará contratar a bufetes extranjeros que permitan la participación de los juristas de la entidad.
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La estrategia ya comenzó e involucra un caso que le interesa a España. La Agencia concretó, la semana pasada, un acuerdo con la firma Squire Patton Boggs para trabajar mano a mano el caso que se conoce como la Triple A. El año pasado, el inversionista ibérico Canal de Isabel II demandó a Colombia por lo que consideran la “expropiación” de sus inversiones sobre su filial Canal Extensia (antes Inassa). Esta filial adquirió, en 2000, la mayoría accionaria de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla: la Triple A. Según delimitaron las autoridades judiciales y administrativas en Colombia, Inassa y La Triple A firmaron hasta 54 acuerdos ficticios, por los cuales se perdieron $29.000 millones de dinero público. En respuesta, el Estado colombiano tomó control de las acciones de Inassa en la Triple A. Y, por ello, Canal Isabel II considera que lo expropiaron.
Robledo aclara que, de ninguna manera, esto quiere decir que se dejará de contratar con las firmas que están en plena defensa. La idea es que, cuando demanden a Colombia y la Agencia decida abrir una convocatoria para firmas extranjeras interesadas en defender al país, estas permitan una mayor participación de abogados nacionales. Robledo agrega que, además, es necesario refrescar las firmas escuderas del país, pues la estrategia podría hacerse predecible. Por ejemplo, el prestigioso bufete Latham & Watkins tiene en su poder cinco casos de inversionistas mineros contra Colombia, de los cuales ya perdió el primero y los otros están por decidirse. Aunque fue una defensa tasada en miles de dólares, Colombia perdió y debe indemnizar a la candiense EcoOro, por prohibir la minería en el páramo de Santurbán, donde tenía derechos de explotación.
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Asimismo, el cambio de estrategia se mide en austeridad, según los directivos de la Agencia. Con el tiempo, esperan que casos de baja y mediana complejidad sean asumidos en exclusiva por los abogados internos. En términos de dinero, el contrato que menos le ha costado cuesta al país contratando fichajes extranjeros es de US$1,8 millones, mientras que, cuando son abogados colombianos, el precio promedio es de US$29.000. Por su parte, Ana María Ordóñez, quien salió de la entidad a principios de 2024 y quien estaba a cargo de la dirección internacional, considera que se trata de una “evolución” del trabajo realizado durante los últimos años. “Yo fui muy cautelosa y le decía al equipo que el bien mayor que nosotros defendemos es Colombia y el dinero de los colombianos. Yo tengo una visión más conversadora”, explicó.
Para Ordóñez, cambios así no pueden tomarse de la noche a la mañana y que, si la idea es impulsar el talento nacional, no se pierda de foco que el bien principal que defiende la Agencia, al menos en el ámbito del arbitraje internacional, es el dinero de los colombianos. “Son estilos”, concluyó. Al momento de salir de la entidad, explicó que su dirección internacional le ahorró a Colombia indemnizaciones que alcanzaran los $15 billones. Según esas cifras, a ese equipo le sirvió fichar jugadores del extranjero. Con la ventaja que, en la mayoría de los casos que se ganaron, los tribunales ordenaron a los propios demandantes a pagar los costosos honorarios de bufetes europeos y estadounidenses a los que Colombia acudió en los últimos siete años.
De otro lado, este diario consultó a voces expertas en arbitraje internacional, quienes señalaron que los equipos de Argentina y España llevan sus propios casos y, por lo general, pierden. Asimismo, que una buena estrategia, si la idea es que llega la era del equipo criollo a la Agencia, es buscar alianzas con firmas regionales que garanticen un entrenamiento más cercano. O, si la entidad quiere educarse junto a los principales bufetes del mundo, que ponga en marcha programas de intercambio por seis o 12 meses, en los que sus propios abogados conozcan expedientes de primera mano. En todo caso, la apuesta ya está sobre la mesa y empezará a andar dependiendo de la demanda que caiga sobre el país. Los tribunales dirán si estos fichajes nacionales de la defensa colombiana alcanzan el éxito y, de paso, salvan el bolsillo de los colombianos.
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