El 7 de junio de 2025, sobre las 5:30 de la tarde, tres disparos retumbaron en el parque El Golfito del barrio Modelia, en Bogotá. Un menor de 15 años accionó una pistola Glock modificada en contra del senador Miguel Uribe Turbay. El también precandidato presidencial se desplomó sobre el suelo, bañado en sangre y en medio de los gritos de terror de la gente.
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Ha pasado un año desde ese hecho que el 11 de agosto, tras dos meses hospitalizado en la Fundación Santa Fe, cobró la vida del político de 39 años. Aunque nueve personas han sido capturadas y la Fiscalía apunta a que el crimen habría sido ordenado por la Segunda Marquetalia, la disidencia de “Iván Márquez”, al expediente lo desbordan las preguntas.
La última movida del expediente ocurrió hace menos de una semana, el viernes 5 de junio, cuando la Fiscalía le pidió a un juez de Bogotá declarar en contumacia o rebeldía a siete jefes de la Segunda Marquetalia contra quienes hay órdenes de captura activas desde marzo pasado por este crimen.
Se trata de una medida que le permitiría a los funcionarios del búnker imputar y llevar a juicio a los integrantes de esa guerrilla investigados porque, al parecer, harían parte del engranaje criminal desde donde se habría ordenado el magnicidio. Esa petición se dio después de que el 10 de abril la Interpol emitiera circulares rojas para intentar dar con el paradero de los integrantes de las disidencias de las Farc señalados por el crimen.
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Esa medida es en contra de Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez” y máximo jefe de esa estructura ilegal; Géner García Molina, alias “John 40”; Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”; Jhon Jairo Bedoya Arias, alias “Rumba”; y Diógenes Medina, alias “Gonzalo” o “Chalo”.
También aparece José Manuel Sierra, alias “Zarco Aldinever”, sobre quien el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, dijo el 11 de agosto de 2025 que había muerto durante un operativo militar. Pero siete meses después, en marzo pasado, puso en duda esa afirmación y dijo que no estaban seguros de la suerte real de esta persona. La lista la completa Kendric Téllez Álvarez, quien había sido aceptado en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, tras la orden de captura, le abrieron un incidente que podría expulsarlo de esa instancia.
El presunto rol de la Segunda Marquetalia en el asesinato de Miguel Uribe Turbay es clave porque, según las investigaciones de la Fiscalía, estaría enmarcado en una serie de ataques que la familia Turbay Cote ha recibido durante décadas por parte de la antigua guerrilla de las Farc y ahora de las disidencias.
Deicy Jaramillo Rivera, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía y jefa del equipo que adelanta la investigación del magnicidio, ha dicho que históricamente los Turbay han sido objetivo de la organización armada, especialmente en el departamento de Caquetá. Incluso, en 2009 “Iván Márquez” y el Estado Mayor Central de las antiguas Farc fueron condenados a 40 años de cárcel por uno de los crímenes contra esa familia.
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Se trata de la masacre en la que fueron asesinados Diego Turbay Cote, entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes; su madre, Inés Cote de Turbay, un amigo, un conductor y tres escoltas. El 29 de diciembre de 2000, los siete viajaban desde Florencia hacia Puerto Rico (Caquetá), cuando fueron interceptadas por guerrilleros de la columna móvil Teófilo Forero que dispararon a las llantas de los vehículos en los que se movilizaban.
El congresista Turbay intentó dialogar con los hombres armados, pero le respondieron con balas: le dispararon en 57 oportunidades a él y a quienes lo acompañaban. En uno de sus informes, la Comisión de la Verdad señaló que las Farc “emplearon un amplio abanico de formas de violencia contra miembros de esa familia y de sus partidarios entre 1988 y 2001”.
A ese hecho se suma también el secuestro y asesinato de Rodrigo Turbay Cote, quien había sido concejal, diputado, presidente de la Cámara de Representantes y director del Partido Liberal. Durante casi dos años estuvo secuestrado por la antigua guerrilla de las Farc, hasta que lo asesinaron y abandonaron su cuerpo el 3 de mayo de 1997 en una escuela del municipio de Cartagena del Chairá.
También el secuestro del avión HK-3951 de la aerolínea Aires que cubría la ruta de Neiva (Huila) a Bogotá, el 20 de febrero de 2002, y en el que viajaba Jorge Eduardo Gechem Turbay, presidente de la Comisión de Paz del Senado y primo de Rodrigo y Diego Turbay Cote. Estuvo secuestrado seis años, hasta su liberación el 27 de febrero del 2008.
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La violencia que durante años azotó a la familia Turbay en Caquetá, según la Fiscalía, revivió con la presunta orden de la Segunda Marquetalia de asesinar a Miguel Uribe Turbay, en palabras de la delegada Deicy Jaramillo Rivera, “para desestabilizar al país”. La investigación señala que, para ejecutar el crimen, la cúpula de ese grupo se habría contactado con Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, un hombre capturado el 27 de octubre de 2025 en Brisas del Guejar, en Mesetas (Meta).
Esta persona aceptó haber sido el eslabón entre la disidencia de “Iván Márquez” y un grupo criminal denominado “Plata o Plomo”, que fue el que finalmente ejecutó el crimen en Bogotá. Fue condenado mediante preacuerdo a 22 años de cárcel, el 20 de marzo de 2026.
A su vez, Simeón Pérez Marroquín, según la Fiscalía, coordinó el crimen con una tercera persona: Élder José Arteaga Hernández, alias “Chipi” o “Costeño”, denominado como el “cerebro logístico” detrás de los hechos de 7 de junio en el parque El Golfito. Este hombre aceptó haber sido el autor del engranaje criminal montado para asesinar a Miguel Uribe Turbay y ahora está a un paso de ser condenado mediante preacuerdo a 26 años de prisión.
La familia del político del Centro Democrático se ha opuesto con contundencia a esa negociación con la Fiscalía, pues, en su concepto, este hombre no ha entregado la información necesaria para esclarecer el magnicidio, las razones detrás del crimen y los responsables de dar la orden.
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María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, dijo en entrevista con El Espectador que el próximo 17 de junio, cuando un juez decida si avala o no el preacuerdo, se opondrá en la audiencia a esa negociación. “Me he opuesto firmemente al preacuerdo que la Fiscalía pretende llevar con alias el ‘Costeño’ (...) no entiendo por qué hay un preacuerdo con un señor que no colaboró con la justicia, que solo ha dilatado el proceso, que no ha dado ninguna información relevante y que fue el que organizó la estructura criminal en Bogotá para asesinar a Miguel”, expresó.
El abogado Víctor Mosquera, quien representa a la familia del senador, coincidió en que no se debería avalar el preacuerdo porque “hay que mandar un mensaje contundente a la sociedad” sobre este crimen y pidió una condena de al menos 40 años de cárcel para “Chipi”.
A la poca colaboración señalada por María Claudia Tarazona, se suma la existencia de lo que ella denominó como “un operativo” con “gente articulando el asesinato en todo el país”. Agregó que alias “Chipi” tuvo oportunidad de arrepentirse y no cometer el crimen, pero no lo hizo.
“No fue un crimen instantáneo, fue una cosa planeada, articulada, pensada. Tuvo momentos para echarse para atrás (...) La noche anterior (al atentado) estaba contratado otro menor. Lo empezaron a llamar y no contestaba. Se les desapareció. Seguramente se echó para atrás, se asustó o alguien le dijo ‘no se meta en eso’. Entonces alias el ‘Costeño’ contactó a otro tipo (...) que es el que finalmente lleva a este menor al parque. Pudo haber dicho: ‘Este no apareció, yo me echo para atrás’. Y no lo hizo, lo llevó adelante”, narró en su conversación con este diario.
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Por el contrario, como lo han mostrado las investigaciones, alias “Chipi” resultó siendo la pieza clave del engranaje para asesinar a Miguel Uribe Turbay. Las capturas y condenas adelantadas hasta el momento corroboran que fue quien contactó al joven de 15 años que le disparó al senador y quien hoy paga una sanción de siete años de privación de la libertad, por ser menor de edad.
También a Carlos Eduardo Mora González, el conductor del vehículo tipo Spark en el que los implicados llegaron al parque El Golfito, y Katherine Andrea Martínez Martínez, alias “Gabriela”, capturada en Florencia (Caquetá). Ambos hoy condenados mediante preacuerdo a 21 años de prisión. La lista la completan William Fernando González Cruz, Cristian Camilo González Ardila, Harold Daniel Barragán Ovalle y Jhorman David Mora Silva.
A pesar de las capturas adelantadas hasta la fecha y de las investigaciones que apuntan a la Segunda Marquetalia, la pregunta que la Fiscalía aún no termina de resolver es quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay y por qué. La familia del senador insiste en que se trató de un crimen de Estado, una categoría que tiene implicaciones jurídicas, como la de declarar imprescriptible el expediente y no cerrarlo hasta que se resuelva por completo.
“Como familia nos inclinamos a una teoría que el país tiene en la mente también: el magnicidio de Miguel fue un crimen de Estado”, dijo María Claudia Tarazona. Por ahora, lo que ya tiene claro el búnker es que el atentado ocurrió en el contexto político de un precandidato a la Presidencia haciendo campaña. Sin embargo, las preguntas sobre el fondo del atentado siguen pendientes.
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Por Gustavo Montes Arias
