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Siete integrantes del Ejército Nacional estarían implicados en la apropiación de recursos destinados al pago de viáticos en un batallón de operaciones terrestres ubicado en Cúcuta (Norte de Santander). Un fiscal de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Se trata del capitán Carlos Andrés Chía Sánchez; los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín; el sargento viceprimero Édgar Armando Gamboa Ortega; y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez.
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Según la Fiscalía General de la Nación, los uniformados habrían presentado informes de cumplimiento de traslados que no se realizaron o cuyas actividades no correspondían con las autorizadas. De esta manera, entre enero y abril de 2025, se habría generado una afectación a los recursos públicos superior a los COP 10 millones.
El ente investigador detalló que, para la época de los hechos, los uniformados se desempeñaban como oficiales y suboficiales en diferentes áreas administrativas, logísticas y operacionales del batallón. Al parecer, intervinieron en la elaboración, presentación y legalización de documentos relacionados con misiones de trabajo que justificaban supuestos desplazamientos a diferentes ciudades del país.
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Esto, “con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de los viáticos”, según la Fiscalía. La investigación detectó contradicciones entre las actividades reportadas en esos documentos y los registros institucionales de las unidades militares donde debían cumplirse las comisiones.
Por estos hechos, los siete uniformados fueron detenidos por el CTI y la Dijín de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional. Las capturas se realizaron en Barranquilla (Atlántico), Neiva (Huila), Villavicencio (Meta), Nilo (Cundinamarca), Sogamoso (Boyacá), Bucaramanga (Santander) y Cúcuta.
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Los uniformados no aceptaron los cargos imputados. Por decisión de un juez de control de garantías, deberán cumplir la prohibición de salir del país y de comunicarse con los testigos de la investigación mientras avanza el proceso judicial en su contra.
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