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Ante la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez rindió indagatoria por su presunta participación en las masacres de El Aro y La Granja (Ituango) en 1996 y 1997, la conformación de un grupo paramilitar en San Roque (Antioquia) y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, en febrero de 1998. La primera jornada de la diligencia se terminó sobre el mediodía de este 4 de septiembre en el búnker de la Fiscalía, lugar al que había llegado en horas de la mañana.
El expresidente llegó sobre las 8:00 de la mañana a las inmediaciones del búnker, donde entregó una declaración a los medios de comunicación en la que defendió su inocencia y aseguró que los señalamientos sobre presuntos vínculos con paramilitares son ataques por parte de sus adversarios políticos. “Acudo a esta indagatoria con tristeza. Lo hago por respeto a la Constitución, a mi familia, a mis compatriotas y a la justicia. Esta acusación se suma a las muchas que he llevado, creadas por el comité de mis adversarios”, dijo Uribe.
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También se refirió al caso de su hermano, Santiago Uribe Vélez, a quien la Corte Suprema de Justicia le confirmó en junio pasado la condena a 28 años y tres meses de prisión por su participación en el caso de Los 12 Apóstoles y el apoyo a la creación de grupos paramilitares en Antioquia. “Acudo a esta acusación con el dolor de la injusta condena de mi hermano, un finquero básico, de valores morales, condenado por quienes no supieron de él más allá de las opiniones de sus acusadores, el mismo comité de mis adversarios políticos”, señaló.
La diligencia de indagatoria en contra de Uribe fue de carácter reservado y se adelanta bajo la Ley 600, que es el antiguo código de procedimiento penal, aplicable a los hechos ocurridos antes del año 2005. Como las masacres de El Aro y La Granje, la expansión de los paramilitares en San Roque y el homicidio de Jesús María Valle Jaramillo en Medellín fueron entre 1996 y 1998, ese es el lineamiento legal para su proceso penal. Tras rendir indagatoria ante la Fiscalía, el expresidente queda vinculado de manera formal al proceso.
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¿Por qué la Fiscalía investiga a Uribe?
Son cuatro los hechos que la Fiscalía busca esclarecer por medio de la investigación al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Todos, relacionados con la expansión de los grupos de autodefensas a finales de los años 90 en Antioquia, cuando el líder natural del Centro Democrático era gobernador de ese departamento. El ente investigador busca establecer, en todos los casos, si hubo algún tipo de apoyo por parte del político u omitió cumplir con sus responsabilidades al dejar desprotegidas a las comunidades de El Aro y La Granja.
En el caso de la creación de una estructura paramilitar en el municipio de San Roque, el punto de partida de la Fiscalía es una masacre ocurrida entre el 13 y el 17 de septiembre de 1996. La Corte Suprema de Justicia encontró que el grupo paramilitar que perpetró ese hecho violento usó como base de operaciones la hacienda Guacharacas, que para entonces era propiedad de la familia Uribe Vélez. Lo que ahora busca establecer el ente investigador es si el expresidente apoyó o no de alguna forma la creación de esa estructura ilegal.
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“De acuerdo con las pruebas acopiadas durante la investigación previa, se puede afirmar que, presuntamente, existió un nexo entre el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez y el grupo paramilitar que operaba en la hacienda Guacharacas, conocido posteriormente como Bloque Metro. Al parecer, el aquí investigado habría facilitado y promovido el accionar de esta organización”, señaló la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia en el auto por medio del cual ordenó llamar a indagatoria al expresidente.
El segundo expediente es el de la masacre de La Granja (Ituango), ocurrida el 11 de junio de 1996. Ese día, 30 paramilitares entraron a ese corregimiento del norte de Antioquia. Hacían parte de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), al mando de los hermanos Fidel y Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, y eran dirigidos por el jefe paramilitar alias “Doble Cero”. Obligaron a los habitantes de sus casas y a cuatro de ellos los torturaron y asesinaron: William Villa García, Graciela Arboleda Rodríguez, Héctor Hernán García y Jairo de Jesús Sepúlveda Arias.
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Más de un año después de esa masacre, los paramilitares sembraron de nuevo el horror en el municipio de Ituango. El 22 de octubre de 1997, unos 150 hombres de las Accu entraron al corregimiento de El Aro y se tomaron la población durante siete días. Asesinaron a 17 personas, torturaron a sus víctimas, quemaron 42 de las 60 casas del caserío, se robaron más de 1.000 reses y desplazaron a los 700 habitantes de la zona. El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien el pasado 3 de septiembre rindió indagatoria, es testigo clave del caso.
El exparamilitar declaró que fue a órdenes de Uribe que se ejecutó esa masacre contra una población falsamente señalada como auxiliadora de la guerrilla: “De acuerdo con Salvatore Mancuso, la masacre llevada a cabo en el corregimiento de El Aro fue ejecutada por pedido expreso de Pedro Juan Moreno, quien actuaba a nombre de Álvaro Uribe Vélez; esta fue organizada y coordinada por los hermanos Castaño Gil y los generales del Ejército Alfonso Manosalva Flórez e Iván Ramírez Quintero, entre otros miembros de la fuerza pública”.
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