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La escalada de violencia en Tibú, Norte de Santander, vuelve a poner a las comunidades en el centro del conflicto que desde enero ha azotado al Catatumbo. Para exigir acciones de protección, la Defensoría del Pueblo emitió una Alerta Temprana en la que señala el escenario de riesgo para la población civil a raíz de la intensificación de las disputas entre el Eln y las disidencias de las extintas Farc, específicamente el Estado Mayor de Bloques y Frente, al mando de alias Calarcá, quienes tienen presencia en esa zona del país.
La Alerta Temprana reúne especialmente a los corregimientos Reyes de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra, también para sus veredas Versalles, 20 de Julio, Oru 7, Campo Seis, Miramontes, El Retiro, El Líbano, Bertrania, Nazareth, La Angalia, Guachimán, Caño Victoria, Campo Tres, Campo Yuca, Socuavo, Caño Indio, Chiquinquirá, Km 19, Km 25, Km 28, Palo Quemado y Llano Grande.
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Según detalló la Defensoría, la disputa territorial, que está activa desde el 16 de enero de este año, corresponde a economías legales e ilegales y cultivos de uso ilícito. Dichas dinámicas convierten a Tibú en un corredor estratégico para los actores armados, un paso que cobra mayor valor por su limite fronterizo con Venezuela.
“Urge poner en marcha acciones que contribuyan a la desarticulación de los grupos que delinquen en la zona, implementar planes de protección colectiva para pueblos indígenas y lideresas y líderes sociales, y destinar recursos para el desminado humanitario en lugares priorizados”, señaló la Defensoría.
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Esas dinámicas de los grupos armados se han traducido en la comunidad como homicidios, amenazas, secuestros, desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad. “En el casco urbano de Tibú, se ha evidenciado un escenario de doble autoridad armada ilegal, donde barrios están regulados por el Frente 33 o por el ELN. Son impuestos horarios, restricciones de circulación y sanciones extralegales”, detalló la entidad.
Por los corredores viales y las rutas de acceso a Tibú, también se han reportado retenes ilegales con requisas e inspección de celulares. Asimismo, se ha constatado la presencia de minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, como drones con explosivos.
La violencia en esa zona del Catatumbo es, además, focalizada en niños, niñas, adolescentes y jóvenes que regularmente son víctimas de reclutamiento, uso y utilización por los grupos armados en confrontación. Según el reporte de la Defensoría, Tibú es el municipio del Norte de Santander con el mayor número de casos registrados: 35 con corte a julio de este año y con subregistro.
“Las violencias basadas en género son usadas como mecanismo de control, con reportes de abuso sexual de niñas menores de 14 años, ‘pareja forzada’ y trata de personas y explotación sexual de mujeres migrantes venezolanas en las zonas urbana y rural”, denunció la Defensoría.
Y agregó: “El pueblo indígena Barí (resguardos Catalaura y Motilón Barí) y la comunidad binacional Yukpa enfrentan la imposición de normas externas y la restricción de movilidad a sus sitios tradicionales. Otros grupos afectados son lideresas y líderes sociales, dignatarios de juntas de acción comunal, a quienes se les amenaza y estigmatiza con el término ‘paraelenos’, y población migrante venezolana, que suma aproximadamente 22.050 personas”.
Para hacerle frente a una posible crisis, la Defensoría instó al Ministerio del Interior para articular de manera urgente las recomendaciones de la Alerta Temprana para disuadir, mitigar y alejar el riesgo. “El Estado debe garantizar una presencia institucional efectiva, planes de acción con financiación suficiente y una respuesta rápida y coordinada en materia de prevención y protección integral de la población civil en Tibú”, concluyó la Defensoría.
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