Por medio de un comunicado a la opinión pública, el Tribunal Superior Militar y Policial rechazó las declaraciones de la magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), quien en una entrevista reciente con El Espectador señaló que esa instancia "fue un mecanismo de encubrimiento" de graves crímenes y violaciones de derechos humanos en el marco del conflicto armado interno.
"Respetamos profundamente la autonomía e independencia de la JEP, así como la libertad de expresión de sus magistrados. El diálogo entre jurisdicciones es esencial en un Estado social de derecho. Rechazamos las generalizaciones que califican a toda nuestra jurisdicción como un ‘mecanismo de encubrimiento’. Esa afirmación desconoce la labor de los funcionarios y los resultados judiciales de los últimos años, de los cuales puede dar fe la Sala Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre de esta jurisdicción", se lee en el pronunciamiento.
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La respuesta, que está firmada por el coronel Roberto Ramírez García, presidente del Tribunal Superior Militar y Policial, se dio en el marco de una discusión que adelanta el Congreso de la República por un proyecto de reforma a la Constitución radicado por el partido Centro Democrático. La iniciativa busca que las sentencias de la JEP en contra de exintegrantes de la fuerza pública se suspendan tras su emisión y sean revisadas de forma automática por la justicia militar.
El proyecto no cayó bien en la JEP, entre expertos, víctimas y hasta comparecientes que consideran que podría ponerse en riesgo su seguridad jurídica, pues sentencias de la Corte Constitucional y lineamientos de organismos internacionales han dicho en reiteradas ocasiones que las justicias militares y policiales no tienen facultades para investigar, juzgar ni sancionar graves violaciones de derechos humanos, pues solo tienen competencia sobre delitos en el marco del servicio de los uniformados.
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En ese contexto, la magistrada Catalina Díaz Gómez dijo que la JEP, que tiene dos macrocasos relacionados con ejecuciones extrajudiciales y alianzas entre uniformados, agentes del Estado y paramilitares, funcionó durante años de forma irregular. La togada señaló que la investigación de la justicia transicional "ha sido robusta, rigurosa y en ese marco hemos encontrado antiguos miembros del Ejército que nos dijeron: ‘Mire, los jueces penales militares colaboraron con nosotros en su momento para encubrir los crímenes'".
Y agregó, sobre los hallazgos de posibles obstrucciones a la justicia por parte de la jurisdicción militar y policial: "En los casos de la JEP están todas las pruebas de que en muchos esa instancia funcionó como un mecanismo de encubrimiento de los crímenes, donde muchas investigaciones por falsos positivos fueron archivadas y nunca llegaron a ninguna identificación de presuntos responsables". Se refería, de forma puntual, a hechos anteriores al 1 de diciembre de 2016, que son de competencia de la JEP.
Sin embargo, en su respuesta al pronunciamiento de la magistrada, el Tribunal Superior Militar defendió actuaciones más recientes, fuera de la competencia de la JEP. "Entre los años 2022 y hasta lo corrido del 2026, la Justicia Penal Militar y Policial ha proferido, tan solo en segunda instancia, 536 sentencias condenatorias y 135 absolutorias, no solo por delitos militares, sino por delitos comunes como homicidios, lesiones personales, delitos contra la administración pública, entre otros; cifras que difieren meridianamente de las emitidas por la JEP en más de ocho años de funcionamiento", dice el pronunciamiento.
Agrega que la Justicia Penal Militar y Policial "tiene raigambre constitucional y en todos los casos actuamos bajo los principios de autonomía, independencia e imparcialidad y el debido respeto a los derechos humanos y al DIH". Un punto sobre el cual la magistrada Catalina Díaz Gómez también se pronunció en la entrevista: "Esa instancia, que está en la Constitución y es legítima, está concebida para los crímenes cometidos en el servicio militar. La Corte Constitucional lo ha dicho durante más de 20 años".
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En el pronunciamiento, la justicia militar invita a la presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP a "instaurar las denuncias respectivas ante las autoridades que corresponda, aportando los datos exactos de los funcionarios de la Justicia Penal Militar y Policial y los hechos concretos en que se actuó supuestamente, como ‘mecanismo de encubrimiento’, a hacerlos públicos a través de los medios de comunicación dada la grave afectación al buen nombre de nuestra jurisdicción y la confianza de los ciudadanos".
Y concluye con una referencia al presupuesto que también está en discusión por estos días en el Congreso: "La Justicia Penal Militar y Policial continuará, con un presupuesto minúsculo comparado con el de la Justicia Especial para la Paz, cumpliendo su mandato constitucional con transparencia y verdadero sometimiento a la ley".
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