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En medio de las discusiones por el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un proyecto de reforma constitucional con el que el Centro Democrático busca cambiar las reglas del juego de la justicia transicional está cogiendo fuerza en el Congreso. Se trata de una iniciativa que busca que las sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública sean revisadas por la Justicia Penal Militar y Policial, una instancia que investiga las conductas de uniformados y que habría obstruido la verdad y justicia durante los años más crudos del conflicto en casos como masacres y ejecuciones extrajudiciales. La magistrada Catalina Díaz Gómez, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, habló con El Espectador sobre el alcance de ese proyecto y el riesgo de que el país retroceda varios años en términos de impunidad.
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Quienes respaldan la iniciativa de que la Justicia Penal Militar y Policial revise las sentencias contra exintegrantes de la fuerza pública dicen que es necesario porque la JEP no ha dado los resultados esperados. ¿Cuál es su opinión frente a ese argumento?
Este es un proyecto muy importante que, además, suspende la ejecución de las sentencias. Este planteamiento desconoce dos décadas de jurisprudencia constitucional consolidada, reiterada y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de instancias de Naciones Unidas que han dicho que la Justicia Penal Militar no debe usarse para investigar, juzgar o sancionar crímenes de lesa humanidad, de guerra o graves violaciones de derechos humanos. Hay un consenso muy amplio en la jurisprudencia internacional y en la constitucional colombiana al respecto. El proyecto de reforma constitucional iría en contra de esas decisiones.
La JEP tiene dos casos relacionados con exintegrantes de la fuerza pública y agentes del Estado que investigan ejecuciones extrajudiciales y los vínculos con paramilitares. Sus pesquisas han permitido mostrar la manera en que la Justicia Penal Militar ayudó a encubrir violaciones de derechos humanos. ¿Cómo dimensionar el daño que esto provocó en materia de obstrucciones a la justicia?
La JEP ha investigado de manera profunda y con rigor tanto a las antiguas Farc como a los exintegrantes de la fuerza pública. Hemos esclarecido las políticas que dictó la antigua guerrilla, que causaron, por ejemplo, 21.000 secuestros, tomas de rehenes contra civiles, torturas y tratos crueles contra combatientes militares que fueron tomados como rehenes. También hemos esclarecido la política de incorporación de personal a las filas de las Farc que llevó al reclutamiento de niños y niñas, cómo el aborto forzado se convirtió en una práctica sistemática contra las niñas reclutadas y la violencia sexual. Hemos esclarecido la política de control del territorio y la población, crímenes de asesinatos, masacres y violencia sexual que se cometieron, incluso, contra líderes indígenas de territorios que se resistieron a las normas de las Farc.
La investigación de la JEP contra las antiguas Farc ha sido muy profunda, y lo propio en los crímenes que tienen que ver con agentes del Estado. Hemos esclarecido la política de conteo de cuerpos que llevó a los asesinatos y desapariciones forzadas masivas de más de 7.000 personas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate a lo largo y ancho del país. Esclarecimos la política de estigmatizar al partido político Unión Patriótica y también hemos esclarecido crímenes que cometieron la gente del Estado en asociación con los paramilitares. Esa investigación ha sido robusta, rigurosa y en ese marco hemos encontrado antiguos miembros del Ejército que nos dijeron: “Mire, los jueces penales militares colaboraron con nosotros en su momento para encubrir los crímenes”.
En el caso de falsos positivos, muchas de las inspecciones a los cuerpos de las víctimas en su momento las hicieron los jueces penales militares. Ellos advirtieron que, por ejemplo, una tenía dos botas izquierdas o dos botas derechas; o que otra persona venía en tenis cuando supuestamente el hecho ocurrió en un combate; o tenía tatuajes de pólvora, de esos que quedan cuando se dispara a quemarropa. Los jueces penales militares lo pasaron por alto. También tenemos muchas declaraciones que dicen cómo hacían proformas (o libretos) para que los soldados ofrecieran declaraciones que realmente no contribuían a esclarecer lo que pasó, sino a encubrir los crímenes de manera formateada sobre cuántas personas participaron, qué munición se gastó o cómo era el escenario del supuesto combate.
A mediados de los 2000, cuando ya había muchas denuncias de falsos positivos y Naciones Unidas las expuso en escenarios reservados que tenía con el gobierno, una de las medidas importantes que tomó el Ejecutivo fue que todos estos casos pasaran a la justicia ordinaria. Fue así que entre 2005 o 2006 empezaron las primeras investigaciones de la justicia ordinaria, mostrando cómo esos crímenes habían sido encubiertos en la Justicia Penal Militar.
Veo con mucha sorpresa y me pregunto por qué vamos a retroceder dos décadas en la investigación de estos crímenes. Surge la pregunta de por qué echar dos décadas atrás en materia de investigación penal atrás y volver al debate de incluir a la Justicia Penal Militar en estas investigaciones. En los casos de la JEP están todas las pruebas de que en muchos esa instancia funcionó como un mecanismo de encubrimiento de los crímenes, donde muchas investigaciones por falsos positivos fueron archivadas y nunca llegaron a ninguna identificación de presuntos responsables. Y eso fue advertido claramente por Naciones Unidas. La Oficina del Alto Comisionado en su momento dijo: aquí lo primero que hay que hacer es que estos crímenes se investiguen en la justicia ordinaria.
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Pero, de forma muy concreta, ¿qué tanto daño le hizo esa instancia a la administración de justicia en ese contexto?
En Colombia está probado que haber pretendido que violaciones de derechos humanos fueran investigadas por la Justicia Militar solo generó impunidad. Entonces, ¿por qué apelar a un cuerpo que generó impunidad en décadas pasadas, cuando hay una justicia con conocimiento especializado en el derecho de la guerra? El mandato central de la JEP es ser juez natural de los crímenes más graves del conflicto. Ese mecanismo funciona y, para los que no reconocen, está el proceso adversarial.
Hemos producido decisiones importantes. El 90 % de los antiguos miembros del Ejército imputados han reconocido responsabilidad. Eso habla de su coraje, su valentía y su entereza, pero también del rigor y de lo robusto de las pruebas. Tenemos cientos de confesiones de falsos positivos y por eso estos antiguos miembros de la fuerza pública han aprovechado la oportunidad que significa la JEP y han honrado su palabra de contribuir a la verdad.
Usted mencionaba el tema del derecho de la guerra y el senador Rafael Nieto (Centro Democrático), que tuvo al inicio la ponencia de este proyecto, ha dicho que los magistrados de la JEP no tienen ese conocimiento específico ni en temas operacionales. ¿Qué le responde?
Uno de los criterios que se estableció para ser escogido magistrado de la JEP era que debíamos tener el conocimiento sobre Derecho Internacional Humanitario (DIH), del derecho de los conflictos armados y de las operaciones militares. Una colega había trabajado muchos años en el Comité Internacional de la Cruz Roja, en Ginebra. Otros colegas venían de trabajar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tienen experiencia en la Corte Penal Internacional o un recorrido académico importante. Incluso, en mi caso, el Ministerio de Defensa creó un diplomado sobre derecho de las operaciones militares. Yo lo tomé con otros colegas y fue muy interesante, pues allí aprendimos con mucho detalle las cuestiones de este tema.
Yo creo que ese argumento de que no tenemos el conocimiento suficiente no tiene validez. De hecho, en estos ocho años nos hemos metido de cabeza en los archivos militares. Conocemos cosas que en Colombia ningún juez había conocido, como los programas de radio de los comandantes con sus hombres. Personalmente, he leído páginas y páginas manuscritas de soldados sobre cuáles eran las órdenes que dictaban los comandantes en esos programas. La JEP tiene mucha experiencia y recorrido en derecho de las operaciones militares y por eso creo, francamente, que ese argumento de nuestro supuesto desconocimiento no es cierto.
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¿Cuáles son los casos de impunidad o de obstrucción a la justicia que más le han impactado en esas investigaciones?
Muchas de las juezas penales militares eran mujeres y tenían una relación muy estrecha con las unidades militares. A veces llegaban los soldados muy asustados a rendir declaraciones de supuestos combates donde ellos no habían participado. Los llevaban para rendir declaraciones falsas sobre crímenes que en realidad eran falsos positivos. Estas juezas les decían: “Tranquilos que yo no les voy a preguntar nada. Tranquilos que aquí está el formato, aquí está lo que usted tiene que decir. Solo diga que le dispararon desde cierto lugar, usted estaba en otro sitio, que respondió y gastó determinada munición”. Todo eso era falso.
También me impactó mucho una historia muy fuerte donde, según relatan algunos soldados y otros oficiales, una de estas juezas militares llegó a la inspección del cadáver porque supuestamente el combate había pasado hacía 15 minutos y dijo: “Esta persona no está muerta, ultímenla”. Según los relatos que nos cuentan, se ultimó a una persona y luego la jueza hizo el levantamiento. Hemos oído muchas historias de encubrimientos de los crímenes; incluso llegamos en algunos casos a la compulsa de copias. Eso nos lleva a pensar que Colombia avanzó mucho y estas ejecuciones extrajudiciales empezaron a ser investigadas seriamente cuando el gobierno promovió un acuerdo con la Fiscalía para que fuera esa entidad la que hiciera los levantamientos de los cuerpos y empezara las investigaciones.
Uno de los puntos del proyecto señala que, mientras se revisan las sentencias de la JEP, se suspendería la ejecución de las penas. ¿Cree que esto sería alargar la espera de las víctimas por la justicia?
He leído a algunos expertos que han dicho que sería una violación del derecho a la justicia porque, si hay una sentencia condenatoria que llegue a la segunda instancia con todas las garantías del proceso, se suspendería. No parece muy razonable, en especial porque son víctimas que llevan esperando, no dos décadas, sino hasta tres. En estos días escuché un testimonio de la hermana de una persona que fue desaparecida forzadamente en los años 80 y me dijo: “Magistrada, usted no sabe lo valioso que es para mí que usted vuelva a investigar este caso. Son cuatro décadas del asesinato de mi hermano. Lo último que supe de la Fiscalía es que había archivado mi caso, porque el plazo de investigación ya se había vencido y había operado la prescripción”. Y así ha pasado con muchos casos que estaban archivados. Cuando yo he pedido los expedientes, hay unos que eran un par de folios. Nunca se llegó ni siquiera a identificar quiénes eran los presuntos responsables.
Pero también había invesitgaciones sólidas…
La JEP partió de todos esos expedientes. Había unos robustos, hay que decirlo también. Fiscales en los 90, personas muy aguerridas y comprometidas, tuvieron que salir al exilio porque se tomaron las investigaciones a fondo. Colombia ha hecho muchos esfuerzos para que estos graves crímenes se esclarezcan y debemos completar esa tarea con valentía y madurez. La JEP significa una oportunidad para que quienes participaron en estos crímenes reconozcan responsabilidad y para que quienes insistan en su inocencia tengan una oportunidad de un juicio adversarial con todas las garantías.
Se nos critica porque hemos tenido estas sentencias condenatorias contra oficiales por ejecuciones extrajudiciales. Y los juicios se han tomado su tiempo porque se han dado curso a todos los testimonios y pruebas que se han requerido. No son juicios políticos. Son juicios de verdad, con todas las garantías y pruebas. Y un Estado de derecho serio, riguroso y maduro debe garantizar que esa justicia culmine. No volver al punto cero de la impunidad que era la Justicia Penal Militar.
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La JEP es un órgano de cierre, por eso tiene su propia Sección de Apelaciones. Sin embargo, el proyecto de ley dice que no se afectaría esa función, incluso con la revisión de la Justicia Penal Militar. ¿Se estarían cambiando o usurpando competencias de la justicia transicional?
La Constitución y el acto legislativo que creó la JEP, es muy claro: la competencia de la JEP es exclusiva, excluyente y prevalente sobre todas las otras jurisdicciones. Yo creo que sí es un debate real ver si traer al Tribunal Penal Superior Militar como una instancia por encima de la JEP, que revisará automáticamente y con la garantía de suspender las condenas, es desconocer la prevalencia de la JEP sobre los graves crímenes de la guerra. ¿Por qué desconocer la prevalencia de la JEP? ¿Se reforma la Constitución para que la Justicia Penal Militar sea la prevalente?
Yo tengo mis dudas de que eso no viole un pilar esencial de la Constitución, que es el deber de hacer justicia. Justamente por las pruebas que hay, muy abundantes, de que la Justicia Penal Militar no fue precisamente un espacio de investigaciones serias, imparciales y céleres, sino un mecanismo de encubrimiento. Esa instancia, que está en la Constitución y es legítima, está concebida para los crímenes cometidos en el servicio militar. La Corte Constitucional lo ha dicho durante más de 20 años.
El proyecto dice que la revisión automática es para el equilibrio de la justicia para comparecientes de la fuerza pública. ¿Qué opina usted sobre ese argumento?
Es falsa esta acusación que a veces se hace contra la JEP de que ha sido desequilibrada porque ha tratado de manera benévola a las Farc y se ha ensañado contra antiguos miembros de la fuerza pública. La JEP ha investigado de manera paralela y simétrica a las antiguas Farc y a agentes del Estado. Tal vez lo que ha pasado es que Colombia no estaba acostumbrada a que los altos mandos rindieran cuentas ante la justicia. Eso sí ha sido nuevo. Algunos de los generales han reconocido responsabilidad de manera muy valiente. Eso habla de la madurez que podemos alcanzar como Estado, como democracia y sociedad. Lo que no había visto el país era que generales fueran imputados por crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra. Eso ha generado ampolla, hay que decirlo. Y algunos siguen sin convencerse de que sea correcto. Yo invitaría a quienes tienen dudas a que examinen las decisiones, que son públicas y tienen pruebas muy contundentes.
Cuatro relatores de las Naciones Unidas le enviaron la semana pasada una carta al presidente Abelardo de la Espriella manifestando su preocupación por los tres proyectos sobre la JEP que están en el Congreso. Dicen que, de aprobarse la reforma sobre revisiones de sentencias a exintegrantes de la fuerza pública, se podría perder el equilibrio entre las demandas de las víctimas y los beneficios de los comparecientes. ¿Estaría realmente en riesgo ese equilibrio?
Las cuatro relatoras y relatores internacionales de Naciones Unidas hicieron una comunicación larga al gobierno colombiano y dicen claramente que se estaría desconociendo lo avanzado en términos de las obligaciones del Estado colombiano en los tratados de derechos humanos, en cuanto al derecho a la justicia de las víctimas y al deber que tiene el Estado de garantizar una investigación independiente, imparcial y célere. Creo que es un campanazo que muestra que no estamos exagerando cuando decimos que está en juego la garantía de la seguridad jurídica de los propios agentes del Estado. Que quienes podrían quedar más expuestos por esta decisión serían los propios generales, cuyos casos eventualmente podrían llegar hasta la propia Corte Penal Internacional. Y estas cuatro relatorías lo están diciendo de manera muy rigurosa y respetuosa.
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Si usted pudiera argumentarle al Congreso con un mensaje las razones por las que ese proyecto no debería avanzar, ¿qué le diría?
Les diría que más de 5.000 antiguos miembros de la fuerza pública se han acogido voluntariamente a la JEP. Confiaron en el Estado y en la jurisdicción. Por otro lado, 3.800 soldados, suboficiales, incluso algunos oficiales han sido remitidos como no máximos responsables a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas. Más de 1.000 ya han recibido la renuncia a la persecución penal. Tal vez no explicamos bien el espíritu y lo elemental del modelo. Los máximos responsables, que es un universo pequeño, son investigados, juzgados y, de ser hallados responsables, sancionados. Pero la inmensa masa de combatientes rasos, tanto de la guerrilla como del Ejército, recibe renuncia a la persecución penal.
Creo que esto nos da un ejemplo de madurez y de coraje a toda la sociedad colombiana. Nos muestran el camino a la reconciliación. El otro gran hallazgo en la JEP es que la reconciliación es posible y lo hemos visto. Es muy emocionante y habla de lo que los colombianos y colombianas somos capaces. Estos hombres que cometieron crímenes tan graves han sido capaces de reconocerlo ante las víctimas, de decir lo que hicieron, contar por qué, mostrar que sienten vergüenza y que son capaces de reflexionar críticamente sobre el pasado.
Podemos tomar con distancia el pasado y reflexionar sobre por qué ocurrieron esos crímenes. Hoy, muchos de ellos son abrazados por las víctimas y ellas les han dicho: Yo a usted lo perdono porque ha sido capaz de contar toda la verdad y de reconocer su responsabilidad. Y en realidad esa es la JEP. No solo contar la verdad, sino reconocer la responsabilidad. Los agentes del Estado han mostrado que esto es un modelo posible, que les ofrece una oportunidad real y que mal haríamos en exponerlos a la justicia internacional, desvirtuando el modelo y poniendo por encima de la JEP al Tribunal Superior Militar.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
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JORGE DANILO(m63ys)•Hace 22 segundosLa justicia penal militar es una farsa. Encubridora, no investiga y genera impunidad. Volver a ésta como lo pide el Antro Demoníaco es retroceder en justidia, verdad y reparación. Los exmilitares que han comparecido a la JEP son juzgados igual que otros comparecientes de las FARC, tienen todas las garantías procesales y la sanción que se imponga como pena hasta es menor. La Magistrada Catalina Díaz expone con certeza y razón en la entrevista.
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Lalo(70277)•Hace 1 horaSeria y valiente.