El Tribunal Superior de Bogotá revocó la orden de arresto por cinco días y la multa equivalente a tres salarios mínimos, es decir, más de COP 5 millones, impuestas al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, por el presunto desacato a una tutela presentada por la representante a la Cámara Katherine Miranda.
Los hechos se originaron en una solicitud de información que Miranda presentó sobre varios asuntos relacionados con las denuncias de acoso y violencia en RTVC. No obstante, la congresista consideró que las respuestas entregadas no atendían de fondo sus requerimientos.
Contexto: Ordenan arresto del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por desacato a tutela
Por esa razón, interpuso una acción de tutela que fue resuelta a su favor. En la decisión, emitida el pasado 20 de mayo, se ordenó al ministerio del Trabajo responder el derecho de petición en un plazo de 48 horas. En concreto, la cartera debía contestar de manera detallada un cuestionario de 12 preguntas formuladas por la representante.
Como el ministerio no cumplió con esa orden dentro del término establecido, el Juzgado 20 Laboral del Circuito de Bogotá declaró que el ministro había incurrido en desacato y le impuso una sanción de cinco días de arresto. En su decisión, el despacho concluyó que Sanguino “no acató el fallo de tutela de fecha 20 de mayo de 2026, que amparó el derecho fundamental de petición de la señora Katherine Miranda Peña”.
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Sin embargo, al revisar esa decisión, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá concluyó, en un fallo fechado el pasado 8 de julio, que la orden de tutela ya había sido cumplida, pues el ministro del Trabajo respondió de fondo el derecho de petición presentado por Miranda. En consecuencia, revocó la sanción de arresto y la multa impuestas.
Al respecto, el ministro Sanguino se pronunció en la red social X, en la que mencionó: “Queda demostrado que desde Ministerio de Trabajo actuamos conforme a la ley, respondimos de fondo los requerimientos y protegimos la información reservada de posibles víctimas, privilegiando su intimidad y evitando su revictimización frente al uso político y oportunista de la excongresista Miranda”.
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En esa misma línea, el ministro del Trabajo señaló: “La justicia ratifica lo que siempre sostuvimos: cumplimos nuestro deber, protegimos derechos y actuamos con rigor jurídico. La verdad prevaleció. ¡Seguimos!”.
La solicitud de Miranda se remonta a las denuncias de presunto acoso sexual y laboral conocidas durante 2026. En ese contexto, el pasado 6 de abril el Ministerio de Trabajo anunció que realizó una inspección en RTVC. Aunque no se conocen denuncias formales contra el sistema de medios, su gerente, Hollman Morris, ha estado en el centro de las acusaciones públicas.
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