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El 16 de noviembre de 2020 las viviendas de gran parte de la población indígena raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina quedaron destruidas por cuenta del paso del huracán Iota. A más de un año del hecho, la reconstrucción del archipiélago sigue sin materializarse completamente, y las comunidades que allí habitan han quedado a merced de distintas vicisitudes que los han dejado ante una preocupante vulneración de sus derechos.
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La Fundación Árboles y Arrecifes (Trees and Reefs Foundation) presentó ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas un documento en el que expone la grave situación de los derechos humanos a la que se ha visto enfrentada la comunidad raizal del archipiélago, debido a un factor prevalente: el cambio climático. Según la fundación, “los raizales siguen luchando por reconstruir sus casas e infraestructuras, acceder a sus fuentes de alimentación tradicionales y al agua potable”, cosa que no han conseguido desde el impacto del huracán en la zona.
Asimismo, el documento sostiene que estos pueblos, cuya historia es más antigua que la de Colombia en sí, “se encuentran en una situación vulnerable debido a su dependencia, como comunidad indígena, de su territorio terrestre y marítimo”. Para la fundación, las variaciones en el nivel del mar, que cada vez son más frecuentes, han afectado las necesidades fisiológicas, las prácticas culturales y la supervivencia de los raizales.
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El huracán Iota, aunque fue el que más duro golpeó las islas del archipiélago, no fue el único que afectó la zona y a sus habitantes. El 2 de noviembre de 2020 el huracán Eta golpeó directamente en San Andrés y rozó las otras dos islas, las cuales, dos semanas después, el 16 de noviembre de ese mismo año, fueron directamente golpeadas por Iota. Para Trees and Refees Foundation, estos dos huracanes consecutivos “sirven de ejemplo del impacto adverso que el cambio climático está teniendo en las pequeñas comunidades insulares”.
Aunado a los problemas climáticos, los pueblos indígenas afrontan otro inconveniente y es que “Colombia sigue restringiendo cada vez más la capacidad de los raizales para participar en los procesos de toma de decisiones sobre el presente y el futuro de su tierra”, según la fundación. A más de un año del paso de los huracanes, “la comunidad raizal sigue sin poder disfrutar plenamente de los derechos a la alimentación, el agua, la cultura, la propiedad y la autodeterminación”.
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Los cambios climáticos que se han presentado en esa zona les traen a los raizales problemas como la subida del nivel del mar, la erosión y las inundaciones costeras. Con esto así, la calidad de vida de estas personas se ve afectada enormemente en aspectos como la alteración de los ecosistemas, “los recursos naturales como el agua dulce y el suelo, y la biodiversidad, aspectos de la vida que son esenciales para la independencia y la cultura de los raizales como pueblos indígenas”.
Los estragos del paso de fenómenos naturales, además, han afectado el derecho a la salud de los habitantes de estas islas. Según el informe, el único hospital que había en Santa Catalina y Providencia quedó destruido, y en su lugar, las autoridades adecuaron una carpa que, tras un año del paso del huracán, se encuentra deteriorada.
Por otra parte, uno de los pocos sustentos de los raizales es la pesca artesanal, actividad que se ha visto afectada por la variación en el nivel del mar y por el aumento de la población y los niveles de turismo. Ante esta situación, casi la mitad de la población indígena vive en la pobreza, con recursos limitados y con altos precios en bienes y servicios que muchas veces no pueden costear.
Ante las numerosas problemáticas que enfrentan los raizales, ellos mismos han pedido ser incluidos en el Programa Nacional Integrado de Adaptación (INAP), con el fin de conseguir que se les atiendan sus peticiones de involucrar a la comunidad raizal en todas las acciones relativas a la gestión y control de su territorio, medio ambiente y recursos naturales. Asimismo, quieren que se les dé mayor autonomía en temas de gobierno y se les garantice la consulta previa y la colaboración continua en los proyectos que afecten a su comunidad.
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