Sneyder Pinilla, uno de los principales testigos en el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), le pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis Gómez, que intervenga ante su traslado a la cárcel La Picota, en Bogotá. La solicitud fue hecha a través de una carta dirigida al magistrado y al alto tribunal.
Su petición se produjo luego de que el pasado 6 de octubre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) firmara una orden de traslado de Pinilla y de Olmedo de Jesús López, exdirector de la Ungrd. Ambos estaban recluidos en la Cárcel y Penitenciaría para Miembros de la Fuerza Pública de Alta y Media Seguridad (Ejepo), ubicada en el cantón militar, en Bogotá.
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En la misiva de nueve páginas, con fecha del 8 de octubre, Pinilla explicó que su solicitud busca "preservar mi vida, integridad física y psicológica, asi como mi seguridad personal, y las condiciones necesarias para continuar cumpliendo mis obligaciones como testigo colaborador en las investigaciones relacionadas con los hechos de corrupción de la Ungrd".
Según explicó el condenado, existen dos decisiones judiciales que deben examinarse de manera conjunta. La primera corresponde a la decisión del Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, adoptada durante la audiencia de formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento, en 2024.
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En ella, el despacho ordenó que Sneyder Pinilla fuera recluido en un centro de reclusión militar, al considerar que su vida se encontraba en riesgo. La segunda decisión se produjo el 29 de abril de 2025, cuando el Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá dictó sentencia contra el hombre por su participación en el entramado de corrupción.
En esa decisión, fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con peculado por apropiación agravado. En consecuencia, recibió una pena de cinco años, ocho meses y un día de prisión. El juzgado también dispuso que continuara recluido en un centro de reclusión militar.
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"Es necesaria y razonable esta medida, para garantizar los fines constitucionales de su vida e integridad, atendiendo que como se pudo verificar en los documentos trasladados por la defensa, que este ciudadano se encuentra colaborando con la Fiscalía General de la Nación", se lee en la decisión.
Además, en la misiva, el condenado señaló que a estas decisiones se suma una solicitud reciente de la Fiscalía. Según Pinilla, en un oficio del 16 de septiembre de 2026 dirigido a la Dirección de Centros de Reclusión Militar, la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia pidió que tanto él como Olmedo López permanecieran en sus respectivos centros de reclusión militar. En ese sentido, Pinilla considera que la resolución del 6 de octubre "viola el derecho a la vida e integridad personal".
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Asimismo, el hombre aseguró que su protección contribuye a "preservar mi disponibilidad como testigo y la libertad de mis declaraciones". Por estos hechos, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que, en primer lugar, promueva una coordinación institucional urgente entre la Fiscalía, el Inpec y las autoridades judiciales para garantizar el cumplimiento de las decisiones de protección.
También pidió que se solicite al Inpec un informe sobre los motivos de su traslado, el tratamiento dado a las providencias judiciales y al oficio del 16 de septiembre de 2026. Además, solicitó que su situación actual sea puesta en conocimiento de los despachos de la Corte ante los cuales deba declarar, para que valoren las medidas "procedentes en sus respectivas actuaciones".
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