26 Aug 2019 - 11:00 a. m.

Unidad de Restitución de Tierras revisa solicitudes rechazadas en el gobierno anterior

Aunque hay más de 47.000 casos, se hará un examen sobre una muestra de 3.000 para determinar si hubo errores cuando se rechazaron las peticiones de restitución de predios.

Redacción Judicial

Andrés Castro llegó a la Unidad de Restitución de Tierras en septiembre de 2018.  / Cristian Garavito - El Espectador
Andrés Castro llegó a la Unidad de Restitución de Tierras en septiembre de 2018. / Cristian Garavito - El Espectador

La Unidad de Restitución de Tierras iniciará un examen para determinar si hubo irregularidades en las decisiones que tomó el gobierno anterior, en esa misma unidad, al rechazar en su primera etapa miles de solicitudes de restitución de predios que presentaron los ciudadanos. Se trata de un asunto clave que ha sido criticado por organizaciones independientes. Por ejemplo, en septiembre de 2018, la Comisión Colombiana de Juristas publicó un informe que cuestiona el balance oficial alertando sobre falta de control y dudas sobre las razones de las negativas.

Según el informe de la Comisión, la forma como se negaron solicitudes en la Unidad de Restitución entre 2012 y 2017 podría ser cuestionable. “La falta de control legal sobre estas decisiones, la carencia de información coherente sobre las razones jurídicas con las que se toman y las serias dudas sobre la legalidad de algunas de estas, indican que la forma en la que se implementa el trámite administrativo de inscripción en el (registro) sí puede constituir una vulneración al acceso a la justicia y al debido proceso de las víctimas de despojo o abandono forzado de tierras en el país”.

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El director de la Unidad, Andrés Castro, anunció que se solicitó apoyo para esta tarea a la Procuraduría General de la Nación. La idea es examinar una muestra de un poco más de 3.000  decisiones de no inicio de estudio formal de los procesos; de no inscripción en el Registro de Tierras Despojadas; y de desistimiento de demandas. Se trata de los primeros pasos que deben cumplirse antes que se estudie de fondo las peticiones de las víctimas.

“No se pueden reabrir 47.000 casos y tampoco significa que todos los no inscritos hayan quedado mal. Hay Direcciones Territoriales con un número mayor de no inscripciones; de ahí tomamos muestras representativas y las revisamos. Al finalizar el análisis, socializaremos los resultados y construiremos lineamientos jurídicos que digan por qué algunos casos quedaron mal sustanciados”, afirmó Castro.

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Según la ley, estas solicitudes pueden ser rechazadas si, por ejemplo, el hecho de violencia que produjo el despojo ocurrió antes de 1991; cuando se comprueba que realmente el caso no tiene que ver con el conflicto; cuando las peticiones presentan hechos que son falsos; o cuando la persona no puede acreditar que es dueño u ocupante del lugar, entre otros. “Si es necesario, tomaremos la determinación de revocar las decisiones que no estén ajustadas a la Ley y reiniciaremos el proceso para ver si procede la inscripción”, dijo Castro.

En marzo pasado, el director de la Unidad de Restitución dijo a El Espectador que le parecía que el número de solicitudes negadas era muy alto. “Cuando uno revisa en términos absolutos, estadísticos, encuentra que el 35 % de las solicitudes son aceptadas y siguen en el trámite de etapa judicial. El 65 % (unas 40.000 a la fecha) son negadas. Yo también tengo la idea de que es un alto número de rechazos”, dijo en ese momento.

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