24 Oct 2019 - 10:51 p. m.

Urbanización de interés social que no tiene acceso a agua potable no es vivienda digna

Así lo señaló la Corte Constitucional, luego de fallar una tutela en favor de un ciudadano que denunció que las entidades públicas y privadas que le vendieron un apartamento en 2015 no le informaron que el proyecto no contaba con agua potable. La Alcaldía de Ibagué, ordenó el alto tribunal, tiene que garantizar la provisión del preciado líquido.

Redacción Judicial

Imagen de referencia de viviendas de interés social. / Archivo particular.
Imagen de referencia de viviendas de interés social. / Archivo particular.

Leonel Alcides Hoyos Gómez, en 2015, compró una vivienda de interés social en la que vive actualmente con su esposa e hijo. En ese momento, dice el ciudadano, no le informaron que la Urbanización Alminar Samoa, construida en Ibagué y cuya empresa constructora es Construcciones JF, no contaba con suministro de agua potable. En septiembre de 2017, le entregaron el apartamento y solo a los tres meses de estar viviendo allí se enteró que el agua que se surtía en el proyecto inmobiliario no era potable, es decir, no apta para el consumo humano.

(Vea: Esta es la nueva definición de vivienda de interés social en 45 municipios)

En octubre de 2018, una propietaria de otro de los inmuebles ubicados en Alminar de Samoa solicitó a la Secretaría de Salud Municipal que diera un concepto de la calidad del líquido que se abastece en todas esas viviendas. Un mes después, la Dirección de Salud Pública Municipal de Ibagué respondió que, según el Índice de Riesgo de Calidad de Agua para el Consumo Humano (IRCA), el agua que se suministra en los predios de la Urbanización Alminar Samoa presenta un nivel de "riesgo alto" en algunos meses y "es inviable sanitariamente en otros, por lo que no es apta para el consumo humano".

(Vea: Se inicia construcción de 9.000 viviendas de interés social en Usme, sur de Bogotá) 

A raíz de esta situación, Hoyos Gómez ha tenido que comprar botellones y bolsas de agua para suplir el servicio de provisión del preciado líquido. Además, dice que en el conjunto residencial tampoco cuentan con los servicios de transporte y alumbrado público. En noviembre de 2018, el ciudadano presentó una tutela en contra de la Alcaldía de Ibagué, la Secretaría de Salud Municipal, Construcciones JF, el Ministerio de Vivienda, entre otras entidades, que hicieron parte de la construcción, aprobación y venta de la urbanización. Su petición, en la que pedía que se potabilice el agua que se suministra a Alminar de Samoa, acaba de ser fallada a su favor por la Corte Constitucional.

El alto tribunal señaló que la alcaldía de Ibagué y la Junta de Acción Comunal de la zona en donde está ubicado el conjunto residencial no ha actuado "frente a la delicada y urgente situación que afrontan el demandante (Hoyos Gómez), su familia y demás residentes de la Urbanización Alminar Samoa, pues únicamente se han limitado a negar u omitir su responsabilidad, a pesar de conocer con exactitud sus deberes y obligaciones que la respectiva normatividad y jurisprudencia constitucional ha impuesto al respecto". Y añadió que "los municipios son los primeros convocados tanto a observar el mencionado mandato legal y constitucional, así como a velar por el cumplimiento del mismo por parte de aquellos que, de forma indirecta, asumen la prestación del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado".

En esa medida, de acuerdo con la Corte Constitucional, le corresponde al la Alcaldía de Ibagué asegurar el acceso de agua potable de los residentes de la urbanización Alminar Samoa, el cual debe garantizarse en condiciones de "cantidad suficiente, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad adecuada". El alto tribunal concluyó que la Alcaldía y las demás autoridades tendrán un mes para que elaboren un plan para garantizar de forma definitiva la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado.

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