Vía libre para la extradición de Gustavo Moreno

Gustavo Moreno deberá responder por los delitos de conspiración para lavar de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. / Mauricio Alvarado

El pasado 3 de mayo el presidente Juan Manuel Santos firmó una resolución ejecutiva que resulta clave dentro de la investigación por el más grave escándalo de corrupción que hasta ahora haya tenido que enfrentar la justicia colombiana. Se trata de la decisión de darle luz verde a la extradición del exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, pieza fundamental en el entramado de corrupción que habría llegado hasta la Corte Suprema de Justicia.  

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Para el primer mandatario es claro que Moreno ya acabó su proceso de colaboración con la justicia colombiana y ahora debe ser extraditado a Estados Unidos para que responda por los delitos de conspiración para lavar de dinero, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario. En otras palabras, el exfiscal ya contó todo lo que sabe de cómo personas, entre ellas varios congresistas, quienes habrían pagado millonarias sumas de dinero a cambio de que magistrados del alto tribunal intervinieran en procesos judiciales en su contra.

El documento, que lleva la firma del Presidente, es la resolución 086 de 2018 en donde queda claro que el exfuncionario de la Fiscalía cumplió con los requisitos que exigió el propio Juan Manuel Santos cuando avaló, en marzo de este año, la extradición de Moreno. En ese momento, el primer mandatario estableció que, antes de que el exfiscal pasara a ser custodiado por la DEA, debía contarle todo lo que sabía sobre el cartel de la toga a la justicia colombiana para no dejar ninguno de los procesos, que son de talla mayor, en suspenso. 

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Los detalles de lo que Moreno ha dicho ante la Fiscalía, Corte Suprema de Justicia y hasta la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, aún no se conocen en su totalidad. Sin embargo, ya se saben los nombres de varios congresistas, y hasta magistrados del alto tribunal, que estarían inmersos en el escándalo. Por mencionar algunos: exmagistrado Francisco Ricaurte, quien está preso en la cárcel La Picota; el hoy suspendido magistrado Gustavo Malo, cuya acusación ya pasó el primer examen en la Cámara de Representantes y ahora será estudiada por el Senado; y los congresistas Álvaro Ashton y Musa Besaile, ambos presos. 

Aunque para el presidente Santos es claro que Moreno ya terminó su colaboración en Colombia, en la resolución que lleva su firma es claro que el proceso no ha acabado. “En el evento de que este ciudadano sea requerido para atender diligencias ante autoridades judiciales u organismos de control, las entidades correspondientes tendrán a su alcance los mecanismos de cooperación aplicables” entre Colombia y Estados Unidos, tal y como lo pidió la propia Corte Suprema de Justicia.

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Si bien Moreno ahora tiene que responder ante la justicia estadounidense, en su país todavía tiene varios procesos de la mayor importancia. Aunque en marzo pasado fue condenado a más de cuatro años por los delitos de concusión y uso indebido de información privilegiada, todavía tiene otra investigación pendiente. Se trata del expediente por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada que todavía no se ha resuelto. En ambos casos, Moreno deberá cumplir las penas cuando regrese de Estados Unidos.