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Las víctimas del caso de captación masiva de dinero a través de la Sociedad Elite International S.A.S. solicitaron investigar a Rosa Tulia Ramos Villalobos, jueza 22 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá. Esta funcionaria, en días pasados, dejó en libertad a cuatro personas investigadas por estos hechos mientras avanza el proceso judicial.
“Dicha decisión fue tomada (…) como una burla, debido a que la Fiscalía había imputado a los directivos de Elite y las cooperativas originadoras los delitos por: concierto para delinquir, falsedad en documento privado, estafa agravada continuada, captación masiva y habitual de dinero con negativa de reintegro, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos”, se lee en el comunicado.
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La jueza dejó en libertad a José Alejandro Navas Vengoechea y Marino Constantino Salgado Carvajal. El primero es el representante legal de la sociedad y el segundo el vicepresidente de riesgo. También quedaron libres Jorge Navas Vengoechea, miembro suplente de la junta directiva y vicepresidente financiero de la sociedad, y Ana Milena Aguirre Mejía, asociada inicial y miembro principal del Consejo de Administración de la Cooperativa Servicoop de la Costa.
“Queremos expresar en paz nuestra protesta, nuestra insatisfacción y nuestra indignación por lo que hizo la juez. Ya solicitamos al Consejo Superior de la Judicatura que investigue la actuación de esta señora y que ella no piense que esto se va a quedar así. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias legalmente”, comentó Diego Rengifo Montoya, vocero de 400 víctimas y quien participó en un plantón el pasado jueves en la Fiscalía y en los Juzgados de Paloquemao, en Bogotá, para pedir garantías en el proceso.
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Las víctimas dicen que se sienten revictimizadas por las supuestas demoras y negligencias y piden, como parte de sus peticiones, rechazar el principio de oportunidad de Delvis Sugey Medina Herrera y Ana Milena Aguirre Mejía “dado que las condiciones de reparación económica no corresponden a la realidad de la estafa”. Igualmente reclamaron una participación más activa de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo.
En el mismo comunicado solicitan a Francisco Reyes Villamizar, superintendente de Sociedades, trabajar con el objetivo de develar las operaciones de simulación y fraude para reparar a las víctimas, y a Enrique Valencia Montoya, superintendente de Economía Solidaria, que entregue toda la información a las autoridades sobre la violación del régimen de cooperativas.
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