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Una vez más, Álvaro Uribe Vélez le salió al paso a la condena de primera instancia emitida en su contra el pasado 28 de julio, en la que fue hallado responsable de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Por medio de un video en su cuenta de X, el expresidente refutó los argumentos con los que Sandra Heredia, jueza 44 penal con función de conocimiento de Bogotá, determinó su responsabilidad como coautor.
En esta oportunidad, el líder del Centro Democrático hizo referencia puntualmente a la condena por el delito de soborno en actuación penal. El mismo por el cual otro juez de primera instancia halló responsable a su exabogado, Diego Cadena, el pasado 15 de agosto. Ambos togados coincidieron en que abogado y cliente hicieron parte de una red para intentar torcer a testigos, de la cual Uribe Vélez fue “el arquitecto”.
Pese a que la jueza Sandra Heredia detalló en su fallo que el expresidente actuó en calidad de determinador y que aprovechó los intereses de Cadena para no enredar a sus abogados de confianza en las movidas sucias, Uribe Vélez aseguró que no es cierto. “El delito de soborno de testigos, uno por el cual me han condenado, necesita dar u ofrecer un beneficio y pedir que se mienta o que se guarde silencio. No fui determinador, ni de lo uno, ni de lo otro”, dijo el exmandatario.
Agregó que en las más de 20.000 interceptaciones que se hicieron a su línea celular —otro asunto que abrió un debate eterno sobre la validez de esas grabaciones como pruebas—, “no hay una palabra mía distinta a pedir la verdad”. Basó su argumento en que Carolina Vargas Villamil, testigo de la Corte Suprema y de la Fiscalía, “también dijo (durante el juicio) que a Diego Cadena no se le había escuchado pedir que se mintiera o se callara”.
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A renglón seguido, defendió de nuevo la postura que sostuvo durante todo el proceso: que él solo buscaba que los testigos contactados por Cadena en cárceles de Colombia y Estados Unidos, a sus espaldas, dijeran la verdad. “El fallo, a falta de pruebas, dice que la verdad era mi eslogan estratégico para ocultar el delito”, dijo Uribe Vélez, haciendo referencia directa a uno de los dardos que le lanzó la jueza Heredia durante la lectura del sentido de fallo.
“Salta a la luz como, con el eslogan de verificar y decir siempre la verdad, se ha instrumentalizado la franqueza para legitimar lo falso, lo oscuro, lo que no es objeto de prueba, pero que se intranquilizaba el aquí acusado, haciendo de ese discurso la carta de batalla en contra de todos sus adversarios partidistas, ideológicos, académicos, institucionales o cualquiera que representara antagonismo para su proyecto político”, dijo puntualmente la togada.
El expresidente también se refirió a una de las presiones que el abogado Cadena ejerció sobre Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella del expediente contra Uribe Vélez. Tanto en el fallo contra el líder del Centro Democrático como en el de su abogado, la jueza Sandra Heredia y el juez Fabián Moreno acreditaron que Cadena visitó a Monsalve en varias oportunidades en la cárcel La Picota y lo buscó a través de terceros como alias “Caliche”.
El objetivo de esas presiones, según determinó la justicia, era que Monsalve se retractara de antiguas declaraciones en las que había hablado sobre la presunta relación entre los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, con grupos de paramilitares en Antioquia. A cambio de torcer su testimonio, Cadena le ofreció a Monsalve una revisión de su proceso, que podría terminar en importantes beneficios jurídicos.
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Al respecto, el expresidente también se defendió y dijo, una vez más, que no sabía de esas movidas ilegales, por lo que es imposible sostener que fue el determinador: “Sobre la Acción de Revisión, supe 39 días después de aquel 22 de febrero, cuando el tema lo propuso el abogado de Monsalve en una reunión en La Picota, quien dijo que el Dr. Cadena ofreció servicios de su oficina, pero que nunca pidió mentir o callar”.
Agregó: “Confié en el abogado, y por eso le dije que procediera. Esto muestra que actué con espontaneidad, sin cuidado del teléfono, por lo tanto, sin dolo. Es de anotar, como está ampliamente referido en mis intervenciones orales, y probado en las interceptaciones ilegales. (...) Lo supe tarde, fue iniciativa del Dr. Cadena, con interceptaciones anteriores que me informaban de la verdad y de la ausencia de beneficios, no constituye una determinación de soborno de testigos, ni tienen pruebas distintas a suposiciones políticas”.
Uribe Vélez también se refirió al episodio del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”. Según las investigaciones, mientras estaba preso en la cárcel de Palmira (Valle del Cauca), alias “Víctor” fue contactado por Diego Cadena con dos objetivos. Primero, que hablara a favor del expresidente Uribe y en contra del senador Iván Cepeda, quien es víctima acreditada del caso. Segundo, que convenciera a otros exparamilitares de hacer lo mismo.
Para tal fin, según las autoridades, Cadena le ofreció $200 millones a alias “Víctor”, que pretendían hacerse pasar por “ayudas humanitarias”, para ocultar el soborno. El abogado solo habría pagado $26 millones, por lo que, al haberse incumplido el trato inicial, alias “Víctor” se echó para atrás en su compromiso con Cadena y le contó a las autoridades la verdad que conocía.
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“El Dr. Cadena afirma que los giros electrónicos y con trazabilidad a Carlos Enrique Vélez y a su entorno fueron por razones humanitarias. De eso me informó el 19 de junio de 2019, más de un año después de haber hecho el último giro y de haber dejado de prestarme servicios profesionales. (...) El fallo no presenta una sola prueba para desvirtuar esta afirmación que repito”, argumentó el expresidente en su publicación de X.
De paso, metió a la ecuación a Hernán Cadavid, representante a la Cámara por el partido Centro Democrático, que sería testigo de la oposición de Uribe Vélez a las movidas ilegales: “El testigo de esa conversación fue el representante Hernán Cadavid, por entonces director de mi Unidad de Trabajo Legislativo. Hernán Cadavid recordó en el juicio cómo reproché al Dr. Cadena. (...) Si el fallo no le creyó al Dr. Hernán Cadavid, Representante a la Cámara, lo debió compulsar ante la Corte Suprema por falso testimonio”.
Finalmente, el expresidente se refirió al episodio de Euridice Cortés, alias “Diana”, otra exparamilitar que residía en Manizales (Caldas) y que también habría sido buscada por Cadena para limpiar la imagen de Uribe Vélez de relacionamientos con paramilitares, en una versión ante la Corte Suprema de Justicia. Los expedientes del expresidente y de su abogado reseñaron que Cadena sí la buscó y se reunió con ella en una cafetería de la capital caldense, pero que no hubo presiones.
“El Dr. Cadena buscó autónomamente a Eurídice Cortés, Diana. Le tomó un video que se envió a la Corte. Le giró 700.000 pesos para viáticos, lo cual lo supe por noticias en 2019, poco antes de mi indagatoria del 8 de octubre. No tienen pruebas para desvirtuar esta afirmación mía. En el juicio, la testigo Eurídice contestó a la Fiscalía que el Dr. Cadena le hizo llegar 2 millones de pesos en septiembre de 2019 para trasladarse de Manizales a Bogotá a dar una declaración ante la Corte Suprema en Bogotá. En ese momento del juicio fue la primera vez que supe de ese giro”, se defendió el político.
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A pesar de que ambos expedientes, el de Uribe Vélez y el de Cadena, tienen hechos criminales, testigos, pruebas y resultados comunes, el exmandatario concluyó asegurando que la Fiscalá intentó tergiversar su versión, a fin de hacer pasar el pago de honorarios al abogado como una cuota dirigida también a sobornar testigos. Esto, en la línea que dicta el fallo de que Uribe fuel el “determinador” de la red de manipulación de testimonios.
“Si hay algo fácil de verificar, es la tergiversación que la Fiscalía hizo de mi declaración en el juicio para tratar de demostrar que mi pago de honorarios al Dr. Cadena incluía el pago a testigos. Lo grave es que a pesar del video de mi respuesta en el contra-interrogatorio, el fallo tomó esa tesis de la Fiscalía. Me condenaron con falsedades notorias”, concluyó el expresidente, hoy condenado a 12 años de prisión, desde su finca de Rionegro (Antioquia)
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