Los colombianos alguna vez hemos escuchado la frase: “la justicia tarda, pero llega”. Más allá de ser un refrán de cajón, lastimosamente, representa lo que muchas personas piensan del sistema judicial. La confianza en las instituciones no es la más alta y, en algunas regiones, la justicia propia o ancestral no es implementada, como ordena la Constitución de 1991. Esas apuestas por fortalecer diversos sistemas de justicia, justamente, las promueve el programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), que ha puesto sobre la mesa una política de Estado de Derecho en la que, desde diferentes perspectivas, el fortalecimiento de la justicia tenga su foco en las personas.
Son varias las comunidades que han evidenciado los problemas de una justicia que no las pone en el centro y que, sin embargo, trabajan para mejorar el acceso a la justicia. Para Leidy Rosario Pai Nastacuas, lideresa de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa), la justicia centrada en las personas busca cubrir las necesidades de los ciudadanos desde diferentes frentes pero con un elemento en común: que no haya discriminación. “También se deben tener en cuenta las condiciones de vida de las comunidades y su forma de entender y concebir la justicia”, explicó. Para la lideresa, ese derecho no solo responde a acceder a los servicios judiciales, también es respetar su visión desde la justicia propia, como la jurisdicción indígena, precisamente.
En eso coincidió Julián Esaú Calle, líder afro y conciliador en equidad del municipio de San José de Uré, en Córdoba, quien aseguró que la justicia se debe hacer “en torno a los saberes y las costumbres de nuestra identidad”. Para él, ese derecho debe fortalecer los lazos sociales, por lo que ve a la justicia restaurativa como el camino adecuado para reparar los daños causados. Señaló, además, que se debe trabajar en red y explicó que, en su comunidad, la red está compuesta por profesores, padres de familia y otros conciliadores, quienes también replican sus conocimientos en los colegios. De hecho, una de sus luchas, junto a la guardia cimarrona, es que la justicia ancestral afro tenga una interacción cada vez más fuerte con la jurisdicción ordinaria.
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Durante el lanzamiento de la campaña en la redacción de El Espectador, Amalia Eraso, líder del Equipo de Justicia y Seguridad Ciudadana de Usaid, explicó: “La justicia centrada en las personas es un enfoque que promueve el estado social de derecho porque pone a las personas, a sus problemas y sus necesidades, en el centro de los sistemas de justicia, y entiende que ella no es solamente un servicio, sino, sobre todo, un derecho humano”. A renglón seguido, señaló que el programa viene acompañando los esfuerzos de distintas instituciones para ampliar el acceso a una justicia eficiente, oportuna y respetuosa de todos los colombianos.
En ese sentido, el proyecto Justicia Inclusiva de Usaid enfoca sus esfuerzos en incentivar la participación ciudadana en temas de justicia, garantizar los derechos de la ciudadanía y atender sus principales requerimientos. Para que esta iniciativa funcione, se enmarca alrededor de una política para fortalecer el Estado de Derecho, donde se destacan el apoyo a iniciativas de justicia abierta; el avance en la paz con justicia; el fortalecimiento de la integración intersectorial y la acción conjunta; el fácil acceso a la innovación y las soluciones digitales; y, finalmente, el avance en la diversidad, la inclusión, la igualdad, la equidad y la accesibilidad.
Neil Quejada Mena, autoridad ancestral de los pueblos afro de la región de Urabá, durante la presentación del proyecto periodístico Justicia Inclusiva de El Espectador, fue enfático en hablar sobre la importancia de que el concepto de la justicia sea un campo abierto, donde puedan hacer parte cosmovisiones indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras. “Es importante pensar en otras formas de administrar justicia, diferentes a lo que comúnmente se conoce, y en ese ámbito es muy propicio el diálogo entre saberes institucionales y saberes ancestrales”, explicó.
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De acuerdo con Quejada, en su comunidad la justicia no está centrada en lo punitivo, “sino en el rescate de la construcción de una sociedad donde nadie se pierda, sino que cuando se infringe la norma, que no está atada solo en un código civil, sino a un código con la naturaleza, pueda ser llamado a la restauración”, como explicó.
Aunque como Esaú Calle y Quejada Mena existen muchos líderes y lideresas de comunidades indígenas y afro, que piden juzgar a los suyos bajo sus métodos de justicia propia, algunos delitos, considerados como graves o gravísimos, son motivo de que sus casos sean remitidos a investigación ordinaria a través de la Fiscalía, por ejemplo, cuando se habla de amenazas, homicidios y violencias basadas en género. De hecho, Pai Nastacuas recalcó que, en su comunidad, ubicada en Barbacoas, en Nariño, las mujeres muchas veces deben convivir con sus agresores, pues las distancias para acudir a las instancias de la jurisdicción ordinaria desde las zonas rurales es de hasta casi dos días caminando, entre trochas y montañas.
Violencia de género en la justicia
Sobre el tema de violencias basadas en género, la justicia centrada en las personas atiende, de forma prioritaria, las necesidades de acceso a la justicia de las mujeres víctimas para que, además de resolver sus casos, se disminuyan las probabilidades de impunidad de los victimarios. Para Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, las luchas de las mujeres, encabezadas por organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos, han sido el faro para que hoy en día se pueda hablar de justicia.
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“Colombia tiene ley general de violencia contra las mujeres desde hace apenas 15 años. En el marco de la ley 1257 de 2008, se han ingresado al Código Penal otros delitos como el acoso sexual, que ha tenido muchas discusiones porque no se considera suficientemtne grave desde algunos sectores. Una justicia centrada en las mujeres ha sido una lucha propiamente de las mujeres, especialmente de las que son víctimas”, sostuvo.
Por otra parte, Benjumea planteó que, a pesar de las penas y procedimientos que existen en contra de los agresores, aún hay una ausencia de avances institucionales. Esto se refleja en el aumento de casos de feminicidios en Colombia, pues, asegura, se le ha restado importancia a las denuncias sobre violencias basadas en género y violencia intrafamiliar. Incluso, menciona que en esferas políticas se ha normalizado el acoso sexual contra las mujeres, algo que también deja ver la debilidad institucional para investigar esos casos. “Debe haber acciones concretas, rutas de acción para evitar la violencia, no que todo quede en el papel; así se vería presencia de justicia para las mujeres”, anotó.
Algo similar sucede con la comunidad LGBTIQ+, pues, según la organización Caribe Afirmativo, se ha presentado un aumento de 12% de casos de discriminación en contra de población diversa en espacios semipúblicos, es decir, espacios exteriores en lugares cerrados, como establecimientos privados, centros comerciales, entre otros.
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Las cifras no son alentadoras. Hasta comienzos de mayo de este año, en el país iban 18 muertes violentas de esa población. De acuerdo con esa organización, de los actos de discriminación registrados desde el Observatorio de Derechos Humanos en 2022, 840 tienen procesos en estado activo en la Fiscalía y 474 están inactivos. De las 840 víctimas con procesos activos, 831 se encuentran en etapa de indagación (63,24%), sólo siete han avanzado a etapa de investigación y dos se encuentran en etapa de juicio oral. Es decir, 0,53% ha tenido un avance procesal, y sólo 0,15% de los procesos podrían llegar a resolverse.
Para Wilson Castañeda, director de la organización, existen múltiples obstáculos y deficiencias en los canales de atención para casos de violencias cometidas contra personas diversas; no obstante, las rutas están presentes, aunque deben mejorar, según él. “Las víctimas de hechos violentos pueden dirigirse a las alcaldías de los municipios, en donde podrán conversar con las personas enlace LGBTIQ+ o enlace de género”. Castañeda explicó que los funcionarios deben estar en la capacidad de suministrar información necesaria para acceder a la ruta en casos de violencia.
El enfoque de centrar la justicia en las personas también le pone la lupa a mejorar la confianza en el acceso a la justicia para la ciudadanía. Este es un reto particularmente importante para funcionarios como Luis Fernando Lozano, comisario único de familia en Montería, en Córdoba. El trabajo en su despacho no ha sido fácil pues, por ejemplo, ha tenido que sacar de su bolsillo para pagar los transportes. Aun así, ve con buenos ojos la posibilidad de aumentar la confianza de la sociedad civil en la justicia. Desde su perspectiva, y pese a las dificultades, Lozano resaltó que deben brindar garantías para atender sus demandas de justicia. “Se le debe dar instrumentos a la ciudadanía para acceder a la institucionalidad”, concluyó.
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El fortalecimiento de la confianza en la justicia también ha llegado a otros espacios, como los colegios. Líderes y lideresas de diferentes territorios le dijeron a este diario que una de los objetivos al hablar de justicia es que esta se pueda aplicar a niños y jóvenes, para, así, erradicar los conflictos desde edades tempranas. “La idea es que los jóvenes desde muy temprana edad puedan ser agentes de resolución de conflictos para interceder en situaciones como agresiones, peleas, bullying y ciberbullying”, señaló Yira Acevedo, coordinadora de un evento de mediación escolar en Córdoba.
La idea de estas jornadas, entre otras cosas, es fomentar la participación de la juventud en dinámicas de solución de conflictos, al tiempo que se les aleja de amenazas como el microtráfico y la delincuencia. “Queremos atacar los problemas de drogadicción y reclutamiento forzado que tanto han padecido los menores de este departamento”, dijo Juan Camilo Cardeño Camargo, presidente de la plataforma de juventudes del municipio de Puerto Libertador.
Aunque estos son apenas algunos de los escenarios en donde la justicia se centra en las necesidades de las personas, el desafío para las instituciones es, precisamente, que este derecho tenga alcance en diferentes regiones del país. Algunas de las prioridades deben ser poner de primero al individuo, mejorar su capacidad de participación para que la justicia pueda llegar sin tardanzas y fortalecer su interacción con diferentes comunidades.
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