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Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), revela que Colombia cuenta con 1,9 millones de migrantes y es ahora un país de tránsito para refugiados de Asia y África. Estos deben enfrentar varias problemáticas que generan vulnerabilidades durante el ciclo migratorio, como la trata de personas, el tráfico de migrantes y el retorno humanitario. A eso se suma que, en 2023, la Defensoría del Pueblo informó que cerca de 121.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado masivo y confinamiento.
Estos registros han llevado a que distintas organizaciones se sumen a la defensa de los derechos humanos de población desplazada, refugiada y migrante que, en la actualidad, viven en situación de vulnerabilidad. Una de esas es la Fundación ProBono, que desde el 2021, con apoyo de La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), ha buscado restablecer los derechos de estas poblaciones a fin de que tengan una vida digna mientras logran regularizar su situación en Colombia.
Durante 15 años, la Fundación ProBono ha buscado garantizar el acceso a la justicia para aquellas personas u organizaciones que no cuentan con los recursos necesarios para acceder a un abogado que preste servicios legales. A través de una red de más de 30 firmas de abogados, grupos legales empresariales y abogados independientes asumen casos de manera gratuita y voluntaria.
La iniciativa se aplicó en el proyecto ProBono Sin Fronteras, que busca promover la regularización de los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia; además de brindar servicios de justicia a población desplazada y víctimas del conflicto armado. A través de jornadas móviles en Quibdó, Istmina, Puerto Santander, Buga, Jamundí, Yopal, Magangué, Sincelejo y otros 15 municipios del país, brindaron orientación e información sobre derechos a la población.
“Durante estas brigadas hemos logrado atender a más de 1.500 personas. Nuestro objetivo es que esta población, en condición de desplazamiento o migración, puedan encontrar en las instituciones respaldos que les permitan un goce de derechos”, indica a este diario Anamaría Sánchez, Subdirectora de Operaciones de la Fundación.
Sánchez destaca que estas brigadas se realizaron con un enfoque diferencial en donde población LGBTI, niños y niñas con nacionalidad venezolana también pudieron verse beneficiados. Un hecho que destaca es que garantizarle a esta población servicios de salud, formalización de nacionalidad y permisos migratorios, no hubiese sido posible sin las firmas de abogados que desde el voluntariado se han encargado de restablecer los derechos de una población en Colombia que, según ACNUR, vive en pobreza extrema, condición de hambre y sin vivienda digna.
La Fundación cuenta que algunas de las firmas que han participado en este proyecto son: Brigard Urrutia, Ariza & Marín, Cuatrecasas (Colombia), Godoy Hoyos, Gómez Pinzón, Medellín & Durán, y Serrano Martínez CMA, entre otras.
A través de varios equipos de abogados, han realizado intervenciones ante la Corte constitucional para proteger el derecho a la nacionalidad de las personas colombianas retornadas y se acompañó a la población LGBTI+ migrante en procesos para el reconocimiento de su identidad de género en documentos de regularización migratoria.
Esta búsqueda de justicia para población vulnerable hizo que el Proyecto ProBono Sin Fronteras fuese reconocido con el ‘Premio del Proyecto ProBono del Año’ entregado anualmente por Latin Lawyer, una organización de noticias, análisis e investigaciones para la comunidad interesada en temas jurídicos. Este premio reconoce los esfuerzos que hacen las organizaciones para garantizar el acceso a la justicia de poblaciones vulneradas sistemáticamente.
Ahora, la Fundación ProBono, en alianza con otros consultorios jurídicos, espera continuar con jornadas de educación para brindar rutas de atención jurídica para la protección de derechos de personas migrantes, refugiadas y desplazadas internas.
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