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La imagen de las casas incineradas de los gatos que habitaban en la Unidad Bolivariana del Polideportivo de la Villa Olímpica, ubicado en la calle 22 con carrera 19 en la ciudad de Santa Marta, se quedaron en la memoria de todas las personas que aman a los animales.
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El hecho, que conmocionó al país el pasado mes de marzo de 2023, ocurrió tres años después de que el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta-luego de que fuera presentada una acción popular- emitiera un fallo a favor del gremio animalista, donde ordenaba a la alcaldesa Virna Johnson a emplear, cuanto antes, los recursos disponibles para las políticas de bienestar animal en la ciudad, determinados en $1.500 millones de pesos.
“La política pública de bienestar animal de la ciudad existe, tú la buscas en Internet y ahí está, tiene muchos ejes temáticos y programáticos, pero en la práctica no se ve”, indica Lorenzo Bonilla, abogado y defensor de los derechos de los animales a La Red Zoocial. Esta política pública está consignada en el Acuerdo 002 del 3 de mayo de 2018, que orienta las acciones a implementar en pro del bienestar de los animales, entre ellas, la creación de un Centro de Bienestar Animal y la realización de jornadas de esterilización masivas y gratuitas.
Pero, aunque estas acciones, de acuerdo con la página web de alcaldía, se están cumpliendo, habitantes de la ciudad indican que no son suficientes, pues el abandono masivo de perros y gatos, muchos de ellos, en gestación, siguen siendo pan de cada día en la ciudad. “Hay que pensar de qué manera podemos incentivar la cultura de la adopción, y el tema de cuidado y respeto por los animales en los colegios”, dijo Ana Castañeda, reconocida activista, luego de una manifestación realizada en frente de las instalaciones de la máxima autoridad municipal el pasado mes de marzo.
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Sin embargo, Bonilla denuncia que durante estos primeros seis meses del año no se ha realizado ninguna jornada y para ello hay recursos. “Hay un presupuesto de $1.500 millones, de los cuales había un proceso montado en el Secop para utilizar 300, con esa plata la idea es realizar alrededor de 1.500 cirugías, pero quedan $1.200 millones que no se van a poder ejecutar por Ley de Garantías”, explica el abogado, quien añade que no se ejecutó todo el rubro porque la administración municipal debía hacer una apertura para un proceso de contratación mucho más robusto y no iban a alcanzar.
En cualquier caso, la cifra dada por la alcaldía de la ciudad sobre la cantidad de esterilizaciones, que es de 4.100 o las 1.500 que plantea Bonilla, son insuficientes para una población de alrededor de 12.000 animales callejeros. “Esos no son ni paños de agua tibia, no hay ni una sola seguridad por parte del distrito sobre el tema, mientras las fundaciones trabajan duro por ellos, es increíble”, denuncia el abogado.
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El terreno destinado para el Centro de Bienestar Animal
Tras ver la indignación que generó el caso de los gatos y, en cumplimiento del fallo, el secretario de gobierno de la ciudad, José Humberto Torres, realizó una visita de campo en compañía de varios movimientos animalistas para mostrarles dónde podría quedar ubicado el Centro de Bienestar Animal de Santa Marta.
“Según lo planeado, el centro contará con áreas de consultorios, quirófanos, refugio temporal, espacios para desparasitación, vacunación, esterilización, centro de adopciones para los animales en condición de vulnerabilidad, entre otros servicios” indicó la alcaldía distrital a los medios de comunicación locales.
El problema de este lugar, de acuerdo con Bonilla, es que queda muy lejos de la ciudad, “era un terreno donde antiguamente funcionaba la Policía de Carretera y es propiedad del departamento. Nosotros no aceptamos porque se trató de algo muy improvisado y luego nos informaron que ahí ya no iba”, explica Bonilla, quien, además, indica que la ciudad “está en el limbo” en cuanto al bienestar animal.
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Ley de Garantías
El pasado 29 de junio, comenzó a regir en Colombia la Ley de Garantías, que prohibió a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de Entidades Estatales del orden municipal, departamental y distrital celebrar contratos y convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante estos cuatro (4) meses anteriores a elecciones algo que los animalistas califican como “desastroso”.
“Yo creo que ya por el tiempo que le queda a la actual administración no se va a cumplir ese compromiso”, explica Bonilla. Según el abogado, ni el incidente de desacato, que fue emitido hace un mes por el Juzgado Segundo Administrativo, puede ayudar a que se construya un coso municipal acorde a las necesidades de la ciudad.
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De acuerdo con el documento, se ordenó a Johnson la garantía de realización de los programas de esterilización y vacunación permanentes, dirigidos especialmente a animales que se encuentran en situación de calle, así como la construcción de un centro que vele por la atención y bienestar de los animales. En caso de incumplimiento, la alcaldesa de Santa Marta podría enfrentar una pena de hasta 3 meses de prisión o una multa de 50 salarios mínimos legales vigentes.
“Lo último que se nos socializó es que, en cumplimiento del fallo, se iba a asignar otro predio para el Centro, pero no para su construcción, sino que se abrió una licitación para adecuarlo, lo único que quieren hacer es mostrar un cumplimiento” asegura Bonilla.
Información que fue verificada y cuyo proceso aparece en el Secop II con el nombre de “Adecuaciones para la puesta en funcionamiento del centro de bienestar animal y protección integral de los animales del distrito de Santa Marta” por un valor de $97.727.078 con un plazo de 30 días.
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La Red Zoocial consultó a la alcaldía de Santa Marta para obtener más información acerca del lugar donde se estaban haciendo las adecuaciones y cómo sería su funcionamiento, pero hasta el momento de la publicación de esta nota no obtuvimos ninguna respuesta.
Sin embargo, el pasado 13 de julio, la alcaldía de la ciudad informó a través de su página web sobre la firma de una alianza con el Idpyba en Bogotá para la atención de los animales. “Las actividades de cooperación del acuerdo, tienen como objetivo principal las áreas de funcionamiento y operación del Centro de Bienestar Animal, el programa de esterilización y el censo de animales callejeros”, se lee en la publicación en redes sociales.
Mientras tanto, el panorama en la ciudad seguirá siendo similar. Cerca a las zonas turísticas como Gaira, El Rodadero y Bello Horizonte se verán las colonias de gatos en búsqueda de sobras de pescado y los perros con un alto grado de desnutrición. Mientras que, en barrios vulnerables como María Cecilia, Cerro Las Tres Cruces y La Paz, o en zonas aledañas como Tasajera, la situación es aún peor para estos peludos que sobreviven entre la miseria y los malos tratos.
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