Este jueves 12 de febrero de 2026, la administración del presidente Donald Trump, a través de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), tomó una medida clave al derogar el histórico “dictamen de peligro” (endangerment finding) de 2009.
Esta determinación científica había establecido que los gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, representan una amenaza para la salud pública y el bienestar. Además, otorgaba al gobierno federal autoridad para regular emisiones de vehículos, plantas de energía y el sector petrolero bajo la Ley de Aire Limpio.
La resolución generó fuerte controversia, pues contradice el consenso de cientos de científicos ambientales que confirman un calentamiento global acelerado, con la Tierra registrando un calentamiento a un ritmo alarmante.
Aunque la magnitud de la medida sorprendió a muchos, Trump ha sido consistente en sus posiciones frente a la crisis climática. Ha expresado repetidamente escepticismo y negación sobre el calentamiento global, al que califica como una “estafa” o “engaño” impulsado por motivos políticos y económicos.
Esta acción no afecta directamente las regulaciones sobre fuentes fijas de emisiones, como plantas eléctricas o infraestructura de combustibles fósiles, que se rigen por una sección distinta de la Ley de Aire Limpio. Sin embargo, según The Guardian, facilita el camino para eliminar también esas normas en el futuro.
Esta decisión pone a los estadounidenses en peligro
El dictamen derogado establecía que el dióxido de carbono, el metano y otros cuatro gases de efecto invernadero representan una amenaza para la salud humana, tanto en el presente como en el futuro. Estos gases se emiten principalmente por la quema de combustibles fósiles, como la gasolina en los motores de los vehículos o el carbón en las plantas eléctricas.
Abigail Dillen, presidenta de Earthjustice, criticó a la administración Trump en un comunicado de prensa por, según ella, poner en riesgo la salud, la seguridad y la economía del país al desatender su deber de enfrentar el cambio climático. Señaló que las cortes han reafirmado la obligación de la EPA de regular la contaminación climática y calificó la resolución como contraria a la ley, la ciencia y la realidad de los desastres cada vez más intensos.
Además, anunció que su organización y sus aliados demandarán al gobierno en los tribunales.
En redes sociales, el expresidente Barack Obama declaró que esta derogación dejará a los estadounidenses “más expuestos, con menor salud y sin herramientas para enfrentar el cambio climático”, todo para maximizar las ganancias de la industria de combustibles fósiles.
Los argumentos del gobierno
La administración Trump defiende la derogación argumentando que el cambio climático no es un problema que el gobierno federal deba resolver. De hecho, está ha impulsado un aumento en la producción y quema de combustibles fósiles en Estados Unidos, según reporta The New York Times.
La EPA ya ha derogado decenas de regulaciones impulsadas en la era del expresidente Joe Biden (2020-2024), destinadas a reducir la contaminación proveniente de escapes de vehículos, chimeneas de plantas eléctricas, pozos petroleros y gasíferos, y otras fuentes similares.
La EPA afirmó en un comunicado de prensa que esta medida generará ahorros de USD 1,3 billones para Estados Unidos.
La agencia sostiene que la Resolución de Peligro de 2009 permitió imponer regulaciones costosas —incluidos mandatos sobre vehículos eléctricos durante los gobiernos de Obama y Biden— que, según el texto, encarecieron los autos y afectaron a familias y pequeñas empresas.
Lee Zeldin, científico consultado por la administración de Trump y actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA), ha defendido recientemente la revocación de hallazgos científicos clave sobre el cambio climático. Argumenta que carecen de base sólida para justificar regulaciones federales estrictas.
Zeldin enfatizó que esta decisión libera a la industria automovilística estadounidense de regulaciones “innecesarias” impuestas desde 2012, promoviendo el crecimiento económico mientras se mantienen estándares de aire y agua limpios. Afirmó: “Si el Congreso lo autorizó, la EPA no debería hacerlo; si quiere regular gases de efecto invernadero, que lo convierta en ley”.
¿Qué han dicho los científicos y activistas por el ambiente?
Según The Guardian, el grupo ambientalista Environmental Defense Fund advirtió que eliminar por completo la determinación de peligro, junto con la propuesta de Trump de flexibilizar los estándares para vehículos, podría generar hasta 18 mil millones de toneladas adicionales de emisiones que contribuyen al calentamiento global para 2055 —una cantidad comparable a las emisiones anuales de China— y ocasionar hasta USD 4,7 billones en costos adicionales relacionados con la contaminación del aire y el impacto climático.
Abigail Swann, científica atmosférica de la Universidad de Washington, afirmó a The New York Times que las evidencias acumuladas desde 2009 contradicen directamente la postura de Zeldin, quien sostiene que las advertencias sobre el peor escenario posible de ese año ya no son relevantes. Entre las pruebas se incluyen sequías más prolongadas, precipitaciones e inundaciones extremas, y incendios forestales más intensos, como los que devastaron Los Ángeles el año pasado.
La nueva norma acarreará efectos devastadores para la clase trabajadora de Estados Unidos, advirtió Jason Walsh, director ejecutivo de BlueGreen Alliance, coalición de sindicatos y grupos ambientalistas, a The Guardian. “Los multimillonarios como Donald Trump no padecen la destrucción climática”, enfatizó. “La gente trabajadora sí lo hace”.
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Por Laura Henao Arévalo
