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El juicio contra cuatro hombres acusados en Estados Unidos de participar en el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021 comenzó este lunes en un tribunal federal de Miami con la selección del jurado, en un caso en el cual otras cinco personas ya han sido condenadas a cadena perpetua.
Arcángel Pretel Ortiz (colombiano y residente legal permanente de Estados Unidos), Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages están acusados de conspirar en el secuestro y asesinato de Moïse, cometido por un grupo de mercenarios, 17 de ellos connacionales, el 7 de julio de 2021 en su residencia privada del sector capitalino de Pétion-ville, en las afueras de Puerto Príncipe. Otro acusado, Christian Sanon, iba a ser juzgado en este mismo caso, pero no comparecerá por problemas de salud y será juzgado en una fecha aún por determinar.
Documentos judiciales revelan que, entre febrero y julio de 2021, el sur de Florida “sirvió como lugar central para planificar y financiar el complot para derrocar al presidente Moïse y reemplazarlo con alguien que sirviera a los objetivos políticos e intereses financieros de los conspiradores”.
Otras cinco personas fueron condenadas a cadena perpetua entre 2023 y 2024 por su participación en el magnicidio, mientras que una sexta recibió una pena de nueve años de prisión tras entender el juez que no tenía conocimiento del plan cuando financió el envío de chalecos antibalas a los conspiradores en Haití.
Se espera que los seis testifiquen en contra de los acusados, junto con agentes federales. Además, más de cincuenta personas han sido acusadas en Haití con relación al magnicidio, incluida la viuda de Moïse y los 17 exmilitares colombianos, aunque el proceso se encuentra en un punto muerto por la inseguridad extrema en el país.
El inicio del juicio en Estados Unidos se retrasó por la enorme cantidad de evidencias, así como por las dificultades de la defensa para recoger las declaraciones de algunos de los colombianos detenidos en Haití debido a la violencia de las bandas y la crisis política en el país.
Según la acusación, el objetivo de los conspiradores era que Sanon reemplazara a Moïse como presidente de Haití. Una vez en el poder, adjudicaría contratos a una empresa en Doral vinculada a Intriago y Ortiz, de la que Solages actuaba como enlace en Haití. Además, Veintemilla, supuestamente, prestó dinero para la operación a través de su empresa Worldwide Investment Development Group, también con sede en Florida.
El plan se vendió inicialmente a los militares colombianos como una operación de arresto legal respaldada por agencias de Estados Unidos, puesto que Ortiz y Joseph Vincen, uno de los primeros cinco condenados, tienen pasado como exinformantes del FBI y de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Este extremo será un punto de fricción durante el juicio, pues los abogados defensores alegan que sus clientes estaban convencidos de que contaban con el visto bueno de Estados Unidos.
Según el relato de algunos de los condenados, el plan cambió cuando los líderes de la trama dieron la orden directa de matar al mandatario tras intentos infructuosos de captura.
La crisis humanitaria en Haití tras el asesinato
El homicidio de Moïse dejó un vacío de poder en Haití que permitió que las bandas tomaran el control del país, lo que ha desencadenado una crisis humanitaria y de inseguridad.
Ambos factores dispararon la migración de haitianos hacia otros países, entre ellos a Estados Unidos, especialmente en Florida, donde muchos se enfrentan al temor de que el gobierno del presidente Donald Trump elimine el Estatus de Protección Temporal que protege de la deportación a 350.000 personas.
Aunque la administración ha realizado varios intentos por revocar esta medida, varios tribunales se han opuesto por entender que el retorno de los migrantes a Haití los expondría a la violencia.
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