Caso Monómeros: Venezuela ratifica que investigación está activa

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab.

Foto: EFE - Rayner Peña R.

La Fiscalía venezolana informó este viernes que emitió una orden de captura internacional contra 23 “falsos” directivos de la empresa venezolana de fertilizantes en Colombia, Monómeros, que es centro de disputa entre el gobierno de Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó.

El fiscal general, Tarek William Saab, precisó en Twitter que las órdenes fueron acordadas en 2020 y “ratificadas” este mes.

El control de la empresa, filial de la estatal petrolera Pdvsa, está en pugna entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el opositor Juan Guaidó, a quien Colombia reconocía como presidente interino de Venezuela hasta este mes, cuando Gustavo Petro asumió el mando en la nación andina.

La Fiscalía ya había abierto una investigación contra Guaidó por designar a los miembros de la junta directiva de la empresa que pasó a su control, luego de recibir en 2019 el apoyo del gobierno del expresidente de Colombia Iván Duque como “presidente interino” de Venezuela.

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“El Ministerio Público está preparando un equipo de cinco funcionarios de alto nivel, tres fiscales que llevan el caso de Monómeros más dos directores vinculados al tema de la lucha contra la delincuencia organizada y contra la corrupción, para que en el propio territorio colombiano se pueda recabar toda la información actualizada”, dijo el fiscal general a la agencia AFP.

Queremos que “haya justicia, se den las extradiciones que hemos solicitado y que reine la máxima sanción en contra de estos criminales de la patria”, añadió. Los directivos, a quien Saab no identificó, están acusados por los delitos de “usurpación de funciones, legitimación de capitales y asociación para delinquir”, detalló.

Según explicó Saab, la Fiscalía solicitó y ratificó que las personas acusadas por estos hechos sean incorporadas en la base de datos de Interpol con alerta roja, para facilitar su captura en el extranjero, así como su posterior deportación.

Las declaraciones del fiscal se dan un día después de que Armando Benedetti, embajador designado de Colombia en Venezuela, asegurara durante un foro de empresarial que estaba en consideración regresarle Monómeros al gobierno de Nicolás Maduro. “Sobre el tema de Monómeros: la Superintendencia [de Sociedades], en compañía de nuestro superintendente, Billy Escobar, hemos logrado levantar la intervención”, afirmó Benedetti. “También hemos trabajado en buscar el buen suceso de las cosas, pues hay que hacer el cambio de junta con base en que el Gobierno Nacional ya reconoció al venezolano. Él está al frente en la tarea de devolver Monómeros a quien realmente pertenece”, sostuvo.

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“Sobre el tema de Monómeros: la Superintendencia [de Sociedades], en compañía de nuestro superintendente, Billy Escobar, hemos logrado levantar la intervención”, afirmó Benedetti. “También hemos trabajado en buscar el buen suceso de las cosas, pues hay que hacer el cambio de junta con base en que el Gobierno Nacional ya reconoció al venezolano. Él está al frente en la tarea de devolver Monómeros a quien realmente pertenece”, explicó Benedetti

El Gobierno venezolano aseguró en varias ocasiones que emprendería acciones legales para recuperar las filiales de Pdvsa en el exterior, como Monómeros, y Citgo, en Estados Unidos, ambas administradas por personas que Guaidó designó. En septiembre del año pasado, el Gobierno colombiano decidió someter a Monómeros a la “máxima vigilancia” debido a su situación económica, jurídica y administrativa, toda vez que el Ejecutivo venezolano asegura que la empresa está “quebrada”

La junta directiva de Monómeros está integrada por un equipo de 15 personas, encabezado por Guillermo Rodríguez, quien figura como gerente general. La Contraloría General de Venezuela también ha informado que impondrá medidas contra los directivos: inhabilitaciones, prohibición de salida del país y movilizar cuentas bancarias en Venezuela.

Los directivos de la empresa han sido señalados de cometer irregularidades y de buscar la quiebra para rematar la firma. En 2021, el sindicato de la compañía denunció un contrato, anulado después del escándalo, para traspasar 60% de las utilidades a una empresa privada panameña, así como pagos por “asesorías” que tildó de “innecesarias”.

Partidos opositores venezolanos como Primero Justicia (PJ) o Acción Democrática (AD) han marcado distancia con Guaidó por este tema.