Los cuerpos de los cantantes Bayron Sánchez y Jorge Luis Herrera, conocidos también como B-King y Regio Clown, fueron hallados este lunes, tras reportarse su desaparición en México hace dos semanas. Los músicos fueron vistos por última vez el 16 de septiembre, y la Fiscalía mexicana aseguró que sus cuerpos fueron localizados en el municipio de Cocotitlán, en la frontera entre el estado de México y la capital.
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El presidente Gustavo Petro lamentó en su cuenta de X el asesinato de los artistas colombianos en México, señalando que se trató de un crimen de una mafia internacional fortalecida por la “estúpida política militar y prohibicionista” de la guerra contra las drogas.
La desaparición de estos jóvenes no es un caso aislado. En México hay listas eternas de nombres de colombianos que nunca volvieron a casa y que siguen siendo buscados por sus familiares.
Las cifras no dejan de preocupar: en 2024 se reportaron 60 colombianos asesinados en México y 105 fueron reportados como desaparecidos ante el Consulado de Colombia; en 2023 se registraron 305 casos. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación (RNPEDNO), citado por “A dónde van los desaparecidos”. Desde 2010 hasta la actualidad se han registrado 401 casos de colombianos desaparecidos en México.
Sin embargo, aunque existan datos sobre esta problemática, no hay suficientes respuestas para explicar y enfrentar este fenómeno. México es el país donde más presuntas desapariciones de colombianos se han reportado, seguido de Estados Unidos (407), España (307) y Ecuador (219) entre 2014 y 2025, según el medio “Proceso”.
“Hay muy poco interés en el tema; los estados se enfocan en otros asuntos y, al ser independientes, cada uno tiene su propia legislación, por lo que hay escaso apoyo y pocas leyes que regulen las desapariciones”, aseguró Paola Morales, presidenta de la Asociación de Colombianos en Baja California, que se dedica a buscar a colombianos desaparecidos en México, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.
A pesar de la poca información y ayuda de las autoridades, las desapariciones sí se pueden rastrear a ciertas problemáticas como la migración, la trata de personas, la violencia de género y la falta de coordinación binacional.
Según el último informe de la Asociación Civil Migrante 33, existe un subregistro de las personas colombianas que viven en México, lo que impide dimensionar cuántos nacionales viven y transitan por el país. El informe asegura que casi el 92,5 % de las personas que ingresan a México no tienen registrada su salida ni seguimiento, quedando desaparecidas, en lo que se conoce como el “limbo migratorio”.
La situación presenta dos agravantes principales: en el caso de las mujeres, la violencia de género las expone a un mayor riesgo de caer en redes de trata con fines de explotación sexual; mientras que en los hombres, el factor económico los convierte en blanco de ofertas laborales fraudulentas que, en especial, captan a exmilitares, expolicías o guardias de seguridad para someterlos a violencias y obligarlos a trabajar con grupos criminales en México.
Pero, ¿qué pasa con las familias que se quedan esperando a sus seres queridos? Según Moreno, muchas de estas sufren desde la distancia, lo que empeora aún más las circunstancias. La mayoría no tienen los medios económicos para viajar a México y, además, deben enfrentarse a que no existen mecanismos para que los familiares denuncien desde Colombia, “ni para que el propio Consulado canalice esas denuncias directamente ante la Fiscalía”.
Los familiares de colombianos desaparecidos en México enviaron un comunicado a la Presidencia de Colombia en marzo de este año, donde denunciaban los altos niveles de impunidad, el aumento de la desaparición forzada, el secuestro en tránsito y la trata o el tráfico de personas.
Es claro que los mecanismos entre Colombia y México deben mejorar. La falta de coordinación bilateral también ha generado que esta problemática se expanda sin control y sin medidas. Según “A dónde van los desaparecidos”, es urgente investigar el contexto para identificar patrones y redes transnacionales que permiten estos delitos, mientras que la revictimización, la descoordinación institucional y la impunidad siguen bloqueando el acceso a la justicia.
“Los cambios urgentes pasan porque el Gobierno colombiano y sus cónsules realmente trabajen. Ellos reciben un gran salario por firmar pasaportes y documentos, pero, ¿dónde queda la parte humana? Hoy los cónsules se han convertido en burócratas de escritorio, centrados en el papeleo, sin aportar nada a la humanidad ni a quienes más los necesitan”, afirmó Moreno.
La Asociación Colombiana en Baja California explica que ante la desaparición de un connacional en México, el proceso inicia con el reporte a la Comisión Nacional de Búsqueda —sin incluir números personales para evitar extorsiones—. Luego se presenta la denuncia en la Fiscalía, se acude a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para la asignación de un abogado y, finalmente, se lleva el caso al Consulado.
“Pero, en realidad, la ayuda real termina viniendo de las asociaciones civiles, porque los consulados no responden como deberían. Si dependiera de ellos, Petro tendría que publicar cada desaparición para que el Consulado, la Cancillería o la Embajada se movieran; mientras tanto, aquí seguimos con muchos casos sin respuesta”, aseguró Moreno.
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Por Laura Henao Arévalo
