La guerra comercial entre Ecuador y Colombia alcanzó un nuevo nivel con la decisión del gobierno de Daniel Noboa de elevar los aranceles al 50 % por considerar que Bogotá no ha implementado medidas “concretas y efectivas” para combatir el crimen organizado en la frontera entre ambos países. Ese fue el argumento que usó el Ministerio de Producción y Comercio Exterior para sustentar su accionar: “Esto responde a criterios de seguridad nacional para fortalecer la corresponsabilidad en una tarea que debe ser conjunta: enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera”. Con la entrada en vigor el 1 de marzo, esto llega en un momento crítico para ambos países. Por una parte, Quito lidia con niveles históricos de violencia. Por la otra, Colombia está en plena época electoral, con las votaciones a Congreso casi encima. Hay críticas a la diplomacia de lado y lado por dejar crecer el impasse hasta estas dimensiones.
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La primera maniobra vino de Noboa, cuando situó un gravamen del 30 % a decenas de productos colombianos. Bogotá, entonces, suspendió la venta de electricidad a su vecino y elevó en 900 % la tarifa para transportar crudo por su oleoducto. Además, el gobierno de Gustavo Petro prohibió el ingreso por tierra del arroz, el plátano, la papa, el aguacate y el camarón, entre una lista de 30 bienes. La preocupación es grande. Genaro Baldeón, miembro del Comité Empresarial Ecuatoriano, citado por el diario Primicias, aseguró que las medidas arancelarias “constituyen un duro golpe para el comercio formal y para la seguridad jurídica, al tiempo que abren la puerta a la informalidad, la irregularidad y el comercio ilícito”.
Y es que la situación no es fácil. Ramiro Lapeña, internacionalista y miembro de la Asociación de Estudios Internacionales del Ecuador, mencionó que hay una relación comercial asimétrica con Colombia, que se muestra, por ejemplo, en que una buena parte de medicamentos y de insumos quirúrgicos proviene de aquí, así como algunos carros que se venden allá se ensamblan en territorio colombiano. A su criterio, el daño es más latente para las empresas ecuatorianas, pues Colombia tiene más diversificación.
Sin embargo, de este lado de la frontera también se sufren las consecuencias. El politólogo Daniel Guerra, que vive en Pasto (Nariño), comentó que en zonas fronterizas como Ipiales hay miedo e incertidumbre. No solo es que los pasos entre un país y otro estén prácticamente vacíos, lo que ha afectado el turismo y la libre circulación, sino que, según algunos transportistas colombianos, el comercio que realizaban cayó en más de un 50 %. Esto puede empeorar de ahora en adelante.
“Noboa sigue tratando de consolidar una estrategia del enemigo externo, que es Colombia, pero también esto puede ser una respuesta a la demanda interpuesta ante la Comunidad Andina de Naciones frente a lo que a todas luces es una violación a los acuerdos comerciales”, agregó Guerra. Él también enfatizó en que “esta crisis llega en el peor momento. Colombia está en la mitad de una contienda política, y esto, de alguna u otra manera, le sirve al gobierno actual para capitalizar votos, más aún cuando Ecuador fue el que empezó esto. Noboa, por su parte, tiene a la seguridad como su apuesta y está tratando de consolidar su imagen”, justo cuando el país cerró el 2025 con la mayor tasa de muertes violentas en la historia: 50,91 por cada 100.000 habitantes.
Un efecto de esto es el desgaste de la relación diplomática, concluyó Renato Rivera, especialista en seguridad. “Ecuador está tratando de ejercer presión a través de la política exterior y, de cierta manera, de hacer un guiño a Estados Unidos sobre Colombia. Es un desacierto diplomático”, agregó. Y es que el mandatario ecuatoriano ya ha abierto varios frentes de tensión en Latinoamérica, como lo demostró el capítulo con México, que rompió relaciones diplomáticas con Quito tras la irrupción policial en la Embajada donde estaba refugiado el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por corrupción.
Aunque lo que se está viviendo ahora con Colombia no tiene necesariamente que ver con eso o con el crimen organizado en sí, a pesar de que el discurso oficial se aferra a ello, las consecuencias las están pagando los ecuatorianos y los colombianos. Guerra fue claro: “Si el tema es de seguridad, lo que deberían hacer es firmar pactos de cooperación, tanto militar, policial y tecnológica, además porque Colombia tiene mucha más experiencia que Ecuador en combatir los flagelos del narcotráfico”. Si Quito ha mostrado que la diplomacia no responde de momento a una política estratégica, sino más bien a una alineación con los intereses presidenciales, Bogotá, si bien no empezó esta crisis, está distraída al tratar de resolverla.
A la reunión de alto nivel que hubo a principios de febrero, en la cual se trataron temas de seguridad fronteriza, cooperación judicial y energética, además de que Colombia solicitó la suspensión de los aranceles del 30 %, no le ha seguido otro esfuerzo para tratar de encontrar una solución a todo esto. Consultada por este diario, la Cancillería no respondió a las preguntas acerca del tema, aunque desde principios de febrero dejó en claro que el gobierno nacional está dispuesto a mantener un diálogo permanente con las autoridades ecuatorianas, en un intento por fortalecer la relación bilateral.
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