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Estados Unidos vuelve a intervenir en la justicia española en el caso del empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien ha adquirido un papel clave en los acuerdos petroleros entre Washington y Caracas. Betancourt lleva más de un año bajo investigación de la Audiencia Nacional española por presunto blanqueo de capitales y evasión fiscal. La causa permanece paralizada desde hace meses y, según fuentes conocedoras de la investigación citadas por EL PAÍS, el motivo está en Washington.
El proceso permanece a la espera de información que la justicia española solicitó a Estados Unidos a través de una comisión rogatoria, pero que hasta ahora no ha sido enviada. El juez Santiago Pedraz ya había cerrado el expediente en una ocasión y ahora advierte que, si Washington no responde antes de diciembre, podría archivar nuevamente la investigación.
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Alejandro Betancourt ha adquirido un papel clave en el acuerdo petrolero alcanzado recientemente entre Washington y Caracas, mediante el cual Estados Unidos busca obtener importantes ganancias a partir de una parte de las reservas de crudo venezolanas. Aunque el entorno del presidente Donald Trump conoce las investigaciones que han rodeado al empresario en Venezuela, Suiza y España —estas dos últimas todavía abiertas—, Betancourt habría sido utilizado como pieza para impulsar la reactivación de la industria petrolera venezolana después de la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.
A pesar de las polémicas que rodean al empresario, tanto Estados Unidos como la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, han respaldado a Betancourt en su disputa con la justicia. Ese respaldo no se ha limitado a declaraciones públicas, sino que también habría incluido gestiones y maniobras judiciales para favorecerlo frente a las acusaciones en su contra, según reportes de medios estadounidenses.
Cabe recordar que las acusaciones contra Betancourt están relacionadas con la industria petrolera venezolana, un vínculo que añade nuevas interrogantes sobre el reciente acuerdo entre Washington y Caracas. La investigación busca determinar el origen y destino de más de USD 4.000 millones que, presuntamente, fueron desviados de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. En el marco del proceso, la justicia española espera que Washington responda a una solicitud para interrogar a varios testigos considerados clave, quienes ya fueron condenados en Estados Unidos.
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La investigación que adelanta la justicia española por blanqueo de capitales depende de demostrar primero que el dinero analizado tiene un origen ilícito. De acuerdo con fuentes judiciales citadas en el caso, los testimonios de los testigos podrían ser determinantes para establecer si hubo actos de corrupción dentro de PDVSA y, por esa vía, comprobar que los recursos que llegaron a España procedían de actividades ilegales. Con esa base, el proceso podría avanzar para determinar cómo ese dinero fue incorporado al circuito financiero y empresarial legal.
Betancourt es conocido en España, entre otras cosas, por haberse convertido en propietario de la marca de gafas Hawkers. El empresario también ha destinado millones de dólares a inversiones en distintas compañías españolas y llegó a adquirir un castillo en Toledo.
La investigación contra Alejandro Betancourt también tiene una ramificación en Suiza, donde el empresario es investigado desde hace casi una década. En mayo, la Fiscalía de Zúrich retiró una solicitud de extradición que pesaba sobre él en Reino Unido, después de que altos funcionarios de la Administración Trump presionaran a los fiscales suizos para favorecer a su aliado, según The Washington Post. Con el levantamiento de las restricciones de viaje, Betancourt retomó sus desplazamientos entre Venezuela y Estados Unidos mientras avanzaban las negociaciones del acuerdo petrolero entre Washington y Caracas. Aunque la causa suiza continúa abierta, Estados Unidos tampoco atendió una solicitud para detenerlo si ingresaba a su territorio y, en cambio, lo ha respaldado públicamente.
En España, la Fiscalía Anticorrupción investiga a Betancourt y a otros empresarios por el presunto desvío de USD 4.350 millones de PDVSA mediante un préstamo que habría servido para sacar recursos de Venezuela y posteriormente blanquearlos a través de empresas, cuentas y bienes en distintos países. El juez Santiago Pedraz reabrió la causa después de que la Fiscalía recurriera su archivo y ahora espera testimonios clave que deben obtenerse con ayuda de Washington. Mientras esa respuesta no llega, Venezuela entregó a la justicia española un documento que exonera a Betancourt y sostiene que la investigación en su contra fue archivada en 2023. Pedraz advirtió que no esperará indefinidamente y fijó diciembre como plazo máximo para recibir la cooperación esta
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