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El gobierno de Donald Trump amplió este lunes su ofensiva económica contra Cuba con sanciones a una decena de entidades estatales de la isla, entre ellas el Ministerio de Turismo y varias empresas del sector energético y del comercio exterior. La medida se suma a la política de presión que Washington mantiene sobre La Habana en medio de la peor crisis económica que atraviesa el país en años.
“El Departamento de Estado designa a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente”, señaló el comunicado oficial.
Las sanciones se dictaron bajo la Orden Ejecutiva 14404, que autoriza medidas contra personas o entidades vinculadas a la represión en Cuba o a amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, y el Departamento de Estado las agrupó en dos frentes.
El primer frente apunta a lo que Washington llama los instrumentos de represión del régimen. Ahí entran las Milicias de Tropas Territoriales (MTT), una fuerza paramilitar civil de tiempo parcial que opera bajo el mando del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), una organización social y paramilitar que, según la designación estadounidense, realiza labores de vigilancia sobre disidentes por órdenes del Ministerio del Interior cubano.
A ellas se suman la Corporación Antillana Exportadora (Antex S.A.), señalada por gestionar la exportación de mano de obra forzada cubana hacia Angola, y las Brigadas de Respuesta Rápida, grupos civiles armados de carácter parapolicial organizados y entrenados por el gobierno.
El segundo frente se concentra en las fuentes de financiamiento del régimen, es decir, las empresas estatales que generan y canalizan los ingresos que lo sostienen. Ahí quedaron Enetec S.A. y Coreydan S.A., ambas dedicadas a la importación y comercialización de combustibles. Esta última es la encargada, entre otras cosas, del combustible subsidiado que Cuba recibe desde México, además del Grupo Empresarial de Comercio Exterior (Gecomex), que administra buena parte del comercio exterior cubano.
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A estas se suman también la Organización Superior de Dirección Empresarial Caudal S.A., especializada en seguros y servicios financieros, el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (GEMAR), y el propio Ministerio de Turismo, que Washington describe como el mayor actor del sector turístico cubano fuera del conglomerado militar del Grupo de Administración Empresarial (GAESA).
“Estados Unidos seguirá utilizando todos los medios a su alcance tanto para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional que plantea el régimen comunista cubano como para impulsar las reformas económicas y políticas que brinden a Cuba un futuro mejor”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, quien enmarcó las sanciones en el quinto aniversario de las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba.
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Las nuevas designaciones se suman a la ofensiva que Washington intensificó en enero, cuando impuso un bloqueo petrolero y sanciones adicionales que ya han llevado a varias empresas extranjeras a suspender operaciones en la isla, agravando la fragilidad de la economía cubana.
Sumado a esto, las sanciones alcanzaron directamente al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a varios de sus familiares y al coronel Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro el pasado junio. El Departamento de Justicia estadounidense también acusó formalmente a Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas de una organización del exilio cubano, hecho que dejó cuatro muertos.
Según el propio comunicado del Departamento de Estado, todas las propiedades y bienes de las entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo control de personas o empresas estadounidenses, quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
La medida también alcanza a cualquier entidad que sea propiedad, en un 50 % o más, de alguna de las diez organizaciones sancionadas, y advierte que personas o empresas de terceros países que hagan negocios con ellas también podrían quedar expuestas a sanciones.
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