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Luisa González, excandidata presidencial por el correísmo, está siendo investigada por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos. Eso llevó a que la Fiscalía allanara su casa en Quito, capital del país, el miércoles en la mañana. Ella calificó lo ocurrido de “persecución política” y negó tajantemente cualquier financiamiento irregular.
Según las autoridades, “se presume que ingresaban recursos en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023”. En el allanamiento se incautaron teléfonos celulares, pasaportes, computadoras portátiles y varias memorias USB.
¿Qué otros escándalos han salpicado al correísmo en Ecuador?
Caso Triple A: la Agencia de Regulación y Control de Energía interpuso una denuncia contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, en medio de una investigación que señala a una supuesta organización que se dedica a la distribución irregular de combustibles subsidiados. El dirigente de la ciudad fue presidente y gerente de varias de las firmas investigadas antes de llegar a su cargo.
Caso Sinohydro: Lenín Moreno, aunque apartado de las filas del correísmo, es acusado de presunto cohecho, cometido entre 2010 y 2018, período en el que se desempeñó como vicepresidente, embajador en Ginebra y presidente, cargos que consiguió bajo el ala de ese sector político.
Violación a una menor de edad: el exlegislador Santiago Díaz Asque fue denunciado por una presunta violación a una niña de 12 años. Las autoridades allanaron su casa, pero él huyó de la justicia. El 13 de julio de 2025, la Fiscalía anunció una recompensa de USD 100.000 por información sobre su paradero. Finalmente, perdió su curul, fue separado de la Revolución Ciudadana y se entregó a las autoridades. En noviembre del año pasado se realizó el llamamiento a juicio.
Los casos que involucran a Jorge Glas: el exvicepresidente y Carlos Bernal fueron sentenciados como coautores de peculado. La Fiscalía General los señaló por supuestamente usar mal los recursos públicos asignados a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas tras el terremoto del 16 de abril de 2016. Fueron condenados a 13 años de cárcel.
Glas también tuvo que enfrentar una denuncia por acoso y violencia psicológica de su exasistente Soledad Padilla, quien fue militante de la Revolución Ciudadana y trabajó con él 17 años.
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