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La decisión del gobierno argentino de expropiar Vicentín, una de las grandes empresas agroexportadoras del país, revive temores entre empresarios e inversionistas, justo cuando el Ejecutivo de Alberto Fernández intenta reestructurar 66.000 millones de deuda con acreedores del exterior.
Cuarto mayor vendedor de cereales y aceites de Argentina, con un volumen anual de negocios de unos 3.000 millones de dólares, la casi centenaria Vicentín está en bancarrota y se declaró en cese de pagos y convocatoria de acreedores en diciembre. Su deuda asciende a unos 1.300 millones de dólares.
El lunes, Fernández anunció la intervención por decreto de esta firma fundada como empresa familiar, y la intención del gobierno de expropiarla mediante una ley que deberá aprobar el Congreso. La medida hizo estallar la polémica.
"No estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una empresa en quiebra", justificó el mandatario de centroizquierda, al aseverar que se trata de rescatar a una compañía con más de 2.000 empleados y 2.600 productores "varados".
Su idea es convertirla en una empresa mixta, con 51% de capital estatal y 49% privado, así como evitar que sea adquirida por alguna compañía extranjera.
"El Estado tiene un rol que es el de garantizar la presencia de capitales nacionales. Quien me conoce sabe que creo en un capitalismo más justo, pero que creo en el capitalismo", declaró Fernández.
Para el analista político Carlos Fara, la decisión de expropiar “dispara todo tipo de sospechas ideológicas y también del punto de vista de la transparencia”. Pero para Gustavo Sutter Schneider, de las Confederaciones Rurales Argentinas, “esto hace perder seguridad en las inversiones”.
"No nos gusta que se tomen estos caminos por más que se levanten las banderas del bien común", señaló.
Argentina pasó ya por un periodo de estatizaciones de empresas anteriormente privatizadas. Fue durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), en los que Fernández se desempeñó como jefe de gabinete por cinco años.
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Entre esas empresas figuran Aerolíneas Argentinas y Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa), que fueron demandadas ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial. Aún está pendiente un juicio en Nueva York por la estatización en 2012 de Yacimientos Petrolíferos Argentinos (YPF).
En el caso de Vicentín, por tratarse de una empresa argentina, está descartado un proceso en tribunales internacionales.
Sin embargo, el economista Héctor Rubini consideró que el momento no es el mejor para una acción de este tipo.
"Pone en alerta a los inversores y a los abogados de los bonistas (acreedores). Un bonista se puede preguntar cómo Argentina dice que no tiene dinero para pagarle, pero sí para adquirir Vicentín, que en caso de tener patrimonio negativo incrementará la deuda del país", explicó Rubini a la AFP.
En default desde mayo, Argentina se fijó este viernes como plazo para acordar un canje de deuda con sus acreedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera.
La intervención y expropiación ocurre en el estratégico sector de la agroindustria, la principal fuente de divisas para Argentina, en medio de una recesión de más de dos años y de la pandemia del coronavirus que castigará aún más a la economía del país.
La Sociedad Rural San Pedro, que agrupa a los productores agrícolas que más agriamente se enfrentaron a la expresidenta y ahora vicepresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), reaccionó con duras críticas al proyecto oficial.
"En un país democrático, una expropiación no tiene sentido y menos aun cuando está en marcha un proceso (judicial) preventivo en el que el propio Estado, a través del Banco Nación, es un acreedor más", señaló la agrupación.
"La foto hacia el mundo no puede ser peor: un Estado quebrado, que no puede resolver su propia quiebra, intentando arreglar con recursos que no tiene un negocio que requiere centenares de millones de dólares", añadió.
Argentina está entre los 10 mayores exportadores de alimentos del mundo, en particular soja, maíz y aceites derivados, justamente los rubros que cubre Vicentín.
Con una posible participación futura en esa empresa a través de la estatal YPF Agro, algunos alertan que el gobierno podría incidir en los precios agrícolas y también en el mercado cambiario, en un momento en el que el país se encuentra casi seco de divisas.
Sin embargo, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, desestimó esos temores.
“Va a tener un factor indicativo, pero no de manejo del comercio de granos. Hay pizarra (cotizaciones) en Chicago, hay en Argentina, en todos lados hay precios referenciales que impiden que haya abuso de posición dominante”, afirmó a la AFP.
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