La última vez que hubo un cierre del Gobierno de Estados Unidos fue bajo el primer mandato de Donald Trump, aunque también ocurrió durante las presidencias de Barack Obama y Bill Clinton. Entre diciembre de 2018 y enero de 2019, a lo largo de 35 días, transcurrió el impasse más largo de la historia estadounidense, que dejó a unos 800.000 de los 2,1 millones de empleados federales sin sueldo y una reducción económica de unos US 11.000 millones, incluidos US 3.000 millones que nunca se recuperaron, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
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Esta vez el panorama parece más complejo con las amenazas del presidente, las disputas entre legisladores y el respaldo judicial que tiene el magnate republicano en la Corte Suprema. Incluso antes de que los congresistas no pudieran alcanzar un acuerdo, Trump sugirió que el shutdown podría ser aprovechado para cortar drásticamente prestaciones federales y para despedir empleados públicos, ahondando en la tendencia que se ha visto desde el inicio de su segunda administración, hace ocho meses, cuando sacó aproximadamente a 300.000 empleados públicos.
Las culpas se escucharon de un lado y del otro. La Casa Blanca puso a correr un reloj en su página web para mostrar el tiempo que ha pasado desde que “los demócratas cerraron el Gobierno”. Ellos, por su parte, le atribuyeron a Trump, “errático y descontrolado”, así como a su partido, lo sucedido.
Los líderes demócratas del Senado y la Cámara de Representantes, Chuck Schumer y Hakeem Jeffries, respectivamente, aseguraron en una comunicación conjunta que “se paralizó el Gobierno federal porque los republicanos no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”.
También mencionaron que “siguen dispuestos a encontrar una vía partidista (...), pero necesitamos un socio creíble”. Al parecer, se están preparando para una confrontación prolongada con la Casa Blanca y los republicanos del Congreso, y lo mismo ocurre entre las filas de sus oponentes. Es decir, hay poca disposición para negociar de un lado y del otro.
“No hay espacio para confiar”, dijo Juan Albarracín, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Illinois. Si bien el escepticismo entre los dos partidos políticos existe desde hace años, se ha acelerado en los últimos meses, al tiempo que han desaparecido mecanismos informales para lograr acuerdos, como, precisamente, la confianza y la cercanía entre los legisladores.
El shutdown, en el fondo, es un juego de quién cede primero y quién logra imponer su narrativa. El problema es que afecta el día a día de las personas. Entre más tiempo pase, más difícil será lidiar con él y, en consecuencia, la presión será mayor. Los analistas estiman que el crecimiento económico se podría reducir aproximadamente entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales por cada semana que pase, aunque gran parte de esa cantidad podría recuperarse.
Además, los pasajeros podrán enfrentarse a largas filas de seguridad y demoras causadas por controladores de tráfico aéreo no remunerados que decidan quedarse en casa en lugar de trabajar gratis, sumado a que Medicare y Medicaid, programas de salud social para los adultos mayores y para personas en condición de pobreza, podrán experimentar algunas interrupciones. El Programa de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños corre el riesgo de quedarse rápidamente sin fondos y, si la situación se prolonga, es posible que la Administración Federal para el Manejo de Emergencias (Fema) se quede sin dinero para su Fondo de Ayuda para Desastres.
Ese debería ser el centro de la discusión, recriminó Lawrence Gumbiner, exdiplomático y consultor de temas internacionales, más allá de que aseguró que lo que está sucediendo ahora es un claro reflejo de la polarización en Estados Unidos y de que se está abriendo un nuevo capítulo de incertidumbre en el país. Él piensa en las elecciones de medio término previstas para el 2026, pero también en los comicios de este noviembre en Virginia, donde viven cerca de 147.000 empleados federales, según cifras del año pasado, como unas plataformas útiles para los demócratas en su pulso con los republicanos. La cuestión es que todo esto ocurre en momentos en los cuales el Ejecutivo desafía al Congreso, sin que exista un contrapeso sólido frente a ello.
Apenas el viernes de la semana pasada, la Corte Suprema autorizó al gobierno de Donald Trump para mantener congelados unos US 4.900 millones en ayuda exterior, luego de que un tribunal de menor instancia revocó esa acción y consideró que el mandatario estaba usurpando los poderes del Legislativo.
Aunque esa decisión tendrá validez provisional hasta que el Congreso y los tribunales inferiores diriman el asunto, el fallo supuso una importante victoria para la administración republicana, en un caso que mostró cómo está en juego la distribución de poderes entre el Ejecutivo y el Capitolio sobre el gasto público. Si eso llegara a cambiar, no solo habría una desestabilización en el sistema político estadounidense, sino que también se terminaría de consolidar una imagen preocupante del alto tribunal: la de darle tiempo al oficialismo para impulsar su agenda, sin ejercer contrapeso.
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