Entre acusaciones de corrupción, presunto genocidio y homicidio calificado, Dina Boluarte, ahora expresidenta de Perú, fue destituida el jueves por “vacancia por incapacidad moral permanente”. Su polémico mandato, el primero de una mujer en la presidencia peruana, estuvo marcado por un profundo descontento social que, según expertos consultados por El Espectador, tiene raíces más allá de los hechos recientes.
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Antes de su presidencia, Perú enfrentaba una crisis política: el entonces mandatario Pedro Castillo intentó disolver el Congreso y dar un golpe de Estado para evitar su destitución. Boluarte, entonces vicepresidenta, calificó las acciones de Castillo como “inconstitucionales” y se unió a la derecha, convirtiéndose en presidenta en diciembre de 2022, hasta las elecciones previstas para 2026.
El politólogo e internacionalista Ronal Rodríguez señaló que “Boluarte iba perdiendo su capacidad de gobernar desde hace varios meses”. De hecho, las encuestas le daban un 3 % de aprobación en su último registro.
Para más contexto, lea: Dina Boluarte: historia y caída de la presidenta más impopular de Perú.
El camino hacia la destitución de Boluarte
Entre los hechos que disminuyeron su popularidad destacan las protestas que surgieron tras su anuncio de mantenerse en el poder hasta las próximas elecciones. En su intento por silenciar a los manifestantes murieron decenas de personas.
Solo en su primer año de gobierno se contabilizaron 755 movilizaciones contra el Ejecutivo y más de 180 acciones contra el Congreso, según el Observatorio para la Democracia y Gobernabilidad de la PUCP.
A este escenario se sumaron escándalos de corrupción, como el Rolexgate, en el que se le acusó de recibir relojes de lujo y otros productos a cambio de favores políticos. Además, el Ministerio Público la señaló de estar implicada en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, prófugo por acusaciones de corrupción.
Estas y otras denuncias derivaron en al menos 11 investigaciones fiscales en su contra por graves violaciones a los derechos humanos —entre ellas, “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”— y presuntos casos de corrupción.
No obstante, según José Carlos Requena, analista político peruano y socio de la consultora Público, el verdadero detonante de la destitución fueron las protestas de las últimas semanas, protagonizadas por la llamada Generación Z.
Estas se llevaron a cabo por la creciente ola de criminalidad y se avivaron por hechos como el ataque armado contra una agrupación de cumbia. La tragedia, que rápidamente se viralizó en redes sociales, desató una oleada de indignación frente a la inacción del gobierno ante la delincuencia, explicó Requena.
La destitución como estrategia política del Congreso
Aunque influyeron varios factores, Requena subrayó que lo fundamental fue “la mala gestión del Congreso y la apuesta insensible, frívola y superficial de Boluarte”.
Asimismo, Rodríguez destacó la “incapacidad de la entonces presidenta para construir consensos”. Según Requena, ella “fue una presidenta muy impopular cuya supervivencia dependía de sus aliados en el Congreso”.
Es decir, los partidos de derecha que la apoyaban —que incluían a figuras con aspiraciones presidenciales, como Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori— “perdieron la paciencia”, pues la baja popularidad de Boluarte les costaba en réditos políticos, explicó Requena.
No obstante, su sucesor interino, José Jerí, quien asumirá hasta julio de 2026, tampoco tiene una hoja de vida intachable. El abogado de derecha y exlíder del Congreso enfrenta una denuncia por agresión sexual que la Fiscalía archivó por falta de pruebas. También ha sido acusado de supuestos actos de corrupción ligados a la Comisión de Presupuesto y está investigado por desobediencia a la autoridad.
¿Por qué se mantiene la crisis política y qué lecciones deja sobre la democracia?
La “profunda crisis” que vive Perú no es nueva. Rodríguez aseguró que el sistema peruano arrastra esta situación “desde hace años”. De hecho, desde 2016 ningún presidente ha podido completar su mandato debido a destituciones impulsadas por el Congreso.
Requena señaló que la “inestabilidad política se debe a la gran precariedad de los actores políticos”, pues “actúan con intereses de corto plazo y terminan tomando decisiones que no se sostienen en el tiempo”.
Sin embargo, Rodríguez aclaró que esto “no ha afectado al sistema político”. Por el contrario, aseguró que “pareciera que la crisis política ha fortalecido las dinámicas institucionales”, calificando el caso como “llamativo”.
El analista explicó que, aunque el país enfrenta complejidades en la cohesión política y la construcción de consensos, desde el siglo XXI la democracia peruana “se ha ido fortaleciendo” tras la etapa autoritaria de Fujimori. “El sistema ha logrado mantenerse dentro del marco democrático”, recalcó.
“Algunos critican a Perú por la constante salida de sus presidentes; otros reconocemos que, a pesar del poder que tiene el mandatario, este no es inmune”, añadió.
Cabe destacar que las demandas de la ciudadanía peruana por nuevas elecciones presidenciales antes de 2026 no se han escuchado, ni con la salida de Castillo y la llegada de Boluarte, ni —hasta ahora— con la actual jefatura de José Jerí.
Por ende, la caída de Dina Boluarte no es un hecho aislado, sino un capítulo más en la larga historia de inestabilidad política que arrastra Perú desde hace casi una década. El desafío ahora será si el país responde a las demandas sociales pendientes o si continuará atrapado en un ciclo de presidentes caídos y promesas incumplidas.
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Por Juliana Valentina Vélez
