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La cantidad de migrantes, refugiados y desplazados en el mundo que se queda por fuera de los programas básicos de vacunación es desproporcionada. De hecho, según informan organizaciones humanitarias, muy pocos tienen acceso a la atención básica primaria. La aparición de la pandemia no solo agudizó el problema, sino que deja a esta población más vulnerable porque pocos países los incluyen en el plan de inmunización contra el coronavirus.
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Un error, según Antonio Vitoro, director de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) quien, a mediados de diciembre cuando comenzó la vacunación en Europa, advirtió que “los migrantes y demandantes de asilo en la Unión Europea deben tener el mismo acceso a las vacunas que el resto de los ciudadanos”. Por una razón básica: “Nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo”.
¿Qué significa esto? De acuerdo con Johnattan García, experto en salud pública en Dejusticia, “la vacuna reduciría la mortalidad a nivel poblacional y la velocidad de transmisión. Si hay un porcentaje suficiente de personas que tienen inmunidad a través de la vacuna no serán necesario vacunar al ciento por ciento. Pero si tenemos zonas en donde hay mucha migración y ellos no tienen acceso a la inmunización será imposible tener ese porcentaje de personas inmunizadas para bajar el contagio. No darle vacunas a la población migrante nos pone a todos en riesgo. Todos los ciudadanos tienen derecho a vivir”.
Por eso las declaraciones del presidente Iván Duque, quien aseguró que los migrantes venezolanos que no estén regularizados en Colombia o no tengan doble nacionalidad no podrán acceder a las vacunas, desataron la polémica. Cada vez más expertos insisten en las razones por las que el país debería incluir a esta población vulnerable en el plan de vacunación.
Lucía Ramírez, coordinadora del área de migración en Dejusticia, dice que el problema de atar el acceso a la vacuna con un estatus migratorio regular es estructural pues existen muchas dificultades para acceder a esa regularización. “Los requisitos son difíciles de cumplir, por ejemplo pedirles tener un pasaporte para aplicar a la visa colombiana o al Permiso Especial de Permanencia, la mayoría no tiene este documento; es un círculo vicioso ligar el acceso de salud al estatus migratorio, se necesita que el Estado provea rutas acordes con el perfil de la población migrante venezolana para acceder a esa regularización”.
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Ramírez recuerda que Colombia firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, herramienta analizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que se encarga de establecer parámetros y vigilar periódicamente el cumplimiento de las obligaciones por parte de los estados. “El 27 de noviembre el Comité expidió una declaración sobre el derecho universal y equitativo a la vacuna. Una especie de guía para desarrollar los planes de vacunación y señaló que el derecho a la salud se debe garantizar a todas las personas y esto implica ser parte de los planes de vacunación, en este momento contra el COVID-19”, analiza la experta de Dejusticia.
En conclusión, explica que ese comité estableció que la vacuna no puede ser discriminatoria: “Los criterios para decidir quién está en un plan de vacunación no deben ser la nacionalidad, sino la salud. La declaración del gobierno desconoce las implicaciones en salud pública y sería una medida inconstitucional; deberían rectificarse estas afirmaciones y cuando se establezcan los criterios para acceder a la vacuna que no sean políticos, como el estatus migratorio”.
Agrega que “la avalancha migratoria que dice el presidente no está basado en la evidencia, con medidas o no, los venezolanos van a seguir migrando, el hecho de que se impida el acceso a las vacunas no va a detener la migración y va a exponer a las comunidades de acogida”.
El ministro de Salud, Fernando Ruiz, respondió a las críticas que “se llegó a la conclusión que hay que hacer un plan estructurado en el que tuviéramos la trazabilidad completa de la vacuna en las personas y pudiéramos estudiar los efectos adversos que se generan; para eso es fundamental que la población esté identificada, llámese población colombiana o no colombiana”.
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Ruiz insistió en que, independientemente de la nacionalidad y del grupo de edad, “la población tiene que estar identificada en lo que se llaman bases nominales y los que no están registrados es casi imposible hacerles seguimiento” e insistió en que con la población migrante que va y viene no hay obligación de atenderlos.
“Esas personas no generan la inmunidad de rebaño ya que regresan a su país, generando un efecto de congestión en los servicios, de no control del esquema de vacunación y no control”, argumentó.
¿Qué plan tienen otros países con los migrantes? El director general de Sanidad de Estados Unidos, Jerome Adams, dijo en una entrevista con la cadena CBS que no sería ético negarle la vacuna a inmigrantes indocumentados. Añadió que la información que ellos revelen a los centros médicos para que les provean la segunda dosis de la vacuna no se utilizará para afectarlos legalmente.
Pero en los países de América Latina no está claro. El Ministerio de Salud de Ecuador es el único que señala claramente a las poblaciones migrantes, pidiendo identificar los flujos migratorios y ejecutar un plan para inmunizar a la población migrante en las fronteras de alto tránsito. Chile, Perú y otros países que han recibido alto número de migrantes no especifican en sus planes el acceso a la vacuna contra el COVID-19 de este grupo.
Por eso en días pasados, la Organización Internacional para las Migraciones les pidió a los países rutas seguras y legales para los migrantes, y que se les dé cobertura de salud ante la covid-19.
De acuerdo con el jefe de la OMS, el mecanismo Covax firmó unos acuerdos para acceder a casi dos mil millones de dosis de varias vacunas candidatas prometedoras, y “sentó las bases para que se aseguren nuevas dosis a través de contribuciones de donantes”.
Lo anterior significa que las 190 economías participantes del mecanismo podrán acceder a dosis para proteger a los grupos vulnerables en la primera mitad de 2021. “Y en ese grupo están los migrantes”.
Durante décadas, la Organización Internacional para las Migraciones ha sido un actor clave en los esfuerzos mundiales para garantizar que los migrantes y otras personas en movimiento tengan un acceso adecuado a las vacunas en 80 países. En 2019, más de 380.000 niños menores de cinco años fueron vacunados contra la poliomielitis y el sarampión en situaciones de emergencia.