Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El gobierno interino de Perú declaró el martes un estado de emergencia en la capital Lima y el vecino puerto del Callao para frenar la ola de violencia y extorsiones atribuida al crimen organizado. La aplicación de la medida se inició este miércoles por medio del Decreto Supremo Nº 124-2025-PCM.
La decisión permite que el gobierno pueda militarizar las calles y restringir derechos. De hecho, el decreto subraya que cuatro derechos constitucionales estarán bajo suspensión o restringidos. Estos son: la libertad y seguridad personales, la libertad de tránsito en el territorio, la inviolabilidad de domicilio y libertad de reunión.
Tan solo los dos últimos cobijan, al menos, a 10 millones de personas.
“El estado de emergencia [durará] 30 días en Lima metropolitana y el Callao”, dijo el presidente, José Jerí, en un breve mensaje a la nación transmitido por la televisora estatal.
El decreto también establece que para realizar actividades religiosas, culturales, deportivas, o de carácter tanto masivo como público, se debe solicitar un permiso a las autoridades.
La capital peruana ya estuvo parcialmente bajo estado de emergencia entre marzo y julio pasado, tras el asesinato de un popular cantante de cumbia.
Le recomendamos: Israel no es “Estado cliente” de EE. UU.: J. D. Vance y Netanyahu tras reunión
Las medidas que tomará el gobierno en el estado de emergencia
Las medidas que serán llevadas a cabo por el gobierno, según el decreto, tienen el fin de imponer la presencia del Estado en espacios que están controlados por la delincuencia, según Jerí.
Entre estas está el control territorial, en donde un conglomerado de fuerzas compuestas por la PNP, las Fuerzas Armas, y el “serenazgo municipal” se encargarán de hacer patrullaje sostenido y se realizarán operativos de búsqueda por medio del control de identidad (de inmuebles, de extranjeros, de nacionales), según el medio RPP TV.
Entre las medidas se prohíbe que dos personas se trasladen en una misma moto, pues se considera que es una modalidad que usa el sicariato.
Además, se decomisarán las armas ilegales y las autoridades retendrán vehículos con documentos o placas alteradas, ilegibles o manipuladas, y traslado a depósitos autorizados.
Habrá, adicionalmente, un control penitenciario y se luchará contra telecomunicaciones ilícitas. En este ámbito se restringen las visitas en penales, se ordena el apagón eléctrico en celdas, se aplican pruebas de polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entre otras cosas.
La medida busca como tercer punto reforzar la respuesta judicial, la seguridad a operadores de justicia y los operativos contra mercados ilícitos.
Le podría interesar: Casa Blanca responde con un sarcástico “tu mamá” a pregunta sobre reunión Trump y Putin
Las declaraciones sobre el estado de emergencia
“Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país”, dijo Jerí en su mensaje.
“Pero esto se acabó,hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú”, agregó.
La medida es la primera acción de envergadura que toma el gobierno en casi dos semanas que lleva en el poder, en un país que tiene a la inseguridad como una de sus preocupaciones centrales.
“Pasamos de la defensiva a la ofensiva en la lucha contra el crimen, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos”, señaló rodeado de su gabinete.
Las autoridades habían adelantado la semana pasada que se implementaría un estado de emergencia en Lima por la violencia del crimen organizado, lo que motivó protestas masivas con un muerto a manos de un uniformado y un centenar de heridos entre policías y civiles.
El 15 de octubre, las manifestaciones derivaron en fuertes choques cerca de la sede del Congreso. Miles de personas protestaron ese día contra la inseguridad, el Congreso y el gobierno recién instalado del derechista Jerí.
La inseguridad ciudadana provocó el 10 de octubre la destitución en el Congreso de la entonces presidenta, Dina Boluarte.
La crisis peruana
Perú acumula siete presidentes desde que en 2016 estalló una crisis institucional por choques de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso.
Con la violencia en aumento, las denuncias de extorsión pasaron de 2.396 en 2023 a más de 17 mil en 2024. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.
Entre enero y septiembre, en el país se han registrado 20.705 denuncias de extorsión un 28,8 % más en comparación al mismo periodo de 2024.
Al menos 47 conductores han muerto a manos de pistoleros entre enero y octubre de 2025, de acuerdo con Anitra, el principal gremio del sector que agrupa a 460 empresas en Lima y el puerto de Callao.
👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.
🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.
Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!
📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com
