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El ataque perpetrado por Estados Unidos en la madrugada del sábado contra Venezuela, que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ha conmocionado al mundo. Las reacciones han ido desde celebraciones efusivas hasta serios cuestionamientos sobre su legalidad.
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En este contexto, el derecho internacional regula de forma estricta las intervenciones militares y prohíbe el uso de la fuerza entre Estados, salvo excepciones precisas. De hecho, la Carta de las Naciones Unidas establece en su artículo 2(4) que los Estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado.
Así, la intervención militar solo se justifica en casos de legítima defensa, contemplados en el artículo 51 de la Carta de la ONU, cuando existe un ataque armado, o mediante autorización expresa del Consejo de Seguridad bajo el Capítulo VII, con el fin de mantener la paz y la seguridad internacionales.
Por otro lado, doctrinas como la “responsabilidad de proteger” (R2P), aprobada en 2005, permiten acciones colectivas en situaciones extremas como genocidio o crímenes masivos. No obstante, estas requieren la aprobación del Consejo de Seguridad y no pueden aplicarse de manera unilateral, según el Comité Internacional de la Cruz Roja.
A la luz de estos principios, el comité editorial del New York Times recordó que Estados Unidos tiene un historial de empeorar las situaciones en los países donde interviene militarmente. Por ejemplo, dos décadas después Afganistán sigue sin un gobierno estable; en Libia, una dictadura fue reemplazada por un Estado fracturado y caótico; y las secuelas de la invasión a Irak en 2003 continúan afectando tanto a Estados Unidos como a Oriente Medio.
“Trump aún no ha ofrecido una explicación coherente de sus acciones en Venezuela. En cambio, está empujando a nuestro país hacia una crisis internacional sin razones válidas”, señaló el editorial del diario.
Además, desde el inicio del despliegue militar estadounidense contra lanchas vinculadas al narcotráfico —que ha dejado al menos 35 embarcaciones destruidas y más de 110 personas fallecidas en los últimos cinco meses de 2025— han surgido dudas sobre la naturaleza de estas operaciones. En particular, diversos analistas cuestionan si se trata de ejecuciones extrajudiciales más que de una respuesta al “narcoterrorismo”, como sostiene el gobierno de Donald Trump.
En paralelo, expertos jurídicos advierten que el presidente carece de autoridad para llevar a cabo estas acciones sin la aprobación del Congreso, ya que la Constitución reserva a este órgano el poder de declarar la guerra. Según señalan, las operaciones impulsadas por Trump siguen una lógica bélica sin límites claros, con una justificación legal opaca y escasos detalles sobre los hechos concretos, lo que debilita la tesis de un conflicto armado genuino, de acuerdo con la organización Dejusticia.
De hecho, una posible explicación de este ataque y de las crecientes amenazas de Washington se encuentra en la reciente Estrategia de Seguridad Nacional publicada por Trump. En dicho documento, el mandatario anuncia una versión moderna de la Doctrina Monroe, que incorpora un llamado “Corolario Trump”. Este enfoque, según The New York Times, plantea redistribuir fuerzas globales hacia la región, interceptar traficantes en alta mar, emplear fuerza letal contra migrantes y narcotraficantes, y aumentar la presencia de tropas estadounidenses.
Más aún, durante una rueda de prensa celebrada el sábado por la mañana, Trump pidió que se refirieran a esta política como la “Doctrina Donroe”, en alusión a su apellido, y afirmó que “la dominancia americana en el hemisferio oeste nunca más será cuestionada”.
Sin embargo, el cuestionamiento legal frente a los recientes ataques parte de un principio básico: la Constitución estadounidense otorga al Congreso el poder exclusivo de declarar la guerra, según el Artículo I, Sección 8. Si bien existe un historial de presidentes que han eludido esta norma, Trump ha sido especialmente osado en su desafío.
En el caso venezolano, un debate en el Congreso expondría las fisuras en la justificación del presidente. Aunque su gobierno defiende los ataques a pequeñas embarcaciones como respuesta a amenazas inminentes contra Estados Unidos, expertos legales y militares rechazan esa tesis. A su juicio, contrabandear drogas hacia territorio estadounidense no equivale a derrocar gobiernos ni a derrotar ejércitos.
Incluso, dentro de su propio partido, varios republicanos han sido críticos de las intervenciones en Venezuela, lo que ayudaría a explicar por qué Trump ha evitado el debate legislativo.
Por ejemplo, el senador Rand Paul ha cuestionado la falta de autorización del Congreso y respalda iniciativas para restringir estas operaciones ante el riesgo de una escalada bélica sin discusión previa. En la misma línea, la senadora Lisa Murkowski impulsa medidas para limitar las acciones del presidente por sus implicaciones legales e internacionales.
Aunque Nicolás Maduro enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico y denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos, su captura ha suscitado serias interrogantes sobre la legalidad de la operación.
“Capturar y trasladar por la fuerza al presidente de un país supone una vulneración de la soberanía y del principio de prohibición del uso de la fuerza, salvo en casos de autodefensa o con mandato del Consejo de Seguridad”, afirmó Carlota García Encinas, analista internacional de El Periódico.
A ello se suma que Trump declaró que Estados Unidos estará “a cargo” de Venezuela mientras se evalúa un cambio de poder en el país. Esta afirmación, lejos de disipar dudas, choca con los principios básicos del derecho internacional, que consagran la soberanía estatal y la libre determinación de los pueblos.
La Carta de las Naciones Unidas establece en su artículo 1(2) que las relaciones internacionales deben basarse en el respeto a la igualdad de derechos y a la libre determinación. Este marco jurídico obliga a los Estados a no interferir en los asuntos internos de otros países, lo que agrava aún más los cuestionamientos legales contra las acciones del gobierno estadounidense.
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Por Laura Henao Arévalo
