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El Senado de Estados Unidos, el jueves en la noche, condicionó la entrega de US$487 millones para Colombia. Antes de dar el dinero, pide claridad sobre la política de drogas del gobierno de Gustavo Petro. El proyecto de ley, que ahora debe pasar por el pleno del organismo, indica que detiene la entrega de todos los recursos hasta que el Departamento de Estado entregue un informe sobre los planes de la actual administración en Bogotá y hasta saber si estos están en coordinación con los intereses de Washington.
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Los senadores quieren “un resumen de la estrategia, incluyendo la erradicación, la interdicción, la seguridad rural y otros objetivos de aplicación de la ley”. Piden “una explicación de cómo la asistencia de los Estados Unidos apoyará la implementación de dicha estrategia, una descripción de cómo dicha asistencia se alinea con los intereses nacionales de los Estados Unidos y los pasos que pretende tomar para garantizar que dicha asistencia promueva los intereses nacionales de los Estados Unidos”.
Asimismo, los legisladores quieren “una evaluación de la probabilidad de que dicha estrategia pueda reducir de manera sostenible el cultivo, producción y tráfico de drogas ilícitas”, y una rendición de cuentas en cuanto al cuidado del ambiente, los derechos humanos y la salud pública, que debe estar contemplado en la estrategia, según ellos. Estas condiciones toman lugar en una comisión controlada por el Partido Demócrata, que es más afín a Petro.
Estados Unidos y el monitoreo de cultivos de coca en Colombia
Esta posición del Senado estadounidense se conoce después de que se supiera de la interrupción en el monitoreo que hace Washington sobre los cultivos de coca en el país. Según confirmó un portavoz del Departamento de Estado, esto sería “temporal”.
Cada año, la Oficina de Política Nacional para el control de Drogas de la Casa Blanca elabora un informe anual con una estimación de los cultivos de coca y la producción potencial de cocaína en lo que llama la región andina, formada por Colombia, Bolivia y Perú. Por otro lado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) publica también un documento sobre los campos de hoja de coca y la producción de cocaína en el país.
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“Tener dos informes separados con metodologías diferentes, ayuda a obtener una mejor comprensión de la situación, ya que las estimaciones de la Onudd aportan información adicional”, manifestó el portavoz del Departamento de Estado. Las razones para esta suspensión no han quedado del todo claras. Algunas fuentes le atribuyen esto al interés de Estados Unidos por concentrarse en el monitoreo del fentanilo, el cual causó más de 100.000 muertes por sobredosis en el país solo en 2022.
La decisión ha despertado tanto comentarios positivos como negativos. Uno de los que recibió alegremente la noticia fue el presidente colombiano, Gustavo Petro, quien se ha opuesto a la dirección de Washington en la lucha contra las drogas, en especial por el uso de las hectáreas de cultivos de hoja de coca como una métrica para medir el éxito de la política antinarcóticos.
“Las cosas cambian”, manifestó Petro, quien agregó que “la estructura de consumo de narcóticos está cambiando para mal, lo que reduce la demanda de cocaína (en Estados Unidos)”. Por otro lado, la congresista republicana María Elvira Salazar, representante de Florida, se quejó de la decisión de la administración de Joe Biden, quien dijo que “tomarnos en serio el fentanilo no significa que se acabe la lucha contra la cocaína, que causa una de cada cinco muertes por drogas en Estados Unidos”.
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