La suspensión de visas, las deportaciones de migrantes y la detención de indocumentados forman parte integral de la política migratoria impulsada por Donald Trump y su administración en Estados Unidos. Estas, aunque parezcan aisladas, se enmarcan en la consigna de “liberar” al país de “criminales ilegales” que supuestamente representan una medida económica para la nación.
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Aunque las redadas crecientes en ciudades de EE. UU. buscan detener a migrantes indocumentados, la reciente suspensión del procesamiento de visas de inmigrante para personas de 75 países —incluidos Colombia, Brasil y Cuba— por parte del Departamento de Estado ahora también apunta a frenar la migración de forma regular.
“No cabe duda de que una reducción en la llegada de migrantes, tanto legales como indocumentados, encarecerá la mano de obra y contribuirá a presiones inflacionarias. En un contexto en el que el costo de vida es uno de los temas más sensibles en el debate electoral actual, la administración de Trump enfrentará el desafío de reducir costos sin el aporte de la inmigración”, aseguró Lawrence J. Gumbiner, exdiplomático norteamericano y consultor internacional.
El Departamento de Estado, al mando de Marco Rubio, afirmó en un comunicado que la decisión se tomaba mientras se reevaluaban los procedimientos de inmigración para evitar la entrada de “extranjeros que se benefician de la asistencia social y las prestaciones públicas”.
Sin embargo, este argumento es discutible. Un estudio del Manhattan Institute de 2025 revela que la llegada de migrantes reduce el déficit presupuestario federal y expande la economía en general, aunque no se aplica a todos los perfiles migratorios.
Los migrantes que llegan por vías legales con estudios superiores generan millones más en impuestos federales que los beneficios que reciben, ahorrando intereses de la deuda pública y estimulando el crecimiento económico, según el estudio del Manhattan Institute.
Precisamente estos perfiles son los que ahora enfrentan mayores obstáculos para ingresar al país tras la suspensión del procesamiento de visas.
“No hay duda de que muchos migrantes llenan vacíos importantes en el mercado laboral y que una gran parte de ellos paga impuestos que contribuyen a la economía. Al mismo tiempo, existen costos para ciudades y estados asociados a la acogida de grandes flujos migratorios, y la incidencia de la criminalidad —aunque muy inferior a lo que afirma la administración Trump— ha aumentado ligeramente como consecuencia de la migración”, explicó el consultor.
También es importante recordar que los inmigrantes que no cuentan con papeles para vivir en Estados Unidos no tienen acceso a la cobertura de atención médica financiada por el gobierno federal, como Medicaid, Medicare o el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP), según el American Immigration Council.
De hecho, estos tampoco pueden acceder a los beneficios federales del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), antes conocido como cupones de alimentos.
Sin embargo, bajo la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto Activo de 1986, toda persona que requiera asistencia médica urgente en la sala de emergencias de un hospital debe ser tratada sin importar su estatus migratorio. Pero, bajo las medidas de Trump, esta atención también corre peligro.
A partir del 1 de octubre de 2026, las nuevas restricciones en la Ley de Presupuesto Ómnibus y Apropiaciones (OBBBA), impulsada por el presidente Trump, reducirán los fondos federales que reciben los estados para servicios de emergencia. Esto afectará directamente la elegibilidad para Medicaid de titulares de green card, inmigrantes cubano-haitianos especiales y ciudadanos de países con Pacto de Libre Asociación (COFA), según el American Immigration Council .
Por otro lado, en 2023, los inmigrantes indocumentados aportaron USD 26,2 mil millones al Fondo Fiduciario del Seguro Social, parte de los USD 89,8 mil millones en impuestos federales, estatales y locales que pagaron ese año en total. Sin embargo, la mayoría nunca podrá acceder a estos beneficios, ya que su estatus migratorio se lo impide, según datos del American Immigration Council.
La nueva directiva del Departamento de Estado buscará endurecer los requisitos para visas al exigir a los funcionarios consulares evaluar detalles específicos de los solicitantes, como edad, salud, familia, finanzas, educación, habilidades y uso previo de ayuda pública, sin importar el país de origen. Se incluye el nivel de inglés, probado mediante entrevistas en ese idioma, para medir la capacidad de autosuficiencia y evitar “cargas públicas”, según PBS.
“La medida responde a un objetivo político: mantener una postura dura contra la inmigración, que sigue siendo popular, y desviar la atención del rechazo que han generado las tácticas policiales, enfocando el debate en la reducción de visas, un tema con mayor respaldo público”, aseguró Gumbiner.
La narrativa de los migrantes como una “carga” no es nada nueva y se ha usado por la administración en varios momentos. En noviembre de 2025, Trump emitió una directiva que instruyó a funcionarios consulares denegar visas a solicitantes con condiciones crónicas como cáncer, obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y mentales, argumentando alto riesgo de convertirse en “carga pública” por costos médicos elevados.
“Este argumento ha circulado desde hace tiempo en el discurso populista de derecha. Está motivado más por consideraciones políticas que por datos técnicos”, dijo el exdiplomático.
Muchos inmigrantes con cáncer u obesidad sostienen empleos estables y financian su atención médica, contribuyendo más de lo que consumen en impuestos. Datos confirman que su impacto económico es positivo, no una “carga” como alega la directiva, según el Manhattan Institute.
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Por Laura Henao Arévalo
