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La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este miércoles que abrirá una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2017. Así lo informó el fiscal de la corte, Karim Khan.
El anuncio de la apertura de la investigación se produjo tras tres días de visita de Khan, quien compareció ante los medios junto al presidente Nicolás Maduro, para firmar un memorándum en el que explica que, esa entidad, “ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”.
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El caso se remonta a 2018, cuando comenzó una investigación por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad, desde al menos abril de 2017, durante las manifestaciones y malos tratos a opositores en algunas cárceles.
La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió la investigación preliminar en 2018 por la acción de las fuerzas del orden en la contención de protestas contra el gobierno de Maduro un año antes, en las que murieron unas 100 personas.
La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, dijo que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una “inacción” de las autoridades de Venezuela para investigarlos.
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La CPI tiene otro caso de Venezuela en etapa preliminar, interpuesto por el gobierno de Maduro, que en febrero 2020 pidió a la Corte investigar como posibles crímenes de lesa humanidad las sanciones de Estados Unidos en su contra.
Los informes de abusos
Después de las protestas de 2017 se han presentado varios informes sobre abusos de derechos humanos en Venezuela. El primero fue el “informe Bachelet” de julio de ese año, presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que le valió una andanada de críticas por parte de Nicolás Maduro, quien presentó un informe alterno.
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2019
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, denunció “posibles ejecuciones extrajudiciales”, así como de “torturas y malos tratos” de detenidos en Venezuela. En un discurso en la 42ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra, Bachelet presentó un duro nuevo informe sobre la situación en Venezuela bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
“Tan solo en el pasado mes de julio la organización no-gubernamental ‘Monitor de Víctimas’ identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros del FAES en Caracas”, precisó la exmandataria chilena. Según las investigaciones del equipo de la ONU, las fuerzas armadas y de seguridad cometieron 6.856 ejecuciones extrajudiciales entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Bachelet indicó además que su oficina documentó “casos de tortura y malos tratos, tanto físicos como psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares”. También denunció tortura y violencia sexual, así como persecución a los medios de comunicación. A finales de 2019 Bachelet volvió a la carga con nuevos datos.
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“Desde agosto a la fecha, mi oficina ha seguido documentando alegaciones de presuntas ejecuciones extrajudiciales por miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales”, lamentaba Bachelet, entonces.
En los tres meses que siguieron a la publicación de julio de 2019, la oficina de Bachelet documentó “118 casos de personas privadas de libertad” que requerían “una respuesta urgente por motivos de salud, retrasos judiciales, falta de ejecución de boletas judiciales de excarcelación y/o falta de excarcelación por cumplimiento de pena”.
Un primer informe fue presentado en julio de 2019, en el que Bachelet había denunciado la “erosión del Estado de derecho” en Venezuela, advirtiendo también que las sanciones internacionales agravaban la crisis en el país.
2020
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU presentó en septiembre del año pasado un nuevo informe en el que denunció la existencia de una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política”, una estrategia que se venía aplicando hacía casi diez años. Ese informe se elaboró por petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La investigación aseguró que hay un patrón en la violación de derechos humanos y crímenes en Venezuela.
Y afirmaba que en el último decenio –y especialmente desde 2016- el gobierno venezolano y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sus principales ministros están vinculados con posibles “crímenes de lesa humanidad”, afirmó este miércoles el informe. De acuerdo con los investigadores de la ONU. los crímenes identificados “fueron altamente coordinados conforme a políticas de Estado y como parte de un tipo de conducta generalizada y sistemática, por lo cual llegan a ser crímenes contra la humanidad”.
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El documento de la ONU señala que, desde el año 2014, se han cometido “crímenes de lesa humanidad” por parte de las autoridades venezolanas y los efectivos de los cuerpos de seguridad estatales.
En julio de 2020, sin embargo, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, criticó la situación en el país al presentar otro informe en el que denunciaba “detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso” y casos de “tortura y desapariciones forzadas”.
En esta ocasión, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad en un exhaustivo informe de 443 páginas.
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Para la elaboración del informe, se revisaron 2.500 incidentes que involucraron 4.600 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad y considerados “ejecuciones extrajudiciales”.
Además, según información de varias fuentes manejadas para la confección del documento, se han registrado 3.479 casos de detenciones arbitrarias por razones políticas en los últimos seis años.
2021
En la actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela por parte de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michel Bachelet, denunció el deterioro de la crisis humanitaria en Venezuela y sus efectos en la población, azotada por el hambre, la falta de servicios públicos. entre otras cosas.
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Bachelet relató que su oficina continúa recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad y, en concreto, se refirió a la muerte de al menos 14 personas durante una operación policial en el barrio caraqueño de La Vega a comienzos de enero de 2021.
“Es urgente continuar avanzando con los procesos judiciales de rendición de cuentas por las muertes en las protestas sociales de los últimos años”, insistió.
Denunició también la detención de presos políticos. “Sigo instando a que se liberen a todas las personas detenidas arbritrariamente”. Y se refirió a la detención de tres activistas de la ONG Fundaredes, que venía denunciando la connivencia entre el régimen y las disidencias de las FARC en la frontera colombovenezolana. “El arresto de tres miembros de Fundaredes hace tan solo tres días es sumamente preocupante. Aprovecho para solicitar el acceso urgente de los abogados defensores”, dijo.
“La oficina Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. El ACNUDH no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021″, dice el informe.
Las denuncias de HRW
Human Rights Watch (HRW) también ha hecho varias denuncias sobre Venezuela. En 2016, hizo saltar las alarmas por la Operación Liberación del Pueblo (OLP), implementada en 2015 para realizar allanamientos, detenciones e incautaciones.
Según HRW, ocurrieron varias muertes. “Las fuerzas de seguridad violaron derechos fundamentales al conducir a detenciones arbitrarias, revistas ilegales a domicilios, además de abusos físicos y verbales”.
En 2019, denunció al gobierno de Maduro por detención y tortura de militares, “acusados de conspirar”. El informe analizó 12 casos de 2017 y 2018 que involucran a 32 personas.
“El gobierno venezolano ha reprimido brutalmente a efectivos militares acusados de conspirar”, decía entonces el director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco. Los detenidos denunciaron palizas brutales, asfixia, cortes con cuchillas en las plantas de los pies, descargas eléctricas, ayuno forzado, prohibición de ir al baño y amenazas de muerte.
En enero de 2020, en su análisis sobre los abusos a los derechos humanos en América Latina, HRW acusó al gobierno venezolano de reprimir a la oposición, utilizando la violencia contra los manifestantes, encarcelando a dirigentes políticos y llevando a civiles a tribunales militares.
En diciembre del año pasado, HRW aseguró que era “imperativo” que “haya justicia” en Venezuela, tras el informe publicado por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) que advierte acerca de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por varios cuerpos de las fuerzas de seguridad.
Este informe “contribuye a la búsqueda de justicia de las víctimas de atrocidades cometidas durante el Gobierno de Nicolás Maduro”, recoge un comunicado de HRW.