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Pese a todos los recursos internacionales y gubernmentales para ayudar a los migrantes venezolanos, sigue habiendo grupos en extrema vulnerabilidad. La población LBTI, por ejemplo, o la que tiene VIH, se han encontrado con más dificultades de las normales, pues al llegar a los países se acogida se enfrentan a obstáculos para encontrar medicinas, tratamiento y asistencia legal. Desde el pasado 15 de junio está funcionando el Observatorio Migrante, una herramienta de información, vigilancia e incidencia política, que buscará evidenciar la problemática de la población migrante y refugiada en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. El director de AID FOR AIDS Colombia, Jaime Valencia, habló con El Espectador y explicó los retos y las oportunidades del proyecto.
¿Cuál es el panoarama de estos migrantes y refugiados venezolanos?
Esta población normalmente es doblemente vulnerada. Primero porque no encuentran su forma y sus sustento de vida y en cuanto a salud tampoco encuentran los medios en sus países. Salen y llegan a Colombia donde tampoco encuentran los medicamentos y el acceso al servicio de los recursos médicos, sobre todo el migrante o el refugiado, que no tienen la parte legal dentro de Colombia. El 57% del casi 1.800.000 de esta población está irregular, no tiene la docuentación ni el acceso al servicio de salud.
Encima del hecho de ser migrante o refugiado, en donde siempre hay como un estigma, viene también la parte de tener diferente identidad de género u orientación sexual. Desafortunamente nuestros países todavía les hace falta y esto aumenta el estigma. Encima, también está la posibilidad de que la persona tenga VIH, y la enfermedad lastimosamente sigue teniendo mitos y creencias falsas alrededor que todavía genera estigmatización alta. La persona irregular no encuentra este servicio de acogida.
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La población LGBTI, además, está siendo invisibilizada por la respuesta que está dando el gobierno y la cooperación internacional. Esta última se ha dedicado mucho a la acción humanitaria, pero a otras poblaciones, mujeres y niños, por ejemplo. Esta población está quedando por fuera al acceso de la información, del servicio, pruebas de VIH, al acceso del servicio médico, por lo que queda doblemente vulnerada.
¿Hay diferencias en la recepción a nivel regional?
En Perú y Chile hay acceso universal de servicio para las personas con VIH independientemente de sus estatus migratorio. En Colombia no existe esa política. Ahora bien, existe el estatuto temporal de permanencia, que es un gran avance, pero se queda corto porque hay grandes brechas de atención en donde hay muchas personas que no entran en la cobertura de la herramienta y hay un límite de tiempo por el que aplica.
Sabemos que muchas de estas personas entran por trochas, por lo que muchas se quedan en el limbo. El objetivo del Observatorio Migrante es mostrar cuáles son todas las brechas que existen en la región en los países de acogida, que sirva de incidencia a los tomadores de decisiones dentro de las políticas públicas de los países para acoger a esa población que definitivamente llegó a quedarse. Tenemos que empezar ya a integrarlos a la sociedad.
¿Qué tipo de asistencia se le da a esta población?
Nuestro foco es el acceso médico a las personas con VIH, especialmente al refugiado o migrante venezolano que no tiene acceso en el país de acogida. Le ofrecemos el tratamiento, además de que tenemos diferentes rutas de atención creadas en diferentes departamentos, como Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Soledad, Medellín, Bogotá, Cali, donde junto con la institucionalidad y la cooperación internacional tenemos servicios que prestan un aire de vida para ese migrante irregular. Además, prestamos servicios legales, psicosociales a esta población mientras se regularizan o se mueven a otro país, o se devuelven a Venezuela.
¿Qué se puede hacer desde el lado gubernamental? ¿Si bien el Estatuto de Protección Temporal es importante, hay algo más?
Creo que tiene que haber un cambio a nivel político que permita que los países de la región que no son tan amigables a la migración lo sean. Sabemos que esto es un momento donde todos los gobiernos y las agencias están aprendiendo en el camino, hay que seguir trabajando en las políticas públicas para que esta población sea acogida de la manera que tiene que ser, con un trato enmarcado en los derechos humanos, independientemente de donde vengan tienen derecho a trabajar, a la salud, a la vivienda y la educación.
¿Hay datos sobre las cifras de migrantes con VIH o de la comunidad LGBTI que sale de Venezuela?
El problema con Venezuela es que es un país donde no hay números, donde nunca se habla sobre la prevalencia, con un sistema de salud colapsado, donde hace mucho años no hay medicamientos o pruebas de VIH, donde no hay acceso a condones, a información, entonces no sabe la prevalencia en Venezuela. Según la red de venezolanos con VIH pueden haber salido unas 10.000 personas con esta condición. Esto empeora cuando conocemos las condiciones en las que salen y a las que se exponen, como la trata de personas, a la violencia sexual y de género.
Nosotros hemos hecho alguna prevalencia y son cerca del 2%. Ahorita saldrá un primer estudio en Perú, pero a nivel regional no conocemos con seguridad este porcentaje.
¿Qué viene ahora para el Observatorio Migrante?
Queremos seguir promocionándolo con los organismos interesados para tocar a la sociedad civil, que haya una incidencia político, llegar a los migrantes para que sepan que hay ayuda. También queremos hacer un llamado a la comunidad internacional para que apoye al Observatorio y se pueda mantener en el tiempo. Queremos mantener el trabajo en cada país y llegar a otros. Queremos que sea una herramienta que sume a la respuesta de la crisis.