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Cuando a Edith le segaron la vida tenía 26 años y a su hijo de solo seis le quitaron el derecho de crecer junto a su madre. El delito se consumó en abril de este año y horas después su esposo y victimario se quitó la vida argumentando en una carta póstuma que el “feminismo era la causa de los asesinatos” y que se debía “volver a la era pasada”, cuando “todo estaba bien” y las mujeres “obedecían a los hombres”.
En lo que va de 2021, los crímenes en razón de género engrosan una lista de 55 víctimas fatales en Bolivia. El promedio de feminicidios es de uno cada tres días, una cifra prácticamente invariable en los últimos ocho años, desde que rige en el país la “Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia Nº 348”, cuya aplicabilidad es cuestionada hoy desde diversos frentes.
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Un total de 840 mujeres han muerto a manos de sus feminicidas desde 2013, según el registro oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que datos recogidos por una comisión legislativa dan cuenta de que únicamente en el 37,8% de los casos —es decir, solo en cuatro de cada diez— se logró una sentencia ejecutoriada contra los criminales.
“Queremos celeridad en los procesos, que las autoridades judiciales y los operadores de justicia actúen en el marco de la normativa vigente. Queremos justicia para todas las familias de los casos de feminicidio”, dice la diputada Estefanía Morales, presidenta de la Comisión Especial Mixta de Investigación Sobre la Retardación en la Atención y Resolución de casos de Feminicidios y Violencia hacia las Mujeres de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
La comisión fue creada el 17 de diciembre de 2020 precisamente para indagar qué es lo que demora los procesos judiciales en contra de los feminicidas. Los legisladores que la conforman recorrieron diversas regiones del país recogiendo información y este 18 de junio debían presentar un informe a la Asamblea, pero su tiempo de trabajo fue ampliado hasta diciembre de este año. Por ahora, Morales adelanta que el número de criminales castigados conforme a la ley ni siquiera llega al 40 %.
En reuniones con el Órgano Judicial, la Defensoría del Pueblo y la Policía también se acordó dar seguimiento a 87 casos en los que los familiares solicitaron una auditoria jurídica del proceso. Con un sistema judicial y una Policía acusados de incompetencia, corrupción y falta de compromiso con esta problemática, la comisión también ha denunciado a fiscales y a vocales de las Cortes Superiores de Justicia por incumplir sus funciones.
El tercero con las tasas más altas
El feminicidio es la forma de violencia más extrema ejercida por los varones sobre las mujeres y en la mayoría de los casos es acompañado o precedido de otras formas de violencia. En Bolivia, este delito se encuentra tipificado en el artículo 252 del Código Penal, incorporado mediante la Ley Nº 348.
De acuerdo con el estudio “Los rostros de la violencia de género”, publicado este 15 de junio y que aborda un periodo de nueve años (de 2010 a 2018), Bolivia ocupa el tercer lugar entre los países de América Latina y el Caribe con las tasas más altas de feminicidio: 2,3 por cada 100.000 mujeres, solo precedido por El Salvador y Trinidad y Tobago.
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“Esto nos muestra que Bolivia está en un tercer lugar al nivel de los países centroamericanos, considerados los de mayor violencia contra las mujeres, a gran distancia de México o Brasil, que son más cercanos y que si bien presentan un número elevado de feminicidios, tienen tasas más reducidas (1,4 y 1,1, respectivamente)”, expone Marlene Choque, la investigadora a cargo del estudio.
Añade que en el 75% de los casos, es decir, tres de cada cuatro, las víctimas fatales tenían entre 20 y 44 años. “Las mujeres en Bolivia están siendo asesinadas en la edad reproductiva, en la edad en que conforman sus familias y cuando están estableciendo sus proyectos personales de vida”.
Con respecto al victimario, la investigación confirma que los feminicidios son cometidos por personas con vinculación íntima y sentimental (esposo, concubino, novio y expareja) en el 65% de los casos.
El año con mayor número de víctimas fue 2018, con 128 asesinatos, y 2020 cerró con 113. El primer caso de 2021 se produjo dentro de un centro penitenciario en la ciudad de Pando, frontera con Brasil, donde una mujer que ingresó de visita fue asesinada por su propio esposo sin que el sistema carcelario hubiera evitado la tragedia.
“La prevención de la violencia debe enfocarse no solo en la víctima; el estudio nos exige tomar en cuenta al círculo social y la importancia que tiene el grupo para salir del círculo de violencia (…) Como Estado debemos exigirnos medidas más asertivas contra la violencia y el enfoque debe ser multinivel y multisectorial”, dice Claudia Peña, directora de Prevención e Eliminación de Toda Forma de Violencia, dependiente del Ministerio de Justicia.
Otro de los ejes de trabajo de la comisión es reducir las cifras de violencia intrafamiliar. “Nos llama la atención el número de casos. Vamos a coordinar para que funcione mejor el botón de pánico, queremos las mujeres puedan denunciar desde sus casas para que la Policía acuda de inmediato a auxiliarlas”, adelanta la diputada Morales sobre este mecanismo creado hace dos años para que las víctimas sean socorridas, pero que por ahora solo se activa en casos de denuncia previa ante la autoridad competente.
Solo en 2020, y pese a que el confinamiento por la pandemia representó un obstáculo para las denuncias, en especial entre abril y junio, el país reportó cerca de 35.000 casos de violencia intrafamiliar.
Causas de la violencia
“El machismo reacciona ante un factor que es por el que peleamos: el manejo de poder sobre la vida y el cuerpo de las mujeres. Lo que más violenta a una persona es la pérdida de poder sobre algo que considera de su propiedad, que es lo que regularmente hacen los machistas. Cuando ya no pueden hablar ni chantajear, usan la fuerza física como única forma de ejercer dominio, y si aun así la otra persona no se deja, les queda matarla”, reflexiona Carla Gutiérrez, directora ejecutiva del Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza.
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Gutiérrez coincide con Choque en que el feminicidio es un proceso precedido de diversos tipos de violencia que van en escalada. “No es un evento aislado, ni un crimen conyugal ni fruto de arrebatos pasionales u hormonales. En la relación hay cambios de estrategias discursivas donde el varón infringe daño, pide perdón, promete cambio y esto lleva a la pérdida de autonomía de las víctimas, a lo que se suman la baja autoestima de las mujeres y el debilitamiento de los lazos sociales de auxilio”, afirma Choque.
Por consiguiente, la comprensión de esta problemática no se reduce solo a culpabilizar a la víctima, y la Ley Nº 348 poco ha conseguido al respecto.
“El gran problema es su implementación y no su formulación. Si no hay presupuesto suficiente para que se operativice y si las entidades no tienen claridad respecto de sus contenidos no vamos a poder conseguir resultados. La ejecución de la ley se centra en la atención de los casos de violencia y muy poco se trabaja en la prevención y la recuperación de las víctimas”, sostiene Gutiérrez.
Cita como ejemplos que los procesos judiciales resultan costosos, que los litigantes deben correr con los honorarios del abogado y el pago de memoriales, incluso costear el pasaje de los policías a cargo de la investigación, lo que deriva en el abandono de las causas.
Se suma la alta rotación en los cargos que deberían estar institucionalizados, como los de los funcionarios del Ministerio Público, las alcaldías y las gobernaciones a cargo de esta temática, a quienes, además, no se capacita adecuadamente para atender las 16 formas de violencia reconocidas en la norma.
En el ámbito penal, “el proceso es muy burocrático y se alarga. El agresor presenta recursos y llega a obtener detención domiciliaria, con escaso control de parte de la Policía, y vuelve a las calles y amedrenta a familiares. El proceso inicia viciado. Hay que hablar de la integridad de ciertos policías y fiscales cuando habiendo pruebas los procesos son retardados”, afirma.
En la línea de promover un cambio desde los cimientos, la comisión mixta de legisladores que se ocupa del tema propuso la semana pasada al Ministerio de Educación incluir el tema en los contenidos del currículo educativo, desde el nivel inicial.
En el caso más reciente de feminicidio en Bolivia, Ana L.M.G., de 23 años de edad, perdió la vida al caer del tercer piso de un edificio en la ciudad de El Alto, en el departamento de La Paz. El Ministerio Público sostiene que todos los indicios apuntan a que se trató de un crimen en razón de género cometido por dos hombres que estaban con ella en ese momento. La familia de Ana clama y espera que se haga justicia.