La primera operación militar estadounidense en un país sudamericano, llevada a cabo el 3 de enero, ha conmocionado a la región y al mundo. El audaz uso de la fuerza para capturar y arrestar al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, fue la culminación de una campaña sostenida de presión e intimidación destinada a derrocar al dictador venezolano. El presidente Trump justificó el ataque en términos de proteger el territorio estadounidense de las drogas y el crimen y, en última instancia —y lo más llamativo—, explotar y controlar las mayores reservas de petróleo del mundo.
Una fuerza motriz esencial detrás de la decisión fue el deseo de Estados Unidos de mostrar su superioridad militar y proyectar su poder y dominación en el hemisferio occidental. Trump y sus aliados han calificado con orgullo este cambio radical de política como la “Doctrina Donroe”, el intento del presidente de dejar su huella en la Doctrina Monroe del siglo XIX, cuyo objetivo era contener la intervención europea en América Latina. El Corolario Trump actualizado destaca la prerrogativa estratégica y el proyecto hegemónico de Estados Unidos en el hemisferio occidental y promete reducir el papel de los actores no hemisféricos, especialmente China y Rusia.
Con esta dramática acción, Trump ha dejado clara su postura. Ha demostrado, por si hiciera falta alguna prueba, que no respeta ninguna norma y no tiene límites. Como líder del país más poderoso del mundo, Trump está dispuesto a utilizar las fuerzas armadas estadounidenses para llevar a cabo su agenda e imponer su voluntad. Esto no significa que Estados Unidos vaya a recurrir ahora en otros países: Cuba, Colombia, Panamá o México. Trump es impredecible, muy personalista, impulsivo y reacciona según las circunstancias. En la medida en que Trump tiene una “doctrina”, esta es la imprevisibilidad.
La incursión militar ha puesto a todos nerviosos y en vilo. Eso explica por qué la reacción internacional, incluida la de América Latina, ha sido notablemente tibia. Las declaraciones han variado mucho, lo que refleja una región más fragmentada que nunca, con poca capacidad de coordinación y de forjar una estrategia política común. En general, la respuesta moderada puede explicarse porque Maduro no genera ninguna simpatía y hay un deseo de evitar una confrontación con Trump.
La acción militar ha puesto de manifiesto el precario estado de las organizaciones regionales. Esta desafortunada realidad ha sido evidente durante las últimas dos décadas, aproximadamente desde la firma de la Carta Democrática Interamericana en 2001, aunque la conmoción provocada por Trump la ha puesto de relieve. Las diferentes respuestas también reflejan divisiones políticas, con gobiernos que adoptan posturas distintas, dependiendo de las tradiciones diplomáticas, la política interna y sus relaciones con Estados Unidos y la administración Trump. En esencia, cada gobierno y cada líder actúa por su cuenta, lo que le viene muy bien a la administración Trump.
En Colombia, la doctrina Trump de imprevisibilidad quedó patente el miércoles, cuando se produjo un giro repentino y una aparente distensión entre Trump y el presidente Gustavo Petro. Aparte del presidente cubano Díaz-Canel, que acusó a Estados Unidos de “terrorismo de Estado”, Petro había sido la voz más beligerante y agresiva contra Trump en América Latina.
Parecía disfrutar de la lucha. Petro había amenazado con llamar al ejército para defender Colombia y erradicar a los traidores. Trump acababa de lanzar una advertencia a Petro, sugiriendo en respuesta a una pregunta que, después de Venezuela, una posible operación militar estadounidense contra Colombia le parece “bien”. Es imposible saber cuán significativo es el deseado deshielo en las relaciones y cuánto tiempo continuarán las buenas vibraciones.
Aunque los líderes de los dos países más grandes de la región, México y Brasil, condenaron la operación militar estadounidense, tanto las declaraciones del presidente Lula da Silva como, especialmente, las de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron relativamente moderadas. Se han mantenido al margen, apelando al sentimiento anti-Maduro en sus países y queriendo evitar provocar a Trump.
Los gobiernos de Colombia, Brasil y México se unieron a los de Uruguay, Chile y España en un comunicado, en gran medida retórico, en el que rechazaban la operación militar unilateral de Estados Unidos y condenaban su clara violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, y destacando el peligroso precedente que sienta para la paz y la seguridad regional.
Del mismo modo, en una reunión especial de la OEA para debatir el ataque militar y la captura de Maduro, las declaraciones de los Estados miembros y del secretario general también fueron notablemente anodinas, haciendo hincapié en la necesidad de una respuesta regional para defender las normas básicas de soberanía.
Sin embargo, algunos gobiernos regionales, más alineados con Trump, apoyaron abiertamente la iniciativa de capturar a Maduro. Como era de esperar, el presidente argentino Javier Milei fue el líder latinoamericano más entusiasta, elogiando la incursión militar estadounidense como “una excelente noticia para el mundo libre”. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el presidente panameño José Mulino y el presidente paraguayo Santiago Peña expresaron una posición similar sobre la captura de Maduro (aunque Mulino también dijo a una cadena de televisión que “Trump no es el dueño de Venezuela. Esto no es el Salvaje Oeste”). Liderados por Milei, este grupo de presidentes de derecha y aliados de Estados Unidos bloqueó un comunicado de la CELAC sobre el ataque militar, lo que puso de manifiesto las fracturas políticas de la región.
El país latinoamericano más afectado por la política estadounidense hacia Venezuela es Cuba, que recibía alrededor de 27.000 barriles de petróleo crudo al día. El corte agravará las ya desastrosas condiciones económicas y humanitarias de la isla. Muchos han especulado que el verdadero objetivo de la administración Trump, y en especial del secretario de Estado y asesor de seguridad nacional Marco Rubio (hijo de inmigrantes cubanos), es provocar un cambio de régimen en Cuba. Pero Trump ha restado importancia a la posibilidad de tomar medidas, afirmando que Cuba “parece estar a punto de caer”.
En general, las respuestas europeas a la operación militar estadounidense y a la captura de Maduro han sido tan cautelosas y débiles como la reacción latinoamericana. La mayoría de los gobiernos han tratado la violación del derecho internacional como un hecho consumado y, en cambio, han expresado la esperanza de que ahora se tomen en serio las aspiraciones de los venezolanos.
Dos realidades políticas ayudan a explicar la tibia respuesta. En primer lugar, existe la preocupación de que Groenlandia sea el próximo objetivo del aventurerismo militar de Trump. Y, en segundo lugar, los europeos estén preocupados por que Estados Unidos abandone su apoyo a Ucrania. El temor es que una postura más enérgica ante el ataque ilegal de Estados Unidos podría antagonizar a Trump y provocar consecuencias adversas para un continente ansioso.
La pregunta clave de cara al futuro es si existe alguna perspectiva real de una transición democrática en Venezuela. El mundo ha sido testigo de la dramática decapitación de un régimen autoritario. Pero ¿le seguirá un cambio de régimen real? Y si se presenta la oportunidad, ¿hasta qué punto está preparada la región para desempeñar un papel comprometido y constructivo?
Rubio ha anunciado una secuencia de tres fases en la política estadounidense que, en última instancia, conducirá a la celebración de elecciones y a la búsqueda de una transición. Los detalles completos y el calendario son menos claros. Es evidente que Trump no está tan entusiasmado con avanzar en esta dirección como Rubio.
Lo que hemos aprendido tras el primer año del segundo mandato de Trump es que solo hay un “decisor” en la política exterior estadounidense. Y, como han visto los colombianos en los últimos días, la consigna de esa política es “imprevisibilidad”. Es aconsejable estar preparados para más sobresaltos en los próximos tres años.
* Expresidente e investigador sénior de Diálogo Interamericano.
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Por Michael Shifter*
