La historia comenzó el pasado 26 de noviembre. Ese día Lucio Pascual, un dirigente nativo de la comunidad asháninka de La Paz de Pucharini, salió a cazar con un sobrino de 14 años; nunca regresaron, por lo que el pasado 2 de diciembre cuatro familiares salieron a pie a buscarlos.
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Lo que sigue es una odisea de varios días huyendo de criminales del narcotráfico, inundaciones y más peligros. Resulta que el grupo de comuneros se perdieron una semana en la selva y fueron encontrados, con vida, este jueves.
¿Qué pasó?
Después de varios días de caminata, el grupo se encontró con el adolescente que acompañó a Pascual en la cacería en la vecina comunidad de San Antonio; entonces se enteraron de que sicarios del narcotráfico habían asesinado a Lucio Pascual Yumanga, según la prensa local, por los conflictos que tenían.
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Pascual apareció muerto con impactos de bala en una apartada zona rural del distrito de Puerto Bermúdez. Era conocido porque se enfrentó con narcotraficantes que querían apoderarse de tierras comunales, según organizaciones indígenas amazónicas.
“Estamos preocupados por las noticias sobre la muerte de Lucio Pascual Yumanga, líder Asháninka de la comunidad La Paz de Pucharini en Pasco, y la desaparición de cuatro comuneros. Extendemos nuestras condolencias a la familia Pascual Yumanga y condenamos estos actos de violencia”, tuiteó la embajada de Estados Unidos el martes.
La comunidad La Paz de Pucharini alberga a 30 indígenas que están en conflicto para defender sus tierras de invasores que las dedican al cultivo de coca alegando que los nativos no poseen títulos de propiedad, según la Fiscalía de Puerto Bermúdez.
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Los cuatro indígenas familiares de Pascual relatan que debieron salir huyendo de los narcotraficantes luego de ir a buscar el cuerpo del líder nativo. Entonces se perdieron en la selva. Tras una larga caminata, los indígenas se refugiaron en una remota comunidad amazónica, según reportó la brigada de Seguridad Indígena Amazónica, que los encontró esta semana.
La Policía peruana trasladó un helicóptero hasta Puerto Bermúdez para poder recoger el cadáver, pero las intensas lluvias en esa zona han impedido hasta el momento las labores de rescate, añadió el comunicador en sus redes sociales.
Indígenas asesinados
Asimismo, Aidesep exigió que los ministerios involucrados asuman su responsabilidad respecto a la protección de los defensores ambientales, teniendo en consideración que desde el 2020 han sido asesinados una decena de dirigentes indígenas en la selva peruana.
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La comunidad Paz de Pucharine está bajo la amenaza de grupos armados que han ingresado a la zona de amortiguamiento de la reserva comunal El Sira, denunció a La República el presidente de la Organización Regional Aidasep Ucayali (ORAU), Berlín Diquez.
“La inseguridad territorial de las comunidades nativas, la discriminación de las autoridades policiales y judiciales contra los pueblos indígenas, la corrupción generalizada y la débil presencia del Estado para controlar las actividades ilegales afectan nuestra paz”, expresó Diquez.
El presidente de ORAU exigió que el Ejecutivo asuma sus responsabilidades en torno a la protección de los defensores de manera coordinada y “sobre todo que atiendan las causas que generan este entorno de violencia y amenaza constante”.
Entre las principales demandas de las comunidades nativas figura la titulación de las tierras en las regiones de Huánuco, Junín y Ucayali para hacerle frente a las mafias de tráfico de tierras, narcotráfico y tala ilegal.
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De acuerdo con el portal Ojo Público, la Comisión de la Verdad y Reconciliación estima que en las últimas dos décadas del siglo XX, unos 10.000 asháninkas fueron desplazados forzosamente, otros 6.000 murieron y 5.000 de ellos fueron capturados por Sendero Luminoso. Además, unas 34 comunidades habrían desaparecido durante esta época de violencia.
Una investigación de este portal señaló que la población asháninka se siente nuevamente vulnerada en sus derechos ante la falta de titulación de sus territorios, pocos proyectos de inversión pública y el asesinato y desaparición de sus hermanos. “Hay un sistemático ataque al pueblo indígena. Ni la demarcación de los territorios, la ampliación de las comunidades, ni la titulación se han realizado en los últimos 20 años”, le dijo a Ojo Público Álex Bottger, investigador del Instituto del Bien Común.
Las comunidades exigen vivir en paz aprovechando el territorio que ocupan en la caza, pesca y cultivos de café, cacao o plátanos que tienen. Sin embargo, el narcotráfico invade sus tierras, corrompe a algunos comuneros y asesina a los que se oponen, concluyó la investigación.
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