Después de que Estados Unidos declaró como grupos terroristas a los carteles de droga y luego de los ataques a embarcaciones provenientes de Venezuela, que según la administración del presidente Donald Trump transportaban “narcoterroristas”, más de 60 ONG enviaron este miércoles una carta al Congreso estadounidense para exigir la suspensión de estas operaciones, que calificaron de ejecuciones extrajudiciales.
En el texto, al que tuvo acceso el medio El País, se expusieron dos preocupaciones principales sobre los ataques a las lanchas, iniciados en septiembre. La primera, que el Gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado información detallada sobre las personas que han muerto tras la ofensiva, pese a que, según sus datos, se cuentan más de 20.
La segunda tiene que ver con un “creciente riesgo de guerra” en la zona de las operaciones militares estadounidenses, pues Nicolás Maduro condenó la hostilidad del “imperialismo” —con referencia a Estados Unidos— y advirtió que ejercerá su “derecho a defenderse”. Ahora bien, cabe anotar que las capacidades militares son asimétricas, y varios analistas han dicho que Caracas no tiene cómo hacerle frente al arsenal estadounidense, aunque ha llevado a cabo una campaña de movilización para la milicia, descalificada por la oposición.
Este es el más reciente capítulo en una escalada de tensiones entre Washington y Caracas que ha incluido el memorando con el cual el republicano le dijo al Congreso que el país está en un conflicto armado con los carteles y, además, el anuncio de la recompensa de US 50 millones por la captura de Maduro, a quien acusan de liderar el Cartel de los Soles.
Sin embargo, diversos estudios han apuntado a que esa visión es simplista, pues es más bien un entramado de redes criminales que no responde a un único líder. Maduro, por su parte, ha enfatizado que las acciones del Gobierno estadounidense buscan provocar un cambio de régimen en Venezuela.
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La pregunta sobre la legalidad de las acciones de Estados Unidos en el Caribe
La carta subrayó que las declaraciones del presidente Trump carecen de “una justificación legal válida para estos ataques”. Asimismo, señaló que no se han presentado “pruebas que respalden las afirmaciones acerca de que las víctimas representaban una amenaza inminente para la seguridad de Washington”.
Las ONG aseguraron que estos ataques violan la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que establece que la movilización de las fuerzas armadas requiere un proceso formal: una declaración de guerra, una autorización legal específica o una emergencia nacional derivada de un ataque contra Estados Unidos, sus territorios o fuerzas militares.
Los firmantes recalcaron que ninguna de estas condiciones se ha cumplido y por eso instan al Congreso a ejercer sus facultades. En ese sentido, legisladores demócratas como Adam Schiff, de California, y Tim Kaine, de Virginia, anunciaron que este miércoles se votará la ley mencionada en la carta.
No obstante, es poco probable que la iniciativa prospere, pues son minoría. Si llega a aprobarse, se les impediría a las fuerzas armadas realizar operaciones contra organizaciones no estatales sin la autorización del Congreso.
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El narcotráfico en Venezuela
Las estadísticas muestran que el Tren de Aragua y Venezuela tienen un rol relativamente menor en el narcotráfico hacia Estados Unidos. Según el comunicado, “cálculos recientes del propio Gobierno estadounidense indican que menos del 10 % de la cocaína enviada a Estados Unidos transita por Venezuela”.
Además, aunque existen “informes creíbles sobre funcionarios del Gobierno y las fuerzas armadas venezolanas que han recibido sobornos de organizaciones del narcotráfico”, Caracas “no produce cantidades significativas ni de cocaína ni de fentanilo”.
La carta exigió que Trump asuma “plena responsabilidad” por los ataques y reclamó una investigación para identificar a las víctimas, compensar a sus familiares y priorizar la vía diplomática con los gobiernos de la región para combatir el narcotráfico.
La preocupación por las “ejecuciones extrajudiciales” —un tema también alertado por las Naciones Unidas, que ha insistido en que la respuesta al tráfico de drogas debe respetar el derecho internacional— no se limita al ámbito marítimo. De hecho, Trump insinuó que la ofensiva contra los carteles también incluye una persecución por tierra. Se está a la espera de saber qué pasa bajo esa directriz.
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