El gobierno canadiense, en cabeza del Partido Liberal, está impulsando el proyecto de “Ley de Fortalecimiento del Sistema de Inmigración y de Fronteras de Canadá”, una poderosa legislación que, de ser aprobada, transformaría las condiciones del sistema migratorio y de asilo semejante al estadounidense.
El proyecto de ley, también conocido como C-12, fue aprobado en tercera lectura en la Cámara de los Comunes el pasado 11 de diciembre y ahora espera el aval definitivo del Senado en febrero. De convertirse en ley, otorgará amplios poderes discrecionales al Ejecutivo y redefinirá las reglas de elegibilidad para solicitantes de refugio, reportó The Guardian.
Uno de los cambios clave afecta directamente a los solicitantes de asilo. Según explicó el diario Toronto Star, las personas que pidan refugio más de un año después de haber llegado a Canadá ya no tendrán acceso automático a una audiencia ante la Junta de Inmigración y Refugiados. En su lugar, su caso será evaluado por un solo funcionario mediante un proceso previo a la deportación, un mecanismo que, según abogados, tiene altas tasas de rechazo y limita las garantías de debido proceso.
La ley también endurece las solicitudes presentadas en la frontera terrestre con Estados Unidos. Si el pedido se realiza después de 14 días, no será remitido a la Junta. Para académicos como Audrey Macklin, de la Universidad de Toronto, esto es problemático porque EE. UU. no puede considerarse un “tercer país seguro”, especialmente en un contexto de deportaciones aceleradas sin pleno debido proceso, señaló a The Guardian.
Más allá del asilo, el proyecto de ley C-12 amplía el control del gobierno sobre la inmigración en general. De acuerdo con CIC News, la norma permitiría al gobernador general, con el respaldo del gabinete, suspender o dejar de procesar solicitudes de visas, permisos de trabajo, permisos de estudio y residencias temporales cuando se invoque el “interés público”. Aunque el texto incluye obligaciones de transparencia ante el Parlamento, expertos advierten que el margen de discrecionalidad será significativo.
Este endurecimiento coincide con un cambio estructural en la política migratoria canadiense. Bajo el Plan de Niveles de Inmigración 2026-2028, el país mantendrá estable la inmigración permanente, unos 380.000 residentes por año, pero reducirá en más de 40 % la llegada de residentes temporales.
¿Quiénes tienen ventajas en la “cola” migratoria? Según el analista Colin R. Singer, principalmente los inmigrantes económicos: trabajadores calificados, personal de la salud, oficios especializados, candidatos del sistema Express Entry y del Programa de Nominados Provinciales. También tendrán ventaja quienes ya estén en Canadá con experiencia laboral local y los solicitantes francófonos fuera de Quebec.
En contraste, los estudiantes internacionales, los trabajadores temporales de bajos salarios y quienes no encajen en sectores prioritarios enfrentarán más barreras y tiempos de espera más largos.
Para organizaciones civiles, el riesgo es que este doble movimiento, menos vías temporales y reglas más duras para el asilo, erosione la imagen de Canadá como país de acogida. “Tenemos una obligación moral y legal de proteger a los refugiados”, advirtió Idil Atak, experta en derecho migratorio, en declaraciones recogidas por The Guardian.
Para quienes planean mudarse, el mensaje es claro: Canadá seguirá recibiendo inmigrantes, pero será más selectivo, más exigente y menos flexible que en años anteriores.
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