Miles de refugiados que entraron legalmente en Estados Unidos, pero que no tienen estatuto de residentes, corren el riesgo de ser detenidos y recluidos durante todo el tiempo que requiera un nuevo examen de su situación, según nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).
Este cambio de norma afecta a los refugiados —un estatus concedido tras exhaustivas verificaciones— que no hayan iniciado los trámites para obtener la residencia permanente, conocida como “tarjeta verde”, al cabo de un año de estar en territorio estadounidense, según una nota del DHS incorporada el miércoles al expediente de un caso en curso ante un tribunal del estado de Minesota.
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A partir de ahora pueden ser arrestados y detenidos durante todo el tiempo que sea necesario para revisar su situación, un nuevo endurecimiento de la política migratoria estadounidense.
Un grupo de defensa de los refugiados, el Proyecto Internacional de Asistencia para Refugiados (IRAP, en inglés), calificó esta decisión como “una ruptura radical con las prácticas anteriores”.
La organización expresó su preocupación en particular porque “no se haya fijado ningún límite de tiempo” a su eventual detención.
El DHS justificó este cambio de postura por imperativos de “seguridad nacional” y “seguridad pública”.
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El presidente Donald Trump ha reducido prácticamente a cero la acogida de refugiados desde su regreso a la Casa Blanca, con la notable excepción de los afrikáner sudafricanos, descendientes de los primeros colonos europeos sobre los que ha dicho que son “perseguidos”.
Su administración ha fijado en 7.500 el límite máximo de refugiados admitidos para el año fiscal 2026, frente a los más de 100.000 al año bajo la presidencia demócrata de Joe Biden.
La nota del DHS aparece en un caso presentado ante un juez federal, que había prohibido provisionalmente al gobierno, a finales de enero, detener a refugiados carentes de estatuto de residente permanente.
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El juez explicó que el gobierno podía aplicar la legislación migratoria y reexaminar su estatus, pero “sin arrestar ni detener a los refugiados”, ya que sus antecedentes habían “sido sometidos a rigurosas verificaciones”.
Este caso afecta a unos 5.600 refugiados residentes en Minesota, cuya principal área metropolitana, Mineápolis, fue hasta hace poco el epicentro de operaciones de la policía de inmigración.
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