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La expulsión del periodista Daniel Lizárraga de El Salvador ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la difícil situación de la democracia por la que atraviesa el país en manos de Nayib Bukele. No es la primera vez que el mandatario es acusado de actuar amenazando los principios democráticos, y algunos expertos consultados por este diario afirman que este será el año en el que se ofiacialice la transición a una dictadura.
Según el portal digital, “la verdadera razón de su expulsión no es que no pueda acreditar ser un periodista profesional; sino lo contrario: que es un periodista especializado en investigar casos de corrupción. Eso es lo que verdaderamente molesta al régimen de Bukele, tan plagado de escándalos de corrupción como comprometido con proteger a sus propios corruptos”.
Las democracias muchas veces no suelen quebrarse de golpe, sino poco a poco. Ignacio Arana, profesor de Ciencia Política en la Universidad Carnegie Mellon, afirmó a El Espectador que los primeros síntomas de alerta se presentan cuando el presidente no respeta las reglas del juego democrático, tales como la independencia de las instituciones del Estado. “Bukele ha politizado a las fuerzas armadas y a la policía, ha acosado al poder legislativo, y ha socavado la independencia del poder judicial. Asimismo, cuando el comportamiento del presidente atenta contra las prácticas democráticas, tales como tratar con respeto a los opositores y respetar la libertad de prensa”.
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Y afirmó: “El daño más grande es que a partir de este año El Salvador probablemente pasará a ser considerado una dictadura y ya no más una semidemocracia. Esto porque Bukele cuenta con un respaldo abrumador en la Asamblea Legislativa (lo apoyan 64 de 84 legisladores), quienes están dispuestos a apoyarlo en sus pasos autoritarios, incluyendo el de destituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, lo que en la práctica le permitió al gobierno controlar el poder judicial. O sea, Bukele controla los tres poderes del Estado, y además ha politizado a la policía y a las Fuerzas Armadas”.
Una de los puntos que hacen sentir respaldado al mandatario es la alta aprobación que tiene. De hecho, este año se hizo una encuesta que consultaba a los salvadoreños: “¿El gobierno del presidente Nayib Bukele representa un cambio positivo o negativo para el país?”. Los resultados fueron abrumadores, de hecho, un 87,5 % de los consultados dijo que es “un cambio positivo”, señaló una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA). Según el estudio de opinión, otro 3,8 % contestó que es “más de lo mismo” y un 1,2 % dijo que “no sabe, no responde”.
Bukele ya había sido criticado por tener actitudes autoritarias al haber llegado escoltado por militares al Congreso el 9 de febrero de 2020 -en ese momento controlado por la oposición- para pedir la aprobación de un préstamo para seguridad ciudadana. El gobierno también prepara una reforma a la Constitución, que actualmente no permite la reelección. Y aunque el gobierno ha rechazado que Bukele se repostule, en la encuesta de CIESCA, los salvadoreños apoyan esa posibilidad en un 95%.
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“El Salvador vive tiempos que solo pueden calificarse de inquietantes y peligrosos. A pesar de la poca claridad de hacia dónde se dirige el país, una importante mayoría de la población confía ciegamente en el presidente y apoya sus decisiones con independencia de las consecuencias”, advierte en un editorial la UCA.
Una de las polémicas decisiones del gobierno de Bukele se dio el sábado 1° de mayo cuando la nueva Asamblea Legislativa, donde los aliados del presidente tienen 61 de 84 escaños, destituyeron en cuestión de minutos a cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la más importante de ese tribunal, y al fiscal general de la República. Estos magistrados frenaron medidas presidenciales, la mayoría sobre regímenes de excepción, que vulneraban los derechos fundamentales de los salvadoreños.
Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, advirtió que la destitución de los magistrados “socava gravemente la democracia y el Estado de derecho”, una advertencia que lanzaron decenas de organizaciones internacionales. Ante las críticas, Bukele se declaró dispuesto a seguir trabajando con la comunidad internacional, pero les pidió mantenerse al margen. “Estamos limpiando nuestra casa, y eso no es de su incumbencia”, aseguró.