El Gobierno de Perú anunció que decidió romper relaciones diplomáticas con México a raíz del asilo otorgado a Betssy Chávez, ex primera ministra de Pedro Castillo, procesada junto a él por el fallido intento de golpe de Estado de finales de 2022. “El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México”, informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Exteriores, Hugo De Zela.
El canciller explicó que esta decisión se ha tomado “frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones con las cuales la actual y el anterior presidente de ese país (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) han intervenido en los asuntos internos del Perú”.
De Zela sostuvo, en ese sentido, que el Gobierno peruano ha “conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo”, se encuentra en la Embajada del país norteamericano.
“Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias”, remarcó el funcionario.
El canciller aclaró que la ruptura de las relaciones diplomáticas “no significa” que se hallan “roto relaciones consulares” con México. De Zela también dijo que ahora lo que “tiene que ocurrir es recibir una comunicación formal del Gobierno de México para dar inicio al proceso” del eventual asilo para Chávez.
“El Gobierno ha tomado una decisión de inmediato, como corresponde a la defensa de los intereses de Perú”, reiteró antes de descartar que una ruptura de relaciones pueda llevar a una posible intervención en la sede de la Embajada mexicana, similar a la que Ecuador protagonizó el año pasado para detener al exvicepresidente correísta, Jorge Glas.
“Esa posibilidad no existe. Perú es un país respetuoso del derecho internacional y una acción de este tipo no está prevista en ninguna norma del derecho internacional”, indicó.
Betssy Chávez está siendo procesada por la justicia peruana por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Pedro Castillo, de quien era primera ministra.
Chávez fue liberada a inicios de septiembre pasado mientras se encontraba en una clínica de Lima, en la que fue internada por presentar signos de deshidratación tras la huelga de hambre que mantuvo durante 12 días en la prisión en la que estuvo detenida desde junio de 2023.
El Tribunal Constitucional había ordenado poco antes su excarcelación inmediata al determinar que había sido víctima de una detención arbitraria cuando la Fiscalía no solicitó a tiempo la ampliación de su prisión preventiva.
Tanto la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, han exigido en varias oportunidades la libertad de Castillo al considerar que fue este quien en realidad sufrió un golpe de Estado, el cual atribuyen a los grupos de poder peruanos que dominan el Congreso.
México calificó de “excesiva y desproporcionada” la decisión de Perú
El Gobierno de México, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó y rechazó la “decisión unilateral” de Perú de romper relaciones diplomáticas como respuesta a un acto legítimo y apegado al derecho internacional.
En un comunicado, el país norteamericano explicó que le otorgó asilo diplomático a Chávez Chino “en pleno apego al derecho internacional”, en particular a la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que tanto México como Perú son parte.
“Chávez Chino ha mencionado que ha sido objeto de reiteradas violaciones a sus derechos humanos como parte de una persecución política del Estado peruano desde el momento de su captura en 2023”, apuntó la entidad.
Además, dijo que, conforme a la Convención de Caracas, “el único facultado para calificar la naturaleza de la persecución en contra de solicitantes de asilo es el Estado asilante: México, en este caso”.
La Cancillería explicó que la decisión de otorgar asilo diplomático a Chávez Chino fue tomada al amparo del artículo 11 de la Constitución mexicana “tras una evaluación minuciosa y en estricta observancia del procedimiento establecido para ello” en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en atención a los principios constitucionales de política exterior.
México reafirmó, como ha sido reconocido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, “que el otorgamiento de asilo no puede ser considerado un acto inamistoso por ningún otro Estado”.
Ante lo expuesto, la Cancillería precisó que México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser “excesiva y desproporcionada” frente a un acto legítimo de México y apegado al derecho internacional, “el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú”.
México señaló que seguirá fiel a su tradición humanista de defender los derechos humanos y de brindar protección a personas perseguidas por razones políticas, y siempre privilegiará el diálogo y la solución amistosa de controversias, indicó la entidad, la cual reiteró los “históricos lazos de amistad” que unen a los pueblos de México y Perú.
Previamente, el presidente de transición de Perú, José Jerí, anunció que se dio un “plazo perentorio” a la encargada de la Embajada de México en Lima, Karla Ornelas, para abandonar el país.
Ella asumió la conducción de la legación mexicana en Lima tras la expulsión del país, en diciembre de 2022, del entonces embajador, Pablo Monroy, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador calificara de “usurpadora” a Dina Boluarte, quien había asumido la jefatura de Estado peruano tras la destitución de Castillo.
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