El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó este miércoles la disolución de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que el día anterior había dado inicio al juicio político en su contra por presunta corrupción y que podía terminar en su destitución.
Esto es lo que se conoce como muerte cruzada: se disuelve el Congreso, pero Lasso también deberá dejar su cargo y convocar a elecciones anticipadas.
El mandatario conservador, que la próxima semana cumpliría dos años en la Presidencia, tomó la decisión bajo el argumento de grave crisis política y conmoción interna.
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La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución en el Registro Oficial, el órgano electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años.
Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
“Es una decisión democrática no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano la posibilidad de decidir”, expresó Lasso en cadena nacional.
El martes, el presidente había defendido su “total, evidente e incuestionable” inocencia ante el Legislativo, que pretendía destituirlo. Para evitar esto, uno de lo caminos que tenía Lasso era precisamente disolver la Asamblea.
¿Por qué el juicio político?
Lasso es acusado de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).
Según el correísmo, con 49 escaños, el presidente decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado.
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El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares. El mandatario, que no ha sido procesado por el presunto peculado en la justicia, aseguró que en 2022 pidió a la Fiscalía que investigue el caso.
El proceso despierta los fantasmas de la inestabilidad política que vivió Ecuador entre 1997 y 2005, cuando tres gobernantes que surgieron de las urnas fueron derrocados.
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